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Tengo la impresión de que mis percepciones de la historia reciente y presente no logran ensamblarse. De ahí que la siguiente reflexión pueda no encuadrar en la esencia de esa sección y dejo a su decisión la publicación de esta carta.
Historia reciente. El 28 de junio de 1976 fue secuestrada de los jardines de la embajada de Venezuela la maestra y militante del flamante Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), fundado en Buenos Aires, Elena Quinteros. Los responsables fueron agentes de la entonces denominada Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), entre los cuales actuó Ruben “Cacho” Bronzini.
La militante política secuestrada, luego de sufrir atroces torturas, según testimonios de ex presos políticos, fue asesinada por represores de esa dictadura (1973-1985).
Como consecuencia de este hecho, Venezuela, país que ya había asilado a otros uruguayos perseguidos por el régimen, rompió relaciones diplomáticas con Uruguay, restauradas cuando el país recuperó la democracia, en marzo de 1985.
La actitud venezolana fue un gesto solidario con el pueblo uruguayo de entonces.
No solamente Venezuela. En 1976, Amnistía Internacional realizó una campaña “contra la tortura en Uruguay” y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU consideró ese año el caso uruguayo; en dos oportunidades (marzo y mayo), en el Congreso de EEUU se efectuaron denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos en Uruguay; el Parlamento Europeo condenó las dictaduras argentina, chilena y uruguaya; el Comité Internacional de Juristas y el Comité Internacional de la Cruz Roja se pronunciaron contra el régimen uruguayo. Ese fue también el año en que las llamadas “Fuerzas Conjuntas” requirieron a Wilson Ferreira Aldunate y es en el que asumió como dictador el nacionalista Aparicio Méndez.
Uno de los tristes episodios de 1976 fue el asesinato de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, en Buenos Aires, presumiblemente a manos de integrantes de una de las bandas de la Triple A, propiciadas por Perón.
Creo, salvo mejor opinión, que esos años trágicos para la historia uruguaya hubieran sido peores de no mediar, entre otros aspectos, la solidaridad manifestada por gobiernos y pueblos, entre los cuales Venezuela tuvo su destaque. Debo suponer que muchos uruguayos le debemos la vida a esa denuncia y consecuente aislamiento a que permanentemente se vio sometida la dictadura de entonces.
Presente. En 2014 asistimos en Venezuela a una situación de autoritarismo creciente, con mensajes de odio emitidos desde el poder hacia la mitad de la ciudadanía, con riesgo de desembocar en una dura confrontación civil.
Restricciones a la libertad de expresión (el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa —SNTP—, de histórica relación con la APU de Uruguay, denunció 20 agresiones a periodistas en las movilizaciones del 12 de febrero); amenazas contra la libertad de reunión y de manifestación; injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial; existencia de milicias paramilitares en apoyo al gobierno; estudiantes opositores al gobierno muertos durante manifestaciones en la calle, es lo que ocurre en Venezuela hoy.
Luis Armando Betancourt, abogado del Foro Penal Venezolano de Carabobo, denunció a la prensa internacional que algunos de los estudiantes apresados por la policía bolivariana, mientras permanecieron detenidos, fueron golpeados y violados por vía anal. Es inevitable, Sr. Director, la evocación de las denuncias realizadas por estudiantes comunistas detenidos en 1983 y que defendiera penalmente Enrique Tarigo.
Las movilizaciones se mantienen en ocho estados venezolanos. No hay tal “golpe contra el socialismo del Siglo XXI”, sino una parte muy significativa de la ciudadanía de un país movilizada contra múltiples aspectos deficitarios del gobierno: inflación del 56,2% en un año, “la más alta del mundo”, según “El País” de Madrid; desabastecimiento de artículos básicos; uno de los mayores índices de criminalidad de Latinoamérica (25.000 homicidios anuales en una población de más de 31 millones de habitantes); Venezuela encabeza la clasificación de corrupción en el continente según Transparencia Internacional, la misma organización que ubica a Chile junto a Uruguay como los países con menores índices de corrupción.
En momentos en que le escribo, Sr. Director, únicamente el ex presidente costarricense, Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz, ha cuestionado la actitud del gobierno de Venezuela y reclamado la vigencia de todas las libertades democráticas, así como la investigación judicial de los homicidios ocurridos durante la manifestaciones ciudadanas. Arias dijo que el Gobierno venezolano “reprime la crítica y la disidencia”, y agregó: “He sido crítico en el pasado y lo vuelvo a ser ahora, de la indiferencia con que los gobiernos democráticos ven lo que está sucediendo en Venezuela, donde hay un irrespeto flagrante a los derechos humanos”.
Ningún otro presidente o latinoamericano se ha pronunciado. Tampoco el de Uruguay. En el caso de nuestro país, el partido en el gobierno, a través de algunos voceros, ha defendido al presidente Nicolás Maduro y calificado de “fascistas” a los millones de venezolanos descontentos con el régimen.
La recientemente creada CELAC, ¿no tiene nada para decir? Independientemente de que esa organización de países democráticos esté presidida por la dictadura de Castro. Y el Mercosur, ¿tampoco? La OEA, ¿no se pronuncia en función de su Carta Democrática? ¿La Unasur?
¿Estaré tan equivocado en mis percepciones del pasado inmediato y del presente, Sr. Director? ¿O será que en Cancillería, en Torre Ejecutiva, en la mayoría de las bancadas parlamentarias, no se lee la prensa internacional?
