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Los uruguayos que hoy tienen 60 o más años seguramente tuvieron en sus manos monedas y billetes de pesos, no el actual sino el que circuló hasta el 1° de julio de 1975. Entonces nació el nuevo peso, con el símbolo N$, con tres ceros menos que el signo monetario anterior. Otra vez con la inflación alta —de dos y hasta tres dígitos en períodos anuales—, la moneda fue perdiendo valor y durante el gobierno blanco de Luis Alberto Lacalle se produjo el último cambio: el peso uruguayo entró en vigor el 1° de marzo de 1993, con la equivalencia de $ 1 por cada N$ 1.000. Es la moneda que conoce la llamada generación Z, de los nacidos en esos primeros años de los 90.
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Este último cambio en el signo monetario se enmarcó en un intento por contener la inflación de precios y devolverle credibilidad a la moneda nacional, que incluyó entre otras cosas la adopción de un esquema de devaluación gradual preanunciada y un rango mínimo y máximo para la cotización del dólar (una “banda de flotación” o, técnicamente, un régimen de paridad deslizante o crawling peg). El plan logró morigerar la carestía, pero recién en 1998 la inflación en períodos de 12 meses cayó a niveles por debajo de 10%, aunque no mucho menos que eso: en el año cerrado en octubre pasado, el Índice de Precios al Consumo acumuló un incremento de 9%.
El gobierno de Luis Lacalle Pou se proponía abatir la inflación anual a guarismos de en torno a 3%, más parecidos a los que tienen las economías estables. Fue una cruzada liderada en la comunicación pública por las autoridades del Banco Central (BCU) que estuvo conceptualizada en un documento, firmado por su presidente, Diego Labat, y uno de sus economistas principales Gerardo Licandro, titulado Hacia una moneda de calidad. El objetivo, sostenían, era desdolarizar la economía y recomponer los mercados en pesos. Pero el propósito se vio frustrado, al menos hasta ahora, a raíz del empuje inflacionario que hubo a escala global primero por la pandemia de Covid —que impactó en la oferta de bienes y distorsionó las cadenas de suministro— y más recientemente por la guerra en Ucrania.
Labat y Licandro lideraron esa campaña e intentaron convencer a empresarios del sector de la construcción, el automotor e importadores en general de las desventajas de tener un peso débil y encadenarse al dólar, pero ello no se tradujo en cambios de comportamiento notorios. Salvo algún caso extraordinario en los que se usan pesos indexados a la inflación como moneda, los inmuebles y los coches se siguen comercializando en dólares, como ocurría hace 40 o 50 años.
Para ir monitoreando y exponiendo ante la ciudadanía los progresos que se esperaban lograr, el BCU había empezado a difundir indicadores de “avance de la pesificación”. La última actualización data de hace más de un año, a setiembre de 2021: salvo en “desarrollo del mercado en pesos”, habían mejorado todos. La “pesificación cultural” —estrictamente, una medición de la proporción de veces que se contabilizó la publicación de la expresión peso uruguayo en el total de menciones— presentaba el peor índice, de 0,35 en un máximo de 1.
A lo largo de estas cinco décadas, la discusión acerca de si había o no “atraso cambiario” estuvo planteada varias veces. En la edición Nº 99 de Búsqueda se encuestó a dirigentes empresariales, políticos y periodistas que opinaron de manera dividida en cuanto a si se estaba verificando o no ese fenómeno, que alude a un rezago en el ascenso del dólar. Ahora, pocos meses atrás el propio BCU reconoció que el tipo de cambio está atrasado respecto de los fundamentos y, sin mencionar aquel polémico concepto, también empresarios exportadores lo advierten como un problema actual.
Esta semana el tipo de cambio negociado entre instituciones financieras osciló no muy lejos de los $ 41.
