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    Vecinos impulsan proyecto de ley para limitar tiempo de permanencia de ferias alimentarias

    Sostienen que las controladas por el Ministerio de Economía se mantienen 18 años en promedio en el mismo lugar y las reguladas por la intendencia, 30 años, lo que perjudica a quienes viven en frente

    Si bien las ferias vecinales son fundamentales para la economía de los ciudadanos, esta actividad también causa perjuicios en las personas que las tienen frente a sus casas o sus comercios. Para dar respuesta a esas situaciones, la Unión de Vecinos de Ferias y Periferias de Montevideo reclama la puesta en marcha de una ley que obligue a rotar la ubicación de las ferias cada cinco años, así como prohibir su reinstalación en el mismo emplazamiento por un plazo no menor a 12 años.

    En la actualidad no existe un marco normativo que regule su traslado, razón por la que el pasado 21 de agosto el grupo compareció ante la Comisión de Asuntos Departamentales y Municipales de la Cámara de Senadores con el fin de explicar las ventajas de modificar el artículo 35 de la Ley Orgánica Municipal N° 9.515, propuesta que presentaron ante el Parlamento a fines del 2022.

    Según consta en la versión taquigráfica, Flavio Harguindeguy, presidente de la agrupación, dijo que la permanencia de ese comercio privado en la vía pública frente al hogar de un ciudadano “implica todo tipo de daños y de perjuicios”.

    “Esto no solo ha sido dicho por el vecino, sino también por instituciones como la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo o la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo”, señaló.

    Harguindeguy se refirió, por ejemplo, a los ruidos molestos desde la madrugada, la falta de “controles adecuados” y la desvalorización de la vivienda. También son frecuentes las roturas de veredas, caños y fachadas debido a la instalación de los puestos o el estacionamiento de vehículos sobre las veredas peatonales. A eso se suma que, ante la falta de baños públicos, hay presencia de “heces y orinas en la vía pública”.

    Por otro lado, Harguindeguy también criticó el vertido de desperdicios, como los restos de verduras y frutas y los fluidos de las pescaderías, así como el impedimento de acceso o egreso de vehículos de la vivienda y de la emergencia móvil. “A los vecinos que viven en la cuadra de una feria se les hace cargar un riesgo que el resto de la ciudadanía no tiene”, criticó sobre este último punto.

    La agrupación que representa busca agilizar el proyecto de ley que limite el tiempo de permanencia de las ferias en una misma calle. “Pedimos que se establezca un plazo rígido para terminar con este tipo de discriminación negativa que tienen los vecinos”, señaló Harguindeguy, algo que ya plantearon en dos oportunidades ante la Intendencia de Montevideo (IM) y ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

    El 90% de las ferias de Montevideo se encuentran reguladas por una sección de la Unidad de Defensa del Consumidor del MEF y solo el 10% restante se rige bajo competencia departamental, dijo a Búsqueda el director de Promoción Económica de la IM, Carlos Varela.

    “Sabemos que el ministerio quisiera sacarse el tema de arriba, ya que entiende que no le compete. Por eso este año nos reunimos con autoridades del MEF y planteamos la posibilidad de absorber esa responsabilidad. Conociendo bajo qué circunstancias sería, no estamos cerrados a tomarlo como un tema departamental”, explicó.

    Sin embargo, el jerarca dijo que hasta ahora no han tenido ningún tipo de respuesta de la cartera y continúan a la espera de una devolución.

    Consultado respecto al funcionamiento para trasladar una feria, Varela explicó que en el caso de las municipales el proceso se realiza en conjunto con los municipios. Para aquellas que controla el MEF, la Unidad de Defensa del Consumidor coordina con la Asociación de Feriantes y envía una propuesta de corrimiento a la intendencia, que consulta con los gobiernos municipales y otorga la autorización del espacio público.

    “Pero hay una idea en la opinión pública de que la responsabilidad es nuestra, cuando la responsabilidad de la feria como tal es del MEF en la mayoría de los casos”, señaló. La limpieza, en tanto, sí es responsabilidad de la comuna siempre.

    Varela dijo que como el ministerio “carecía de funcionarios y el área encargada había quedado un poco desmembrada”, desde la comuna crearon una mesa de trabajo con la Asociación de Feriantes con el fin de atender el problema de la rotación de las ferias. Harguindeguy dijo a Búsqueda que la unión de vecinos solicitó ingresar a ese ámbito, pero su pedido fue ignorado.

    Según Varela, no existe un parámetro único para el traslado de las ferias. Explicó que la reglamentación del MEF admite que a partir de los cinco años los vecinos pueden solicitar la reubicación de una feria; la normativa departamental, en tanto, establece que los habitantes pueden pedir el corrimiento a partir de los tres años, pero en ninguno de los dos casos se hace referencia a un tiempo máximo de estadía ni a la obligatoriedad de atender la propuesta.

    Harguindeguy dijo que las cifras son un poco diferentes. Según datos de la agrupación, unas 120 ferias se encuentran bajo competencia del MEF, mientras que otras 44 son responsabilidad de la intendencia. “Es una relación de 70% a 30%. Además, la IM tiene el 100% de las periferias (puestos sin autorización que se ubican en las cabeceras, como una extensión irregular de la feria), que si no se controlan muchas veces parecen tierra de nadie”, indicó.

    En ese sentido, dijo que el promedio de estadía en un mismo sitio para las ferias administradas por el MEF en Montevideo es de 18,3 años. El 69% ya cumplió el plazo mínimo de estadía y muchas funcionan hace 20 o 30 años. Por otro lado, el promedio de estadía para las administradas por la intendencia es de 30 años; el 100% ya cumplió el plazo mínimo y la gran mayoría ni siquiera cuenta con fecha de instalación registrada, explicó.

    Varela dijo que no está al tanto del proyecto de ley presentado por la Unión de Vecinos de Ferias y Periferias de Montevideo. Sin embargo, opinó que “no es un tema para generar una tabla rasa en la que se determine un plazo perentorio”, ya que cambiar una feria de lugar necesita de varios acuerdos, para que no se torne “una complicación”.

    “La feria responde a situaciones de empleo de los feriantes y de acceso de los vecinos a productos con precios que —según un estudio que llevamos adelante— resultan un 18% más económicos que en las cadenas. Y esas variables también hay que tomarlas en cuenta”, explicó.

    El jerarca agregó de todas formas que si bien durante la pandemia no se realizaron reubicaciones, solo en 2023 está previsto el traslado de al menos 10 ferias.

    Búsqueda intentó consultar a la Unidad de Defensa del Consumidor del MEF, pero no obtuvo respuesta.

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