Del matrimonio igualitario a la eutanasia: 25 leyes que ubicaron a Uruguay en el mapa global

Desde el aborto legal y el matrimonio igualitario hasta la prohibición de fumar en espacios cerrados, el etiquetado frontal o la muy reciente “ley de eutanasia”, por mencionar unas pocas, la legislación también marca el rumbo periodístico de Galería, ya que estas decisiones políticas desafían tradiciones, movilizan sectores enteros y proyectan, en muchos casos, una noción de lo que depara el futuro.

Tabare vazquez

Una decisión del entonces presidente Tabaré Vázquez cambió de la noche a la mañana la cultura del uruguayo en relación con el tabaquismo. Primero, en 2006, bajo la consigna “Uruguay a puro aire”, el país se convirtió mediante un decreto en el primero en Latinoamérica —y uno de los primeros en el mundo— prohibir totalmente fumar en espacios cerrados. Dos años después (2008), la Ley 18.256 amplió estas prohibiciones en una fuerte campaña contra el tabaquismo: esta legislación fue la que prohibió la publicidad y el patrocinio en torno al tabaco, y fue clave para que en 2016 el país le ganara un histórico juicio a la tabacalera Philip Morris, lo que sentó un precedente mundial sobre cómo el derecho a la salud puede prevalecer por sobre los intereses comerciales.

Aborto legal (2012)

Aborto

Uruguay despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas —14 en casos de violación— de gestación; fue así el segundo de América Latina en legalizarlo plenamente, después de Cuba, y el primero en la región en hacerlo con acompañamiento interdisciplinario: el procedimiento requiere consultas con ginecólogo, psicólogo y asistente social, y un período de reflexión de cinco días antes de ratificar la decisión. Esta ley redujo los riesgos para las mujeres, que hasta ese momento se sometían a abortos clandestinos, y marcó un cambio profundo en sus derechos y su autonomía corporal. Además, la legalización uruguaya instaló un antecedente que fue clave para los debates que surgieron después en países como Argentina (2020) y Colombia (2022).

Todos somos donantes (2012)

Desde el año 2013, todos los uruguayos son donantes de órganos por defecto salvo que se manifieste lo contrario. La Ley 18.968 fue aprobada con el fin de agilizar procesos y aumentar la disponibilidad de órganos. Si bien fue un hito silencioso en comparación con otras leyes, también se volvió referencia en la región por su ética de solidaridad. Esta ley modernizó el sistema de trasplantes y amplió la mirada sobre las posibilidades de salvar otras vidas al fallecer.

Matrimonio Igualitario (2013)

El 10 de abril del 2013, Uruguay se convirtió en el segundo país de América Latina en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Lo vanguardista de esta ley fue, además, que en lugar de crear una categoría especial para parejas homosexuales se equipararon los derechos LGBTQ+ a los de las parejas heterosexuales al modificar el Código Civil: se dejó de definir el matrimonio como “la unión permanente entre un hombre y una mujer” para usar, en su lugar, términos como cónyuges o contrayentes, lo que eliminó discriminaciones por orientación sexual en la institución matrimonial.

Pioneros en legalizar la marihuana (2013)

Es, posiblemente, la ley uruguaya más disruptiva a nivel global. Bajo el gobierno de José Mujica, en diciembre de 2013, el país pasó a ser el primero en el mundo en legalizar completamente la producción, la venta y el consumo de marihuana, lo que lo convirtió en pionero mundial en regular el mercado del cannabis para uso recreativo, medicinal y de autocultivo. La norma se creó con el objetivo de establecer medidas de control y regulación del cannabis psicoactivo, además de educar, concientizar y prevenir a la sociedad de los riesgos para la salud por el uso problemático asociado a su consumo.

Inclusión y protección para la población trans (2018)

Ley trans

Una de las leyes más avanzadas del mundo en materia de derechos trans (la Ley Integral para las Personas Trans) fue aprobada en 2018 en Uruguay. La norma reconoce la discriminación histórica hacia este colectivo, y garantiza el derecho a la identidad de género mediante un cambio de nombre y sexo en un proceso simple, sin exigencia de cirugías ni trámites médicos invasivos. Además, establece acceso integral a la salud —como hormonización y cirugías—, cupos laborales del 1% en el sector público, apoyo educativo y un régimen reparatorio para quienes fueron víctimas de violencia estatal durante la dictadura. Fue la primera vez que el Estado asumió una política integral de inclusión y protección hacia las personas trans.

