Vivienda popular no es sinónimo de vivienda barata

Hay dos maneras de encontrarle una solución a este problema: 1) el libre mercado y 2) el estatismo asfixiante. Uruguay —una vez más— parece estar optando por la segunda opción. Que será, no lo duden, otro gran fracaso.

Para pagar esos US$ 80.000 en 25 años con una cuota de US$ 271 no se puede cobrar interés. Pero el costo del “fondeo” (es decir, el costo de conseguir que alguien ponga dinero para recuperarlo en 25 años) no es gratis.

Supongamos que Uruguay consiga fondos a tasas similares a las que se logran en Chile, que rondan el Libor más 1% (3,90% anual). Eso significa que el comprador de esa vivienda no va a pagar US$ 45.000 de intereses, que sí lo van a pagar sus vecinos.

Para abaratar el costo de la vivienda, este no es el camino. Hay que abaratar el costo de los materiales de construcción y esto se logra cobrando menos impuestos y con más competencia local e internacional. También hay que bajar los costos de la mano de obra. Por un lado, cae muy simpático decir que un peón de la construcción gane US$ 1.000 por mes, pero a la empresa le cuesta casi el doble. Y eso va directo al costo del metro cuadrado, que luego los “pobres” no pueden pagar. Insólitamente, la “explotación del hombre por el hombre” se la hace el Sunca a las clases más humildes.

El otro factor es la eficiencia de esa mano de obra y de los procesos productivos. Con la consigna de “defender los puestos de trabajo”, los obreros son cada vez menos eficientes y por eso se necesita cada vez más gente para construir el mismo metraje. Esto lleva a que se busquen métodos constructivos que utilicen cada vez menos mano de obra. Hasta el propio PIT-CNT, cuando se lanzó a hacer un plan de viviendas (con sombras sobre si hubo o no tráfico de influencias), utilizó métodos de construcción industrializados para hacerlas más baratas, ya que —insólitamente— ¡requieren menos mano de obra!

Otro factor clave es el costo del financiamiento. Para conseguir tasas de interés tan baratas como en Chile, hay que crear nuevos instrumentos financieros (como los mutuos hipotecarios) y permitir que las AFAP inviertan más en este segmento. Además, Uruguay debe bajar su endeudamiento externo y su déficit fiscal para no perder la calificación de riesgo actual y que el fondeo se vuelva aún más caro.

Por último, habrá que innovar. Hoy en China están construyendo casas con impresoras 3D, sin usar obreros y aprovechando materiales reciclados. Puede llegar a costar menos de US$ 10.000 cada casa. Pero en Uruguay nadie ha propuesto traer uno de estos equipos, al menos, como prueba.

Este es el camino. No lo es el de la burocracia estatista que plantea el proyecto de ley, creando un nuevo organismo: —“el Fondo Nacional de Vivienda Popular por Construcción Pública”—; dándoles la ejecución a los burócratas de la Agencia Nacional de Vivienda; forzando a comprar “materiales preferentemente nacionales y dentro de las mismas, preferentemente locales”; dando “prioridad en las licitaciones a las cooperativas de trabajo conformadas por obreros de la construcción” (no por obreros de otros sectores), donde el Estado “suministrará los materiales básicos al menor costo posible” (como hoy nos suministra la luz, el combustible y el teléfono tan barato), y también el Estado supereficiente uruguayo se va a poner a “realizar las importaciones de los materiales necesarios fijando el precio en el mercado nacional” (rememorando a la hermosa Dinacoprin–Dirección Nacional de Control de Precios e Ingresos o a los “precios controlados” de Argentina o Venezuela).

Con este cúmulo de mamarrachos pretenden darle “soluciones habitacionales” a la gente. Si con Ancap perdimos más de US$ 2.000 millones, ¡¿cuánto vamos a perder con esta nueva iniciativa!?

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