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El movimiento que quiere cambiar la política de drogas a escala internacional tiene a Uruguay como un país vanguardista desde que, en diciembre del 2013, el Parlamento aprobó la ley que reguló el mercado de cannabis. El gobierno de Tabaré Vázquez espera con interés abandonar en breve ese lugar de privilegio. Es que Canadá está a pocos meses de aplicar una regulación de drogas con características similares, tras un proceso con el que Uruguay colaboró y en el que aspira a encontrar soluciones que le permitan resolver problemas que afectan al sistema local.
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A las autoridades uruguayas les interesa, en especial, ver cómo los canadienses sortearán las trabas que el sistema financiero internacional impone al mercado legal del cannabis. El gobierno está “siguiendo muy de cerca la experiencia que está desarrollando Canadá”, declaró al respecto el director ejecutivo del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), Martín Rodríguez, durante una actividad organizada por la Washington Office for Latin America y el Brookings Institute, el jueves 22 de marzo en Washington DC. Agregó que la puesta en marcha de la experiencia canadiense “permitiría obtener información y, eventualmente, generar alguna solución a partir de los avances que se vayan logrando”.
Poco después de que comenzara la venta de marihuana, varias farmacias locales tuvieron que optar por dejar de comercializar esa sustancia o perder su cuenta bancaria, ya que las instituciones financieras les advirtieron que no podían tener clientes que participaran en el negocio de una sustancia que está prohibida a escala internacional. El problema redujo la cantidad de puntos de venta y supuso un dolor de cabeza para las autoridades. Ni siquiera el Banco República pudo eludir la presión del sistema financiero internacional, y en particular de Estados Unidos, para que dejara de proveer servicios al comercio de cannabis.
Esta semana, el embajador en Canadá, Martín Vidal, mantuvo reuniones con autoridades de los principales bancos de ese país para conocer cuáles son los caminos que prevén seguir una vez que empiece a funcionar el sistema y sondear las posibilidades de que se pueda adaptar a Uruguay, dijeron a Búsqueda fuentes políticas.
A las autoridades uruguayas les interesa, en especial, ver cómo los canadienses sortearán las trabas que el sistema financiero internacional impone al mercado legal del cannabis
El gobierno está convencido de que la solución al problema del sistema financiero está fuera de su alcance. En Estados Unidos, la llegada de Donald Trump al poder hizo que las posibilidades de una flexibilización de la política prohibicionista federal parezcan más lejanas que antes, pese a que cada vez más estados norteamericanos aplican distintos modelos de regulación de la marihuana con fines recreativos o medicinales.
Uruguay espera que Canadá, miembro del G7 y un “socio financiero y comercial de Estados Unidos”, tengo mejores oportunidades de mover la aguja a favor de la regulación, explicó Rodríguez en la charla.
Piques.
El embajador Vidal declaró el 30 de marzo al programa No toquen nada, en radio Del Sol, que Uruguay y Canadá se pasaron “piques” sobre regulación de la marihuana medicinal y recreativa.
A impulso del primer ministro Justin Trudeau, el Senado prevé dar sanción definitiva a la ley que hará a su país el segundo en legalizar toda la cadena del mercado de marihuana recreativa a escala nacional.
El modelo que prevé implementar Canadá es más parecido al uruguayo que al que se aplica en diversos estados de Estados Unidos, dijo a Búsqueda Benedikt Fischer, científico senior del Centre for Addiction and Mental Health (CAMH) y exasesor del gobierno de Trudeau. En Canadá “habrá regulación muy estricta sobre qué se puede vender, los precios serán marcados por el Estado, el acceso estrictamente regulado para adultos, probablemente haya una cantidad limitada. Va a haber un rol muy intervencionista del Estado”, explicó.
Fischer, que estuvo en Montevideo en enero y colabora con la Junta Nacional de Drogas, dijo que, al igual que en Uruguay, en su país surgen “dudas” de “si un sistema muy restrictivo funcionará en la práctica”. Al respecto, advirtió: “La legalización va a fallar si es demasiado ambiciosa en la teoría sobre el control, pero la gente no participa en el sistema. La cosa es que no estamos planificando algo de cero, aquí la alternativa existe y es la ilegalidad, el mercado negro. Parte del desafío es que la legalización tiene que convencer a las personas de participar en el mercado regular”.
El académico opinó que “la alianza” entre los dos países es “muy importante”, porque hay que “sacar el foco” sobre Estados Unidos. El modelo que aplican varios estados norteamericanos supone una liberalización del mercado de cannabis sin controles sobre la publicidad ni la cantidad de producto que se puede comprar. Y eso, según Fischer, es un problema “desde el punto de vista sanitario”.
No estigmatizar.
Esa alianza binacional generó resultados prácticos. El Ircca aprobó la incorporación —adaptada a la realidad local— de una guía para reducir los daños del consumo del cannabis que fue ideada en Canadá. A su vez, el gobierno de Trudeau siguió varias recomendaciones uruguayas referidas al envasado de la marihuana que se expenderá en los puntos de venta estatales de ese país, dijeron a Búsqueda fuentes del gobierno.
En el gobierno y la diplomacia uruguayos consideran un triunfo haber logrado incluir el término “estigmatización” en la resolución de Naciones Unidas, porque supone un cambio en el lenguaje que “sienta un precedente”.
La colaboración también alcanzó el ámbito internacional. Ambos países desplegaron un trabajo diplomático conjunto durante la última reunión de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas en Viena. Después de negociar con varias delegaciones y realizar algunas concesiones para superar la oposición de los países asiáticos y Rusia, lograron que el plenario aprobara una resolución que establece la necesidad de “promover actitudes no estigmatizantes para garantizar la disponibilidad, el acceso y la prestación de servicios de salud, atención y servicios sociales para los usuarios de drogas”.
La resolución fue apoyada por varios países latinoamericanos y por la Unión Europea.
En el gobierno y la diplomacia uruguayos consideran un triunfo haber logrado incluir el término “estigmatización” en la resolución de Naciones Unidas, porque supone un cambio en el lenguaje que “sienta un precedente”.
“Nos congratula aportar en la promoción de la eliminación de las actitudes estigmatizantes que afectan a las personas y estamos seguros de que la incorporación de este objetivo de manera práctica en los diversos programas y servicios contribuye al logro de un respeto cabal de los derechos y la dignidad humana”, declaró el embajador de Uruguay ante Austria, Bruno Faraone, después de que se votara la resolución.