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El trabajo de la comisión bicameral constituida en el Parlamento con el fin de investigar la contratación y posterior rescisión del contrato para que el astillero Cardama construyera dos patrulleras oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés) comenzó con algunas dudas sobre su funcionamiento y alcance. Aun así, se votó por unanimidad el pedido presentado por el Partido Nacional para solicitar información al Poder Ejecutivo.
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A mitad de la discusión, el oficialismo dejó constancia de que se trata de una comisión especial y no de una investigadora, dos mecanismos que tienen potestades distintas. “A esta comisión no hay nadie obligado a venir, en la medida en que no es una comisión investigadora”, dijo el senador Eduardo Brenta. “Esperemos que haya voluntad de las personas de asistir”.
Para la oposición, esta aclaración podía abrir la puerta a que en el futuro el Poder Ejecutivo bloquee la comparecencia de mandos medios y militares, según el diputado Pablo Abdala (Partido Nacional). Avanzada la discusión, sin embargo, el representante colorado Felipe Schipani recordó que las comisiones investigadoras tampoco tienen capacidad de obligar a los citados a concurrir y que “todo depende de la voluntad política”.
Otro aspecto de controversia fue el grado de reserva de la comisión especial, dado que algunos documentos solicitados pueden tener cláusulas de confidencialidad. Por este punto, se resolvió pedir un informe jurídico para despejar dudas sobre el funcionamiento y sobre la eventual negativa de un funcionario a concurrir.
Schipani-Abdala-Cardama-Comision
Felipe Schipani y Pablo Abdala en la comisión bicameral por el caso Cardama.
Mauricio Zina / adhocFOTOS
Foco en la actual gestión
La comisión votó por unanimidad la propuesta de pedido de información presentada por el Partido Nacional, que se divide en tres bloques: de 2010 a 2019; “el proceso 2024”, que incluye la contratación de Cardama y la aceptación de las garantías; y luego el 2025 hasta la rescisión del contrato.
El foco de los blancos está puesto, sobre todo, en la actual gestión. El viernes 13 el presidente Yamandú Orsi encabezó una conferencia de prensa en la que anunció que el gobierno rescindiría el contrato por 82 millones de euros firmado con Cardama durante la administración de Luis Lacalle Pou. Orsi sostuvo que el astillero incurrió en “incumplimientos graves” vinculados con las dos garantías que debía conseguir, una de fiel cumplimiento y otra de reembolso.
El pedido de la comisión abarca informes jurídicos que sustentan la decisión del gobierno de rescindir el contrato, “listado de fechas y participantes de las reuniones” con Gonzalo Fernández, quien medió entre Cardama y las autoridades, así como también copias de las investigaciones administrativas en los ministerios de Economía y Defensa y en el Banco República.
El Frente Amplio todavía no definió a quiénes pretende citar a la comisión, un planteo que hará en la próxima reunión de la comisión. El oficialismo tiene previsto concentrarse en la contratación de Cardama y en la aceptación de las dos garantías.
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Álvaro Perrone y Gustavo Salle en la comisión bicameral por el caso Cardama.
Mauricio Zina / adhocFOTOS
La rescisión y la crítica de Ferrés
La rescisión del contrato no sorprendió. El 22 de octubre del año pasado el presidente había encabezado otra conferencia de prensa para denunciar que Uruguay podría haber sido víctima de un “fraude” porque la empresa que emitió la garantía de fiel cumplimiento podía ser “de papel”. Agregó entonces que iniciarían el proceso hacia la rescisión.
Para el exprosecretario de la Presidencia Rodrigo Ferrés, la decisión del gobierno fue equivocada y arriesga al país a perder un juicio internacional si el astillero avanza por ese camino. En una carta pública, informada primero por El País, el exjerarca dijo que el Estado debió intimar a Cardama para que presentara una nueva garantía antes de rescindir el contrato.
“Incluso, si Cardama reconoce la situación y sostiene que fue engañado en su buena fe por un tercero al ser la garantía inexistente (la emitida por EuroCommerce Bank). Salvo que se probara que, ante una intimación, no exista voluntad de subsanar el vicio (garantía) o que hubiera existido una maniobra dolosa por la contraparte en el contrato, debe otorgársele la posibilidad de subsanar ese vicio”, escribió.
