Funcionarios de la IM recibieron partidas por multas y patentes de hasta $ 800.000 anuales pese a estar sumariados e investigados

El excandidato a intendente y actual senador blanco Martín Lema fue uno de los que cuestionó esta distribución interna de la recaudación por las multas entre empleados de la IM. El senador le envió una nota al intendente de Montevideo, Mario Bergara, con su reclamo. “Este régimen transforma las sanciones, que deberían cumplir una función esencialmente preventiva, educativa y ordenadora del tránsito, en una fuente directa de ingresos adicionales para quienes tienen a su cargo el control y la fiscalización”. Y le solicitó que “revise” este mecanismo de reparto de ingresos con “criterios de justicia fiscal, transparencia y responsabilidad institucional”. También instó a que “se reduzca la participación que actualmente reciben los funcionarios de la Intendencia de Montevideo, a efectos de destinar esos recursos a obras, mejoras en el tránsito y reparación de baches en la vía pública”.

Una fuente vinculada al caso señaló a Búsqueda que este es un ejemplo de que las partidas variables “no se encuentran condicionadas de manera efectiva al cumplimiento funcional ni a una evaluación objetiva del desempeño” del empleado municipal. Es decir, se trata de partidas que se liquidan con “independencia de su conducta administrativa” y de un “mínimo estándar de exigencia” para un funcionario público. Y agregó que, teniendo en cuenta que un alto porcentaje de las multas son aplicadas y detectadas mediante el uso de radares, las partidas no están atadas al rendimiento humano, sino que son un ficto, un derecho adquirido e inamovible entre los aproximadamente 600 funcionarios de la división en Montevideo.

Conflicto de interés

Otra funcionaria, de iniciales B.D., percibió en todo el 2024 $ 400.568 por recaudación en multas y $ 418.109 por ingresos en sanciones por patentes de rodados: algo más de $ 818.000 en el año por estas dos partidas. A esta funcionaria se le había instruido un sumario administrativo en abril de 2024 al constatarse que, además de desempeñarse en la intendencia, es titular de un taxi desde el año 2015. Durante 10 años mantuvo la titularidad de una actividad regulada, habilitada y fiscalizada por la propia IM mientras se desempeñaba en un ámbito vinculado al control del tránsito. Un claro conflicto de interés que no le impidió hacerse de sus partidas extras en cada liquidación mensual de su salario.

También está el caso de un funcionario, de iniciales J.C., que pese a que fue objeto de un largo proceso sumarial por faltas reiteradas, que se extendió desde octubre de 2021 hasta febrero de 2024, percibió sus haberes y partidas variables sin interrupción. En el año 2023 cobró $ 386.287 por participación en multas y $ 466.083 por participación en patentes, que totalizan $ 852.370 en un solo ejercicio. En 2024 concluyó el sumario y se determinó que sus faltas reiteradas ameritaban una suspensión de cinco meses sin goce de sueldo. En agosto de 2025 la intendencia negó una petición presentada por este funcionario y por otros trabajadores que sostenían tener un “derecho adquirido” al cobro de la participación en multas incluso luego de su jubilación, con la pretensión de perpetuar ese beneficio.

Los casos señalados revelan, además, la contradicción en que, al mismo tiempo que la intendencia les retenía parte del sueldo por distintas sanciones y sumarios, los premiaba con las partidas extras por multas y control de patentes, que en promedio suman unos $ 30.000 al sueldo mensual.