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Unas 20 personas por día en Montevideo son retiradas de las calles en el marco de la aplicación de la ley de faltas, por entender que ocupan de manera indebida los espacios públicos.
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La medida comenzó a aplicarse la semana pasada. Hasta el momento, más de la mitad de quienes fueron sacados de la calle tienen antecedentes penales, dijeron a Búsqueda fuentes del Ministerio del Interior. Además, en un solo caso constataron problemas psiquiátricos.
En el artículo 14 de la ley se establece que quien “fuera del ejercicio del derecho consagrado en el artículo 57 de la Constitución de la República” (referido a la huelga), ocupare espacios públicos, “acampando o pernoctando en forma permanente en ellos, será castigado con pena de 7 a 30 días de prestación de trabajo comunitario”.
“Si habiendo sido intimado dos veces de que desista de su actitud por parte de la autoridad municipal o policial correspondiente persiste en la misma, siempre que se constaten las conductas referidas, la persona será trasladada a una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social a los efectos de que se recabe su identidad, se le ofrezca una alternativa adecuada y se dé cuenta al juez competente”, agrega.
La atención de esta población está a cargo de la Policía, la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Administración de Salud del Estado.
En el protocolo de intervención se establece que lo primero es tratar con “respeto y protección de la integridad física y la dignidad” de cada persona abordada.
Se plantea no utilizar palabras discriminatorias, agraviantes o humillantes y en lo posible no usar la fuerza.
El protocolo establece que cuando la Policía constate la “ocupación indebida” de un espacio público, primero se procederá a informar, en “términos sencillos y comprensibles”, sobre la obligación de desocuparlo.
Si se insiste en no acatar el planteo, el involucrado deberá ser llevado a una dependencia policial para que se recabe su identidad y se dé cuenta al juez de la intimación realizada y la situación constatada.
Sin perjuicio de lo que disponga el juez, se trasladará a la persona a una dependencia especial del Mides, en este caso el ex Regimiento Nº 9 del Ejército.
La aplicación de la ley generó algunos problemas en la interna del Frente Amplio. La ex ministra de Desarrollo Social, Ana Vignoli, cuestionó en una columna de opinión del semanario comunista “El Popular” el viernes 20, el papel de la Policía en el tema.
En la nota, criticó al asesor del Ministerio del Interior, Gustavo Leal. “Según Gustavo Leal, la ley de faltas implica un cambio de paradigma; desearíamos que así fuera, pero mantenemos serias dudas, fundamentalmente en lo referido y dispuesto para la gente en situación de calle”, dijo Vignoli, quien debió alejarse del Mides a mediados de 2011 luego que murieran seis personas de frío en la calle.
“Se están buscando soluciones a este problema desde hace tiempo y no se han logrado; por el contrario, el número en estos dos últimos años ha aumentado”, afirmó la ex ministra.
Vignoli rechazó que se involucre a la Policía en este tema porque “criminaliza”.
“No hemos cambiado los métodos para superar el problema, no logramos acuerdos sobre cómo atacar las causas, o tal vez en torno a cuáles son las causas. Por lo tanto, ¿cambiamos el paradigma o continuamos desde la mirada punitiva?”.
