En Uruguay el cargo había sido creado en el Presupuesto Nacional por Tabaré Vázquez, pero a pesar de la necesidad de que los esfuerzos estatales no quedaran compartimentados, no había sido cubierto, entre otras cosas, por las resistencias que se produjeron.
Las dos agencias tradicionales locales fueron inteligencia policial e inteligencia militar.
Ambas tuvieron diferentes nombres y pasaron por diversas orientaciones de trabajo según quien estuviera al frente del gobierno, pero en general fueron marcadas a fuego por la lucha contra el comunismo y la contrainsurgencia, sobre todo en el marco de la Guerra Fría.
Durante años, la inteligencia policial funcionó con el nombre de Servicio de Inteligencia y Enlace (SIE) en la Jefatura de Montevideo y las tres Fuerzas Armadas manejaron sus propios servicios, pero en la década de 1970, bajo el influjo y financiamiento de Estados Unidos se creó la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), mientras que a nivel militar comenzó a operar el Servicio de Información de Defensa (SID). Ambos servicios actuaron en dependencia de los ministerios de Interior y Defensa, respectivamente.
Una comisión parlamentaria que funcionó entre diciembre de 2016 y agosto de 2018 comprobó la existencia de espionaje militar y policial a sindicatos y partidos políticos aun luego de 1985, tal como explica el libro Espías de la democracia. La red de impunidad, del diputado oficialista Gerardo Núñez.
Con el paso del tiempo y los cambios en la concepción de inteligencia se sumaron con más presencia viejos actores de la comunidad: Aduana, Impositiva y Relaciones Exteriores, que ya habían sido convocados de forma puntual a las llamadas Mesas de Inteligencia.
Piloto en la Oficina del piso 10.
Gregori, civil y tupamaro, dio los primeros pasos para el funcionamiento de la Oficina de Coordinación de los Servicios de Inteligencia del Estado que se ubicó en el piso 10 de la Torre Ejecutiva, a pocos metros del presidente, aunque este no le hizo demasiado caso.
Después de la renuncia de Gregori, jaqueado entre la oposición inquieta por su pasado guerrillero, las diferencias en el oficialismo y los intereses de las agencias que defendieron sus “chacras”, fue sustituido por el general del aire José Bonilla, un militar colorado y masón que había sido primer jefe del Estado Mayor de la Defensa.
En su segundo gobierno, Vázquez siguió en la misma línea y ocupó la oficina con otro militar de la Aeronáutica: Washington Martínez, que antes de ser designado comandante de la Fuerza Aérea había sido su edecán.
Igual que sus antecesores, Martínez se rodeó de un puñado de asesores civiles y militares y se manejó con bajo perfil, además de bajo presupuesto.
“Procedimientos especiales”.
Uno de los problemas de la comunidad de inteligencia, explicaron a Búsqueda fuentes oficiales, es encontrar un lenguaje común. Cada uno de los integrantes del sistema tiene una especialidad y una terminología propia. A su vez, los políticos no contaban hasta ahora con experiencia en controlar a los servicios y en defender los derechos constitucionales de los ciudadanos respecto a la actuación del propio Estado.
Quizás por eso, el artículo 3º de la nueva ley se ocupa de aportar ocho definiciones. Entre ellas, las fuentes, que clasifica en abiertas y cerradas.
Respecto a las “fuentes cerradas” dice que “son aquellas cuyo acceso es restringido y que para la obtención de la información es necesario el uso de medios y procedimientos especiales”.
Acerca de esos procedimientos, el artículo 20 de la ley menciona la intervención de las comunicaciones telefónicas, informáticas, radiales y de la correspondencia; la intervención de sistemas y redes informáticas, la escucha y la grabación electrónica incluyendo la audiovisual, mientras que otros artículos regulan el uso de identidades falsas para producir inteligencia, lo que en principio estará regulado por un juzgado de Crimen Organizado y bajo control parlamentario.
Para mitigar los eventuales excesos de los servicios, la ley dispone de controles internos y externos, por parte de una comisión bicameral, cuyos integrantes estarán obligados al secreto de por vida.
