—Si bien las perspectivas a corto plazo siguen siendo favorables, importantes riesgos acechan en el horizonte al panorama internacional y regional, y por lo tanto a la economía uruguaya. Uruguay tiene una fuerte posición de reservas y un perfil de endeudamiento adecuado, lo cual constituyen fortalezas importantes. Sin embargo, el contexto internacional y regional podrían afectar a la baja el crecimiento económico de corto plazo. Se vuelve prioritaria una contención de los desequilibrios fiscales para los próximos años, de forma de evitar un cambio en la perspectiva de la deuda y limitar el alza en su costo de financiamiento, lo cual profundizaría el impacto del contexto ya negativo sobre la economía uruguaya. Con un déficit fiscal que no cede del 4% del PBI, el gobierno queda con menor espacio para maniobrar y contrarrestar el shock negativo que se podría enfrentar con políticas contracíclicas.
—De modo más estructural, ¿qué desafíos ve para Uruguay?
—Una clara prioridad debería ser la educación y la formación continua. Se debe abordar una mayor equidad en el acceso y calidad de la educación a nivel inicial y secundario. Se debe disminuir la alta brecha de competencias demandadas y disponibles, con mayor participación del sector privado en la enseñanza técnica, mejorando su calidad y adaptándola a las necesidades del mercado de trabajo del futuro. Desarrollar programas duales (o de aprendices, que combinen formación teórica con formación en el trabajo) en la educación formal, pero también para los desempleados e inactivos, ha sido una práctica exitosa en muchos países de la OCDE. Desarrollar programas de reconversión laboral permitiría que los trabajadores se puedan adaptar al avance tecnológico. Fomentar la oferta universal de educación inicial —de niños entre cero y cinco años— de calidad sobre todo en contextos más desfavorecidos, tendría un beneficio doble: alentar la participación de la mujer en la fuerza laboral y brindar a los niños las mejores oportunidades aumentando la movilidad social. La inversión en educación inicial es una de las que presenta mayor retorno, y ha demostrado tener importantes consecuencias sobre las habilidades y competencias futuras de estos niños en la educación y el mercado laboral.
Mejorar el sistema educativo y de formación es requisito para ayudar al país a integrarse en el mercado mundial a través del comercio y las cadenas de valor, otra prioridad en la que Uruguay debería enfocarse. Una mayor integración regional e internacional, así como fomentar la innovación, podrían ayudar a diversificar la canasta exportadora e impulsar la productividad. Cerrar las brechas en la calidad de la infraestructura (física) y la inversión en infraestructura digital ayudarían a aumentar la inversión y hacer escalar al país en una senda de crecimiento más alta.
Las reformas del marco regulatorio en temas de competencia, propiedad intelectual e inversión, que hagan al país más favorable a la apertura internacional y alinear la gobernanza corporativa con los estándares OCDE, son también fundamentales para hacer que la economía sea más dinámica, incluyente y emprendedora.
'Se debe disminuir la alta brecha de competencias demandadas y disponibles, con mayor participación del sector privado en la enseñanza técnica, mejorando su calidad y adaptándola a las necesidades del mercado de trabajo del futuro'.
—Después de haber sido incluido en 2009 en una “lista negra” como país no cooperante contra el combate a la evasión fiscal internacional, Uruguay ha ido adoptando varias recomendaciones de la OCDE relacionadas con la transparencia. ¿Era inevitable hacerlo? ¿Ha beneficiado al país?
—Sin dudas era inevitable. Y fue, está siendo, será beneficioso, ya que es la única manera de insertarse en la economía mundial y atraer inversión productiva.
La discusión debe centrarse en si es beneficioso acercarse a la OCDE y qué implica esto.
Primero que nada, ¿que es la OCDE? La OCDE es conocida como el club de países ricos, pero no lo es. Es un club de las buenas prácticas y las buenas políticas. Es un organismo de cooperación para promover el desarrollo económico y el empleo sostenible para elevar el nivel de vida en los países miembros. Cabe destacar que las recomendaciones de la OCDE no son vinculantes; son simples sugerencias con base en lo que ha funcionado en otros países y lo que se considera como las mejores prácticas internacionales. Sin embargo, hacer parte o vincularse a la organización es una presión que puede traer muchos beneficios.
Con Colombia, que fue el último en incorporarse, actualmente son 37 los miembros de la OCDE, más cinco países considerados socios clave —como Brasil o China—, y otros en proceso de acceso, en este momento Costa Rica. Argentina, Brasil y Perú han pedido que se los considere para entrar en el proceso de adhesión, y son decisiones que se están llevando a cabo dentro del Consejo de la OCDE, del cual seguramente en el correr de este año o muy pronto tendremos noticias.
