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    Vázquez declaró esencial la educación, apoyado por los líderes del Frente Amplio y “colmado” por el accionar de los sindicatos

    Lejos de ser un día de descanso, el pasado domingo 23 fue una jornada angustiante para los principales actores de la educación. A lo largo del día fueron enterándose de que el presidente Tabaré Vázquez iba a declarar la esencialidad para la educación Inicial, Primaria, Secundaria, UTU y Formación Docente.

    María Julia Muñoz, ministra de Educación y Cultura, avisó a Wilson Netto, presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), y a José Olivera, secretario general de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza Uruguaya. También fueron informados el ministro de Economía, Danilo Astori, y el ex presidente y actual senador José Mujica, quienes “mostraron su conformidad” con la decisión de Vázquez, según dijeron a Búsqueda fuentes del Poder Ejecutivo.

    “La gota que colmó el vaso” para el presidente fue el rechazo que los sindicatos de la enseñanza tuvieron el fin de semana a un acta firmada el viernes 21 con el gobierno, donde se establecían entre otras cosas pautas por aumentos e inequidades salariales. Cuando los gremios anunciaron más paros y mantuvieron la huelga en los liceos de Montevideo, Vázquez, en conocimiento del visto bueno de los principales líderes del Frente Amplio, decidió declarar la esencialidad.

    El anuncio le correspondió a Muñoz, luego del Consejo de Ministros realizado el lunes 24 en la Torre Ejecutiva. “No es una noticia grata”, describió la ministra al informar sobre una medida histórica que es la primera vez que se toma en el país. “Creemos que estos trabajadores son vocacionales y entendemos que en un fin de semana se puedan haber sentido los ánimos más desbordados, pero queremos dar un tiempo de reflexión concurriendo todos a clase con la garantía de que el Estado brinda educación como un derecho básico”, agregó.

    La semana anterior el gobierno había enfrentado duras acciones de los sindicatos, disconformes pues el Poder Ejecutivo no ofrecía llegar al 2020 con un salario nominal equivalente a $30.000 para los docentes grado 1. Paros, huelgas y ocupaciones en todos los niveles determinaron, por ejemplo, que los liceos de la capital perdieran hasta ese momento trece días de clase en lo que va del año.

    Además de Muñoz, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, fue el otro jerarca encargado de llevar adelante el tema. En la noche del lunes 24, después que los sindicatos reforzaran espontáneamente sus reclamos ante el anuncio de esencialidad, Murro recibió a Olivera y la cúpula del PIT-CNT (Fernando Pereira y Marcelo Abdala) para intentar que levantaran sus medidas. Sin suerte, resolvió declarar durante 30 días desde el 24 de agosto, “esenciales los servicios correspondientes a los Centros de Educación Inicial, Primaria, Secundaria, Educación Técnico Profesional y Centros de Formación Docente”.

    Demolidos.

    La decisión de Vázquez ya había estado cerca de aplicarse en anteriores administraciones del Frente Amplio. A fines de 2011 Mujica analizó decretar la esencialidad de la educación ante los paros y ocupaciones ocasionadas por la implementación del plan ProMejora.

    Aunque finalmente no tomó esa ruta, Mujica ratificó después su idea de enfrentar fuertemente a los sindicatos como una de las soluciones para mejorar la enseñanza. “Acá hay un problema gremial y hay que hacer pelota eso. Hay que juntarse y hacer mierda a esos gremios, no queda otra. Ojalá logremos sacarlos del camino”, dijo en mitad de su mandato, según consigna el libro “Una oveja negra al poder”.

    Astori, por su parte, fue quien supervisó las propuestas que el Poder Ejecutivo ofreció a maestros y docentes en las últimas negociaciones colectivas. “Nuevamente la educación está al frente de las prioridades del gobierno. Hicimos un enorme, extraordinario y excepcional esfuerzo para mejorar la propuesta salarial. Es, por lejos, la mayor proporción de los recursos incrementales del presupuesto”, dijo el ministro en referencia al dinero que se prevé destinar este quinquenio en educación.

    Por fuera del Frente Amplio, en la ANEP la esencialidad “dejó a todos anímicamente demolidos”, dijeron a Búsqueda fuentes de la Administración. Aunque algunos jerarcas como Netto, Celsa Puente (directora general de Secundaria) e Irupé Buzzetti (directora general de Primaria) estaban al tanto el domingo de la posible decisión del gobierno, varios consejeros se enteraron el lunes 24, al leer en los medios las palabras de Muñoz.

    Esa misma tarde, mientras los gremios protestaban en el Ministerio de Trabajo y en la Torre Ejecutiva, el Codicen en pleno se reunió hasta la noche con las autoridades de Primaria, Secundaria, UTU y Formación Docente, para definir cómo aplicar la esencialidad.

    La ley N° 13.720 de 1968, argumentada en la resolución de esencialidad, sostiene que en caso de interrupción de servicios esenciales, la autoridad pública podrá “disponer las medidas necesarias para mantener dichos servicios, recurriendo incluso a la utilización de los bienes y la contratación de prestaciones personales indispensables para la continuidad de los mismos, sin perjuicio de aplicar, al personal afectado, las sanciones legales pertinentes”.

    Esas sanciones pertinentes dependerán de la propia ANEP, que puede apoyarse en su Estatuto del Funcionario Docente. Allí el régimen disciplinario establece desde observaciones verbales y escritas a amonestaciones, suspensiones y la destitución.

    De todas formas, en el organismo “no tienen claro cómo seguir” y durante todo el feriado del martes 25 y ayer miércoles 26 continuaron las reuniones entre jerarcas, y las llamadas telefónicas con los dirigentes sindicales.