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Caja de profesionales investiga filtración de información interna sobre partidas “indemnizatorias”
La aprobación en enero de compensaciones para directores honorarios provocó acusaciones en el directorio, que apuntan a la presidencia de la paraestatal y su dirección de secretaría, y sospechas de “micrófonos” ocultos en la sala
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.
La última moción del anterior directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), pocos días antes de la asunción de nuevas autoridades el pasado lunes 2, consistió en designar a un funcionario ajeno a las comunicaciones internas y confidenciales de la institución para encomendarle una investigación administrativa que determine responsabilidades ante una presunta filtración a la prensa.
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Según reflejan las actas de sesión publicadas esta semana, correspondientes al 22 y 29 de enero, las autoridades salientes discutieron sobre las “repercusiones” públicas de lo resuelto en Comisión General —sin registro taquigráfico—, cuando se aprobaron partidas mensuales “indemnizatorias” de $ 131.520 para los próximos directores honorarios, más tarde impugnadas.
El primer signo de preocupación vino del suplente en representación de los pasivos, Robert Long. Manifestó que la reserva de la votación apenas duró 15 horas antes de aparecer en la red social X, y que “quien filtró no buscaba transparencia, sino generar un linchamiento mediático” resultante en “calificativos que lesionan el honor de los cuatro directores votantes”. Eso representa una falta de “extrema gravedad”, además de “una ruptura de la cadena de confianza” y “un posible ilícito”, consideró.
“El Código Penal uruguayo sanciona la revelación de secretos por parte de funcionarios o personas en cargos de confianza. Consideramos radicar una denuncia penal para que se periten los dispositivos, si fuera necesario. Esto envía un mensaje de que la caja no tolera la deslealtad institucional”, sentenció.
Acusaciones
Las acusaciones no tardaron: “Al haber solo seis directores durante la sesión, se reduce el margen de error a niveles mínimos”, deslizó Long, y recordó que de haberse compartido la resolución por medios digitales, como correo o WhatsApp, “existe una huella” que puede identificarse mediante el peritaje de dispositivos electrónicos, como los celulares.
El director por los activos, Fernando Rodríguez Sanguinetti, reelecto para el nuevo directorio, apuntó directamente hacia el entonces presidente, Daniel Alza, y la vicepresidenta Virginia Romero; “uno de ustedes dos filtró la información. O lo hizo algún funcionario, la Secretaría, ya que el texto tal como estaba redactado la noche anterior apareció la mañana siguiente tal como se lo redacta en esa área. Nadie más. Los dos delegados del Ejecutivo no difundieron la información, el Dr. Long tampoco lo hizo y yo tampoco”. También barajó la posibilidad de que existieran “micrófonos” ocultos en la sala, por lo que correspondería que “Policía Técnica revise si los hay, para estar tranquilos”.
El jefe del área de Secretaría respondió al señalamiento de Rodríguez Sanguinetti recordándole al directorio los años que lleva ocupando su cargo y agradeciendo la votación de una investigación administrativa, dado que “cualquier filtración ocurrida” afecta el “ambiente” en el que se desempeña.
“No fui a la prensa”, acotó Alza, para luego agregar que recibió la información de Secretaría, pero que no filtró “absolutamente nada”. “Tampoco yo”, se sumó Romero.
Mociones
En la sesión de la semana posterior, la vicepresidenta saliente buscó dejar asentado en el acta que nunca llegó a leer la resolución hasta el día siguiente de su aprobación, cuando ya era de público conocimiento. “Además, nunca retiré esta computadora desde la sede del instituto. Quiero dejarlo bien claro, máxime estando segura de mi proceder, limpio, y siendo consciente de que nunca filtré información”, se defendió.
Al final de la discusión, el director suplente Long formuló dos mociones por separado que se votaron afirmativamente por unanimidad: que, por un lado, se realice una investigación administrativa “de urgencia” para determinar “la trazabilidad del documento filtrado”, y que, por otro, la Gerencia de Sistemas elabore un informe sobre “el acceso, descarga y envío del archivo”.
A un mes de encomendada la investigación, “aún no hay avances”, dijo consultado por Búsqueda el nuevo presidente de la CJPPU, Andrés Pérez.