Lo importante es comenzar a pensar y a generar el debate político sobre si Uruguay debería quedarse debajo de este tren. Mi opinión es que no puede perder este tren.
El ingreso a la OCDE es un logro muy relevante y beneficioso para las economías, como la colombiana, pues revela el compromiso de mantener políticas ajustadas a los mejores estándares de calidad mundiales.
—¿Qué supuso para Colombia recorrer ese camino?
—Su adhesión se da luego de un proceso en el que fue evaluado durante cinco años, en 23 comités y realizó importantes reformas para alinear su legislación, políticas y prácticas con los estándares de la OCDE en cuestiones, entre otras, laborales, del sistema judicial, la gobernanza corporativa de las empresas públicas, y el ámbito del comercio. Por ejemplo, las medidas de protección a la actividad sindical han sido acogidas por el gobierno colombiano gracias a las prácticas que defiende la OCDE, así como varias medidas para bajar la informalidad. Colombia también ha implementado reformas a los monopolios de licores o chatarrización que ayudarán al país a ser más productivo.
—¿Uruguay también debería replantear sus monopolios?
—El debate debe centrarse sobre una reforma en la gobernanza de las empresas públicas, para volverlas más eficientes y transparentes en su accionar.
La OCDE tiene directrices que proporcionan una referencia internacionalmente acordada que permite a los Estados evaluar y mejorar la forma en que ejercen su función de propiedad en las empresas públicas. Uruguay debe revisar estas directrices y hacer una reforma profunda, más allá de acercarse o no a la OCDE, ya que traería beneficios importantes para el crecimiento y desarrollo del país.
—El ministro Astori dijo en Crónicas que el “plan” del gobierno para que Uruguay ingrese como miembro a la OCDE es una “aproximación por etapas sucesivas”, adhiriendo primero al foro global de transparencia fiscal y, luego, al Comité de Asuntos Fiscales y al Centro de Desarrollo del organismo. ¿Es la estrategia correcta?
—No creo que haya estrategias correctas. Es necesario aproximarse. Entrar o comenzar un proceso de adhesión a la OCDE implica realizar reformas, cambios legislativos, algunos más difíciles que otros para adaptarse a las mejores prácticas. Colombia o Perú también han adoptado la aproximación por etapas sucesivas, mientras Argentina lo ha hecho más de golpe.
'Entrar o comenzar un proceso de adhesión a la OCDE implica realizar reformas, cambios legislativos, algunos más difíciles que otros para adaptarse a las mejores prácticas'.
—¿Qué otras “buenas prácticas” que aplican los miembros de la OCDE debería adoptar Uruguay?
—El país cumple con muchas de las exigencias de la OCDE. Pero probablemente se necesitan grandes avances en otras áreas de mucha importancia como educación, algunos temas regulatorios para el comercio y gobernanza de las empresas públicas. En el Comité de Desarrollo Económico estoy segura le iría bien. Uruguay tiene una política macroeconómica robusta y un sistema financiero sólido, incluso en casos de shocks económicos. Por supuesto recibiría recomendaciones de política sobre cómo mejorar aun el marco macroeconómico, fiscal, monetario y financiero, la necesidad de una reforma de pensiones ambiciosa, pero esa es la parte buena de pertenecer a la organización: recibir las recomendaciones que no son vinculantes, que, a su vez, abren y permiten el debate en el gobierno y la población de forma más amplia. Comenzar un proceso de adhesión a la OCDE le ayudaría a Uruguay a mejorar en muchísimos aspectos de la mano de la organización, con expertos en todas esas áreas y 37 países pensando en las mejores prácticas.
—Que sea un gobierno del Frente Amplio el que pretenda acercarse a la OCDE, ¿habla de un cambio ideológico dentro de la izquierda? ¿Con qué argumentos convencer a los sectores que probablemente se opongan a eso?
—La OCDE trabaja con todos los gobiernos, de todos los colores. La aproximación a la organización debería ser independiente de partidos y desligado de la ideología.
La OCDE busca el desarrollo económico con inclusión de sus miembros y promueve recomendaciones de política basadas en evidencia, en los mejores estándares. Permite además incrementar el debate sobre ciertas importantes reformas que son a veces difíciles, pero deben llevarse a cabo, así como evaluaciones periódicas sobre los gobiernos. Pertenecer a la OCDE significaría demostrar que Uruguay está a la altura del club de las buenas prácticas internacionales; estos son los argumentos.
