Vicepresidente de Antel propone aggiornar la legislación para que la empresa no pierda personal calificado a manos de privados

La necesidad de mantener personal capacitado es una de las primeras cosas que notó Pablo Lanz desde que asumió la vicepresidencia de Antel, el pasado 27 de abril, sobre todo con miras al desarrollo de la tecnología 5G. “La empresa tiene el gran desafío de mirar a largo plazo en cuanto al desarrollo tecnológico del país, al tiempo que compite en ese campo con multinacionales. Hay otro desafío que significa ajustar su plantilla a nuevos criterios técnicos y tecnológicos, donde hay una gran demanda de personal técnico joven y calificado, y la realidad indica que hay una migración hacia el sector privado”, dijo el exsenador colorado a Búsqueda.

La pérdida de personal calificado en el sector de las tecnologías hacia el ámbito privado no es nuevo en Antel. Esto se acentuó en los tiempos de la pandemia, sobre todo apuntando al desarrollo de las aplicaciones. La brecha salarial, para un mismo cargo, se encontraba entre un 30% y un 40%, señalaban en la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI). En la Asociación de Informáticos del Uruguay (Asiap) hablaban de ofertas laborales de hasta US$ 10.000 al mes con las que la estatal no estaba ni remotamente en condiciones de competir. Eso sin contar la flexibilidad horaria y la posibilidad de trabajo a distancia.

Ya se señalaba entonces algo con lo que coincide hoy Lanz: la seguridad que ofrecía un empleo en el Estado dejó de ser un atractivo diferencial para las nuevas generaciones de trabajadores del rubro. “Lamentablemente, hoy la administración pública no está capacitada para mantener este personal y hay que trabajarlo de forma urgente para que no quede rezagada”, afirma Lanz.

Según contó, existen auditorías internas que señalan ese punto como “una dificultad” a futuro y que sugieren “aggiornar la legislación”.

Posibles caminos

De acuerdo con el jerarca, una de las vías a trabajar incluiría la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC). La otra es apelar a las empresas subsidiarias de Antel (empresas públicas que operan en el marco de derecho privado) para absorber personal.

El primer camino, por el que Lanz manifestó cierta preferencia, implica un cambio en la legislación. “Yo no quiero quedarme con las alternativas que hoy puede tener la administración pública con sus subsidiarias, sino avanzar un trabajo con el organismo rector, Servicio Civil”, indicó. Este tiene la dificultad de presentar en su ámbito realidades muy distintas: empresas públicas monopólicas y otras que compiten con privados, caso Antel, que complicaría una legislación común.

“Más que preguntarme si es viable, veo que es lo que corresponde. Antel tiene que buscar una alternativa con los órganos competentes del Estado. Si hay que trabajar en un diseño legislativo para encontrar soluciones, se hará. Si la alternativa está dada dentro de las subsidiarias que trabajan con la empresa, será esa la solución. Pero desde que asumimos estamos preocupados con la realidad de una empresa que camina a la velocidad del mundo del desarrollo tecnológico con una legislación muy pesada que ampara a los funcionarios públicos”, agregó quien asumió en sustitución de Robert Bouvier, ahora ministro de Ambiente.

El vicepresidente de Antel sostuvo que las aspiraciones laborales “han cambiado abismalmente” y que la barrera que estaba entre la seguridad que ofrecía la función pública y el sector privado está mucho más baja que antes. “Hoy no resulta tan atractiva esa sensación de seguridad que daba trabajar en el Estado, ocho horas diarias, haciendo lo mismo durante 40 años. Una persona joven entra a Antel, se forma, se capacita, se empapa de los objetivos de la empresa, pero recibe una oferta del sector privado que lo cautiva y se va”, contó.

Por ese motivo, considera que la nueva legislación debería “sopesar lo relacionado con la seguridad respecto a las asignaciones y la figura jurídica del vínculo laboral” y agrega que “ya hay que comenzar a dialogar en las esferas del Estado para encontrar alternativas para determinados perfiles de funcionarios”. A su criterio, ese es el “verdadero desafío” para la función pública.

Otro tema a trabajar, apuntó, es la edad de la población de Antel. “En los cargos gerenciales estamos de 55 años para arriba. Eso también es un tema a trabajar”, concluyó Lanz. Esto también está relacionado con la necesidad de hacer más atractivo para los profesionales trabajar en Antel, dijo, aunque “no tiene tanta urgencia”.