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La consuetudinaria omisión de las autoridades de la Intendencia de Montevideo para poner coto a los excesos que se originan en los boliches bailables en las zonas de Cordón Sur, Parque Rodó, Pocitos y Buceo llevó a que vecinos de esos barrios demandaran el retiro definitivo de los mismos y que además documentaran su posición en la Junta Departamental el viernes 22 de julio.
También hicieron público, en diferentes apariciones en los medios de prensa, que en algunas zonas cohabitan con 27 boliches en 600 metros sin la presencia de la seguridad pública y la movida se realiza en vetustas casas que albergan por momentos a más de 200 asistentes, con ambiguos avales de la Dirección Nacional de Bomberos. Se advierte el abusivo consumo de alcohol y en la vía pública se violenta en forma permanente el derecho a la propiedad privada.
Cabe agregar que está vigente el decreto 35.899 de la Junta Departamental, promulgado por el intendente Daniel Martínez el 29 de abril de 2016, por el que se faculta a la IM a no expedir autorización por el término de un año, a partir de esa fecha en varias áreas determinadas.
La situación se arrastra desde hace muchos años: por lo menos desde la administración de Ana Olivera, teniendo en Jorge Rodríguez a su brazo ejecutor, como hoy lo es Christian di Candia, en el gobierno que encabeza Martínez.
En estos años la zona se transformó, en particular Cordón Sur, ya que donde había 15 o 20 casonas viejas con superficies superiores a los 200m2, pasaron a levantarse otras tantas moles de edificios de apartamentos, muchas de ellas en el marco de la ley 18.795, que exonera por 10 años varios tributos nacionales, cualquiera sea el valor del inmueble, para estimular de esa forma a los inversores.
Eso lleva, o llevará, a que en un par de años más la recaudación de la IM, por concepto de contribución inmobiliaria e impuestos puerta a puerta, se multipliquen por 30 o por 40. Ya la propia administración municipal lo sabrá cuando todos esos apartamentos estén aportando.
Basta darse una vuelta desde Constituyente y Vázquez hasta Gaboto y por Rodó en esa misma extensión, para comprobar que se levantaron, o se están construyendo o en etapa de demolición de las viejas viviendas, alrededor de 350 a 400 apartamentos.
Ahora, quienes piensan comprar esas unidades, saben que a 50, 100 o 200 metros tiene boliches que los fines de semana hacen imposible la convivencia y que —al igual que en Parque Rodó, Pocitos y Buceo— someten a una sistemática tortura a los moradores por el alto volumen en la emisión de la música o el llamado “ruido social” que generan quienes deambulan en la zona, bebiendo y bailando con impunidad en la vía pública hasta el amanecer.
Los jerarcas de la IM borran con el codo lo que escribieron desde el gobierno central quienes proyectaron y llevan adelante esa política de estímulo a la renovación edilicia de determinados barrios de Montevideo.
Los jerarcas de la IM no se dan cuenta que multiplican por 30 o por 40 los ingresos en media docena de manzanas exactamente con los mismos servicios que se prestaban un par de años atrás: el mismo saneamiento, la misa recolección de residuos, los mismos 116 y 582, la misma poda (que hace más de 10 años no se hace), el mismo alumbrado, etc.
Es hora que se piense en los contribuyentes, a quienes ellos llaman “vecinos y vecinas”, se les haga respetar y se respeten sus derechos humanos, violentados por quienes son protegidos por las propias autoridades, que se olvidan que no son otra cosa que funcionarios públicos que llevan el pan a sus hogares porque la ciudadanía paga sus impuestos.
Esa inoperancia municipal ¿puede tener de rehenes a inversores, promitentes compradores o actuales propietarios de apartamentos, que ven cómo se perjudican patrimonialmente sin que nadie les proteja?
