Uruguay debe fortalecer los controles porque “la corrupción está aumentando”, advierte el presidente de la Junta de Transparencia

Para el presidente de la Jutep, Luis Yarzábal, “faltó agilidad” en ASSE para llevar adelante las investigaciones administrativas recomendadas y eso se debe, al menos en parte, a que los “procesos de control” en el Estado son “demasiado lentos”.

—¿Qué opina de las decisiones de la Justicia ante las irregularidades en ASSE?

La Junta tomó conocimiento de las irregularidades en la administración de ASSE a fines del año 2011, a pedido del Senado después del llamado al Parlamento del ministro de Salud, Jorge Venegas. Abordamos el problema y pensamos que la Junta debía desarrollar un informe que tuviera un estilo pedagógico y que les permitiera a los responsables ver los elementos que tenían para actuar rápidamente. Por eso recomendó la realización de investigaciones administrativas en todos los casos en los que se hacían denuncias bien fundadas en la intervención parlamentaria. E insistimos, muy especialmente, en que se les diera agilidad a esos procesos para tratar de actuar rápidamente.

—Visto los resultados, ¿la Jutep debió ser más dura?

—La Junta no podía ejercer más dureza porque no está facultada legalmente para hacerlos. Lo que sí puede decirse es que la Junta debiera tener la posibilidad de investigar y de sistematizar la información cuando le llegan solicitudes o denuncias del Poder Legislativo, porque pueden ser un factor de aceleración de los trámites de las investigaciones administrativas.

Además, la Junta entiende que ha llegado el momento de que la ciudadanía pueda denunciar. Pero para que la ciudadanía pueda denunciar tiene que tener seguridad de la protección. La Junta cree que podría ser el órgano que le está faltando al Estado uruguayo, ese receptor de denuncias, investigador de las mismas para luego derivarlas adonde corresponda.

—En ASSE fue la Justicia la que aplicó sanciones y no la Administración, pese a las sugerencias de la Jutep incluidas en su informe.

—Hay un argumento muy válido que ha sido utilizado por las autoridades de ASSE y del Ministerio, y es que la Justicia tiene elementos de prueba que la administración no está autorizada a usar, como por ejemplo las escuchas telefónicas o el seguimiento por vía de una investigación policial. El proceso administrativo es lento y en este caso estuvo antes la confirmación judicial.

—En el tema de la contratación de la empresa de limpieza Buena Estrella no parecían muy necesarias las escuchas telefónicas para detectar las irregularidades, a juzgar por las conclusiones del estudio de la Jutep.

—Faltó agilidad. La Junta cree que faltó agilidad.

—¿Cree que hay un aumento de la corrupción en Uruguay?

—La Junta entiende que el fenómeno de corrupción está aumentando. Y tiene como hipótesis de trabajo que hay dos factores fundamentales que lo explican. Uno, el aumento del capital que circula en el país derivado del proceso de crecimiento económico. El segundo, la creciente influencia del narcotráfico. Esos dos fenómenos operan como estímulo para la corrupción. El narcotráfico necesita de la corrupción para operar y nosotros trabajamos, desde el principio, con la idea de que iba a presionar sobre tres ámbitos específicos de la sociedad: el órgano de represión —la Policía—, el órgano judicial —los jueces, en especial de Crimen Organizado— y los políticos. Se ha dado una creciente participación de la Policía en hechos de corrupción —recientemente se extendió a la Policía Caminera—, han aparecido algunos casos no bien aclarados todavía de delitos en el ámbito judicial que hay que analizar si tienen relación con el narcotráfico, y se ha puesto en la cárcel hace unos días a un ex diputado y edil, de modo que están llegando al nivel político.

—¿Cómo enfrentar ese proceso?

—Hay que fortalecer la capacidad preventiva del Estado en relación con este fenómeno. Estos síntomas marcan que hay que mantenerse alerta, porque este fenómeno de la corrupción es inherente a la condición humana y su erradicación es imposible. Lo ideal es prevenirlo y controlarlo.

Los procesos de control del Estado, en el caso de ASSE y en general, son demasiado lentos. Diversas instancias normativas hacen que esos procesos sean lentos. Sería conveniente para la prevención y la disminución del impacto de la corrupción en el sector público, que esos procesos se vuelvan más ágiles. La idea de la Junta es estudiar cada uno de los pasos en la prevención de la corrupción en la sociedad.

—En el pasado, usted dijo que en Uruguay socialmente está aceptado cierto amiguismo, pero que no había tantos problemas de corrupción.

—Ahora tal vez se está subiendo un escalón. Y es el momento de ajustar los controles, ahora que estamos en el cambio. Es una población que está recibiendo, por el proceso de crecimiento económico, empresas transnacionales, multinacionales. Las empresas transnacionales tienen mecanismos de presión para incitar a la corrupción; utilizan el cohecho, el soborno, que seguramente se estén haciendo presentes en la sociedad uruguaya.

—Casos como el de ASSE, por ejemplo, no están vinculados al narcotráfico ni a las empresas transnacionales. ¿A qué atribuye ese tipo de situaciones?

—Hay una cierta desprolijidad en el manejo de la administración pública. Pensamos que esa desprolijidad está relacionada con el desconocimiento de las normas que regulan la gestión. Por eso le damos una importancia muy grande a la capacitación de funcionarios. Hay que tener en cuenta que hay 280.000 funcionarios públicos y muchos de ellos acaban de ingresar y no tienen un conocimiento acabado de la compleja maraña de normas que rigen el Derecho Administrativo. Puede ser que en algunos casos haya simplemente una falta de eticidad de los funcionarios, pero estamos convencidos de que en muchos hay ignorancia de las normas que deben aplicar en los casos de contrataciones, de observancia de los principios de imparcialidad, de probidad. La Junta aborda este problema dictando cursos que alcanzan a unos mil funcionarios por año.

—En los últimos meses la Justicia procesó a varios jerarcas por abuso de funciones, un delito contra la administración pública. En esos casos tampoco se configura la hipótesis de narcotráfico y parece dudoso que se trate de desconocimiento de la norma, ya que suelen ser jerarcas que cuentan con asesores.

—Han funcionado los mecanismos de control. No hay que hacer una lectura negativa de los hechos: están funcionando los mecanismos de control. Además, a pesar de que a la gente le cueste creer, hay jerarcas que desconocen puntos importantes de la normativa.

—Un jerarca tiene asesores para evitar esos problemas.

—Se asesora y a veces los asesoramientos fallan.

—La Justicia ha recibido críticas de parte de algunos sectores políticos debido a los procesamientos por abuso de funciones.¿Qué opina al respecto?

—En lo que tiene que ver con el abuso de funciones, el Poder Legislativo tiene un deber muy importante porque ese delito es muy impreciso y muy ambiguo.

—¿Cree que habría que eliminar ese delito del Código Penal?

—Hay que hacer más precisa su redacción. Los organismos internacionales sugieren que el país adopte algunos delitos que van en esa línea. Hay uno que ya se discutió en Uruguay, pero que la Junta cree que debe volver a discutirse: el enriquecimiento ilícito. Es uno de los marcadores de proceso de corrupción. Nosotros entendemos que el Parlamento debería volver a analizarlo pero cambiándole la denominación, llamándole enriquecimiento injustificado, con lo cual no se prejuzga.