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Uno de los “grandes hitos” del año pasado para la Dirección Nacional de Catastro (DNC) fue, según su director, Augusto Alcalde, la administración de un nuevo Registro Único de Inmuebles del Estado como punto de partida para una racionalización mediante la venta de aquellos considerados prescindibles. A esa fase final llegaron en lo que va del año 18 propiedades, de las cuales se enajenaron todas —a precios de entre US$ 9.000 y US$ 136.000— salvo dos, que no encontraron interesados.
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Durante el actual período de gobierno, la temática se encaró primero mediante un artículo de la Ley de Urgente Consideración del 2020, siguió con la creación del Programa de Racionalización de Uso y Bienes Inmuebles del Estado y luego, en 2022, se transfirió desde la Contaduría General de la Nación a la DNC la tarea de llevar el Registro Único de Inmuebles del Estado. Los incisos de la administración central, los entes autónomos y los servicios descentralizados deben comunicar, a través de un formulario, con qué inmuebles cuentan; rondan los 8.800. Catastro remite la información de los inmuebles que fueron declarados prescindibles por los organismos al Programa de Racionalización, que hace una recomendación y Presidencia de la República resuelve la enajenación o la transferencia a título gratuito del bien.
“Estamos gestionando y produciendo recursos, algo con lo que, históricamente, no se había podido cumplir”, se congratuló Alcalde al exponer el jueves 3 ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, que trata el proyecto de Rendición de Cuentas.
Según una “planilla de enajenaciones” que dejó el jerarca a los legisladores, en 2023 fueron a remate 18 padrones en total: tres del Ministerio de Economía (MEF), uno de la Secretaría Nacional de Deporte y el resto del Ministerio del Interior. Las ventas que más dinero generaron fueron dos inmuebles del MEF, por US$ 136.000 y US$ 96.000; el padrón por el que se pagó menos fue uno del MI en Paysandú (US$ 9.000). El monto global obtenido fue de US$ 680.432, de los cuales US$ 482.297 fueron para el organismo propietario y US$ 198.135 para el Ministerio de Vivienda.
No se lograron enajenar dos predios, por los que no hubo oferentes. Uno fue el predio de la Secretaría de Deportes, ubicado en Montevideo y cuyo valor venal —el importe en dinero que obtendría el propietario en caso de venderlo— supera los US$ 2,2 millones, surge de la planilla entregada por Alcalde.
“Algunos dirán que son pocos, otros, que son muchos”, comentó el director de Catastro, refiriéndose a los inmuebles vendidos y el dinero producido. “El fin de todo esto es claramente social: la obtención de recursos para poli´ticas de vivienda pública”, añadió.
“Una necesidad”
En su comparecencia ante la comisión legislativa defendió un artículo contenido en el proyecto de Rendición de Cuentas: “Es un reconocimiento” y “una necesidad” para la DNC al estar “gestionando y produciendo recursos, algo con lo que, históricamente, no se había podido cumplir”.
Para Alcalde, se trata de una “política de Estado que va a continuar al margen del gobierno que esté de turno porque se logró un hito muy importante, que es tener un sistema que georreferencia el inmueble y permite una gestión coordinada dentro del Estado”, abundó.
El artículo propuesto por el Poder Ejecutivo prevé asignarle un 1% de lo que se obtenga de las enajenaciones para financiar gastos de funcionamiento e inversiones de la DNC. “A veces, hablar de números es un poco complicado, pero me la voy a jugar. Creo que, de acuerdo a la capacidad que tiene Catastro hoy, es posible que pensemos en rematar aproximadamente US$ 3 millones al año, y si pensamos en un 1%, recibiríamos US$ 30.000”, estimó el director.