El director de la SIEE, que según fuentes oficiales será el propio Martínez, al menos hasta marzo de 2020, podrá ocupar el cargo por un plazo máximo de seis años consecutivos, y regresar luego de tres años fuera de la función.
La SIEE dependerá de Presidencia y de los ministerios de Interior, Defensa, Relaciones Exteriores y Economía. El presidente, en acuerdo con los jefes de esas cuatro secretarías, podrá designar y cesar al director, aunque en el primer caso contando con venia del Senado.
Estigma y perfil.
Para integrantes de la comunidad de inteligencia, algunos de los problemas que se presentan para que la ley consolide un mejor sistema de inteligencia está en el perfil del director y en el presupuesto asignado.
Otro de los problemas, explicaron, es el estigma que carga la inteligencia, asociada a la violación de los derechos humanos durante la dictadura y al espionaje en democracia y las “chacras” que se mantuvieron incluso durante el régimen militar (1973-1985).
Los especialistas uruguayos en inteligencia han sido formados, en su mayoría, por agencias extranjeras, que junto con los conocimientos técnicos transmiten también sus propias preocupaciones respecto a las amenazas y su visión del mundo que no siempre coincide con las necesidades nacionales.
Para evitar que el uso del “canal técnico” termine con una cooperación demasiado estrecha con agencias extranjeras, Gregori se había propuesto controlar los viajes al exterior y capacitar en Uruguay.
Otro de los desafíos que enfrenta el director de la nueva secretaría será ganarse la confianza de las agencias que participan en la Mesa Coordinadora de Inteligencia.
“Los archivos, a diferencia de otros elementos, no se ven, de modo que si una agencia aporta cierta información y dice que no tiene más que eso no existe forma de comprobar que no se está guardando algo, la información no es medible”, explicó un analista de inteligencia a Búsqueda.
La misión de la SIEE será producir inteligencia de Estado para asesorar al presidente en “la toma de decisiones estratégicas orientadas a la consecución de los objetivos nacionales”.
Para llevar a cabo esa misión diseñará un Plan Nacional de Inteligencia y a su vez tendrá la representación ante los organismos de otros Estados, además de “disponer la aplicación de medidas de inteligencia y contrainteligencia con objeto de detectar y enfrentar las amenazas definidas por la Política de Defensa Nacional, así como otras amenazas al Estado”, entre ellas el crimen organizado y el terrorismo en tiempos en los que la guerra tradicional da paso a la ciberguerra.
En el proceso para lograr que la ley fuera votada por todos los partidos participaron los legisladores Ivonne Passada (Frente Amplio), Gustavo Penadés y Jaime Trobo (Partido Nacional), Iván Posada (Partido Independiente), José Amorín Batlle (Partido Colorado) y los exlegisladores Sergio Abreu y José Amy, entre otros.
Según explicó a Búsqueda el diputado Penadés, fue importante para llegar al consenso el largo trabajo parlamentario en este tema y el antecedente de la ley marco de defensa, además del asesoramiento del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la inteligencia alemana.
A pesar del consenso general logrado, en algunos puntos no se llegó a acuerdo. El Partido Nacional proponía que la designación del director fuera en la Asamblea General y no con la simple venia del Senado y que para sus destitución se contara con el Parlamento.
Sin embargo, el Frente y el Partido Independiente lograron imponer su criterio.
Otro de los puntos en discusión fue la dependencia de cuatro ministerios a la vez.
Para los blancos, la SIEE debería estar inserta en Relaciones Exteriores para evitar la tradicional puja entre Defensa e Interior y el riesgo de que al depender de cuatro secretarías se diluya la responsabilidad.
Los blancos, a su vez, insistieron en que el director debía mandar y no solamente coordinar, como quedó finalmente en el texto.
Otro de los puntos polémicos es que la ley deja abierta la posibilidad de que la SIEE se convierta no solo en un órgano de conducción de la inteligencia sino en una estructura que tenga sus propios agentes de campo y analistas, además de los cerca de un millar que ya existen en los cuatro ministerios.
