Una de las muestras más palpables de los nuevos vientos que soplan sobre América Latina, lo constituye lo que está sucediendo en el Mercosur. Según las reglas del bloque regional, el jefe de Estado de cada país miembro por orden alfabético, ocupa la presidencia rotatoria pro témpore por seis meses. Actualmente la ocupa Uruguay y le correspondía pasarla a Venezuela en julio.
Pero cuando se iba acercando la fecha comenzaron los reparos de todos los miembros –excepto de Uruguay— a entregársela a Venezuela porque según alegaban, no cumplía con los requisitos para ocupar tan alta distinción.
El primero en oponerse fue Paraguay. A fines de junio el canciller paraguayo Eladio Loaizaga se dirigió a su colega uruguayo Rodolfo Nin Novoa, para pedirle que se realizara una reunión extraordinaria de los ministros de Relaciones Exteriores de los países fundadores del bloque regional con el objetivo de analizar —en el marco del protocolo de Ushuaia— la situación política en Venezuela. Ese documento rige para Chile, Bolivia y todos los miembros del Mercosur.
Ese protocolo firmado en 1998, estableció una cláusula democrática por la cual se puede excluir del bloque al país en donde se quiebre el orden democrático. El artículo I estipula que “la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo de los procesos de integración entre los estados partes”.
Ante la petición paraguaya, Nin Novoa declaró que “lo jurídico está por encima de lo político” y “lo jurídico es que le demos la presidencia a Venezuela”.
Sin embargo, a la posición de Paraguay se sumaron luego Argentina y Brasil. Por esa razón se convocó a la reunión extraordinaria de cancilleres.
La citada cumbre se realizó el lunes 11 de julio. El resultado fue que no hubo acuerdo sobre el tratamiento del caso de Venezuela. Uruguay quedó en solitario en su postura de transferir la presidencia a Caracas. En consecuencia, quedó en suspenso el pasaje de la presidencia pro témpore del bloque al presidente venezolano Nicolás Maduro.
Además, las delegaciones de Venezuela y Bolivia fueron impedidas de participar, con el argumento de que no habían sido invitadas porque era solo para los miembros fundadores (Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina).
En la conferencia de prensa posterior a la cumbre, Nin Novoa les dijo a los periodistas que no había mucho tiempo para contestar preguntas. No obstante, consultado acerca de las razones por las cuales la administración Vázquez insistía en traspasar la presidencia a Venezuela —a pesar de que el propio canciller definió al régimen chavista como una “democracia autoritaria”— el jerarca afirmó: “Queremos cumplir con lo jurídico”.
Dado que el gobierno uruguayo insiste en que el fundamento de su accionar es “una cuestión de principios” y defensa del derecho, consideramos pertinente analizar su discurso para ver si realmente es así. La razón es que a nuestro entender, a pesar de sus palabras altisonantes, se está anteponiendo nuevamente “lo político por encima de lo jurídico”.
Observemos todos los principios de lógica y de derecho que violan su discurso:
Si “lo jurídico está por encima de lo político” (con lo cual estamos completamente de acuerdo), entonces lo que corresponde es aplicar el protocolo de Ushuaia, dado que obviamente es de rango superior a las normas meramente burocráticas de funcionamiento del Mercosur (principio de jerarquía del orden jurídico).
No hay razones jurídicas valederas para no aplicarlo, dado que el propio Nin Novoa calificó al régimen chavista con el oxímoron “democracia autoritaria”. El Art. I del protocolo establece que para integrar el bloque regional, debe regir “la plena vigencia de las instituciones democráticas” (principio de no contradicción).
La membresía de Venezuela al Mercosur está viciada de nulidad porque se originó en un burdo quebranto de la legalidad. Recordemos los hechos: dado que el Senado paraguayo no daba el visto bueno para su ingreso, se suspendió arbitrariamente a ese país y se hizo ingresar “por la ventana” a Venezuela con los votos de Dilma Rousseff, Cristina Fernández de Kirchner y José Mujica (principio de legalidad).
Es tan jurídico el protocolo de Ushuaia como el tener que traspasar cada seis meses la presidencia pro témpore. Un principio elemental de derecho establece que de una situación dada no podemos alegar a nuestro favor la parte que nos conviene y rechazar la que no nos sirve. El derecho es un sistema, por tanto, nuestra forma de conducirnos en ese campo debe ser armoniosa (principio de coherencia).
Por otra parte, esta línea de conducta choca de frente con la que tuvo Nin Novoa —y en consecuencia el presidente Tabaré Vázquez— cuando recién comenzaba este período de gobierno (2015-2020). En aquel entonces nuestro canciller declaraba con convicción lo siguiente:
Estamos observando “con mucha preocupación algunos acontecimientos que no condicen con la excelencia democrática” que están sucediendo en Venezuela. “En Uruguay sería impensable que un día un gobierno se lleve a un intendente de su despacho con fuerzas policiales, derrumbándole la puerta y a los empujones. Se lo dijimos a la canciller venezolana y al propio embajador. Acá, si hay algún problema con la Justicia, se lo cita a un Juzgado, va y declara y se cumple con las garantías del debido proceso (…) La prisión de opositores es un tema preocupante, por cierto”.
Además afirmó que es “enormemente preocupante” lo que está ocurriendo allí, fundamentalmente para un país como Uruguay, que hace unos treinta años sufrió “las mismas condiciones que están viviendo parte de los venezolanos ahora”, razón por la cual “tuvimos que salir al mundo a pedir ayuda”. Puso especial énfasis en que los derechos humanos son “la única materia en la cual el argumento de la no injerencia en los asuntos internos no es válido. Los derechos humanos se defienden todos en todas partes del mundo”.
Si así argumentaba nuestro canciller a principios de 2015 ¿por qué el gobierno uruguayo ha cambiado en forma tan radical de postura?
Creemos que la razón estriba en que el poder efectivo en nuestro país lo sigue teniendo el ex presidente Mujica. Al principio de su mandato, Vázquez pretendió imponer su impronta y distanciarse de la forma de proceder de su antecesor, pero los hechos le demostraron que en realidad su autoridad era muy débil. En consecuencia, no tuvo más remedio que resignarse. La única forma de más o menos gobernar era cediendo en muchos puntos ante el mujiquismo y sus acólitos.
Y Mujica siempre defendió y protegió al régimen chavista. Fue uno de los que hizo posible el ingreso fraudulento de Venezuela al Mercosur, alegando sin tapujos que “lo político prima sobre lo jurídico”. Entonces, no debería sorprender que desde las sombras, siga impulsando esa línea de conducta.
Lo que indigna, es que se esgrima como fundamento de la actual actitud de Uruguay frente a Venezuela una cuestión de legalidad, cuando en rigor, se estaría procediendo en forma inversa. Es decir, aplicando la “doctrina Mujica”.
Saluda a Ud. atentamente,
Hana Fischer