Legislar para una muerte digna (2025)

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Este año, el país volvió a convertirse en pionero al ser el primero en América Latina en aprobar la “ley de eutanasia”. Esta legislación regula y garantiza el derecho de las personas a transcurrir con dignidad el proceso de morir en circunstancias específicas, con el objetivo de poner en el centro la autonomía individual y la dignidad en el final de la vida. Pueden optar por la eutanasia todos aquellos que padezcan una patología incurable e irreversible en etapa terminal, o que les genere sufrimiento con un grave y progresivo deterioro en su calidad de vida. La solicitud debe hacerla únicamente el paciente ante el médico, tanto de manera personal como por escrito.

Transformaciones de la vida cotidiana

Una bolsa siempre a mano (2019)

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Hace seis años que un hábito tan instalado como salir del supermercado con un montón de bolsas plásticas se transformó con la Ley 19.655. De un día para el otro, los comercios comenzaron a cobrar por cada bolsa y la normativa obligó a adoptar alternativas reutilizables, lo que redujo el plástico de un solo uso y logró lo que parecía muy difícil: cambiar la conducta cotidiana. Hoy, prácticamente nadie sale a hacer compras sin su bolsa reutilizable, un cambio que posicionó al país como referente regional en esta política ambiental, también asociada al consumo responsable.

Teletrabajo masivo (2021)

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La Ley 19.978 formalizó una práctica que ya se había vuelto masiva a raíz de la pandemia del Covid-19 y que modificó rutinas tanto laborales como domésticas y tecnológicas: el teletrabajo. Entre horarios flexibles, nuevos modos de supervisión, conciliación familiar y laboral y conectividad, la norma definió derechos y obligaciones para empleados y empleadores; incorporó criterios de desconexión, voluntariedad y condiciones laborales, y consolidó este modo de organizar el trabajo que convive con la presencialidad y que llegó para quedarse.

Hola, señor/a alcalde/sa (2009)

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Desde el 2009, un vecino ya no necesariamente tiene que moverse hasta el centro de la ciudad para reclamar por fallas en las luces o una plaza en malas condiciones, porque se incorporó un nuevo nivel de gobierno con representación directa en los municipios barriales. Esta ley creó alcaldes y concejales con el fin de acercar la gestión pública a la vida cotidiana. Ahora los vecinos identifican a su alcalde, le plantean reclamos y propuestas, y participan en decisiones locales sobre alumbrado, mantenimiento de espacios públicos o actividades comunitarias. Un cambio que fortaleció el sentido de pertenencia barrial.

Menos “chatarra” en la escuela (2013)

Con el tiempo, los refrescos y ultraprocesados que predominaron en las cantinas durante décadas se sustituyeron poco a poco por alimentos más nutritivos. La Ley 19.140 se aprobó con el fin de promover hábitos alimenticios saludables desde la infancia, apuntando a escuelas y liceos como forma de contribuir en la prevención del sobrepeso y la obesidad, la hipertensión arterial y otras enfermedades crónicas no transmisibles vinculadas a la mala alimentación.

Alcohol cero en el tránsito (2015)

Antes de esta ley (19.360) se permitía manejar con 0,3 g/l de alcohol en sangre, hasta que en 2015 se adoptó la tolerancia cero para los conductores, cambio que modificó hábitos de consumo asociados a la movilidad, sobre todo en salidas nocturnas: en las calles, se reforzaron los controles, mientras que en la ciudadanía se consolidó la figura del “conductor designado”, lo que redujo riesgos y provocó un cambio cultural que se mantiene hasta hoy.

El comienzo del fin del cash (2014)

La Ley de Inclusión Financiera modificó la forma en que los uruguayos cobran, pagan y administran su dinero, lo que propició uno de los cambios más progresivos y a la vez más profundos en la vida cotidiana de las últimas dos décadas y media. Miles de personas que cobraban en efectivo pasaron a hacerlo mediante bancos o instrumentos electrónicos, y la bancarización dejó de ser opcional para pasar a englobar incluso a los sectores históricamente excluidos. Se masificaron las tarjetas de débito y los POS en todos los contextos, desde un gran supermercado hasta un taxi, un pequeño almacén o la feria, y así se asentó masivamente una nueva cultura de la economía cotidiana.

Los octógonos que inhiben (2018)

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Una de las normativas que más fricción produjo con la industria alimentaria, y que más transformó la experiencia de compra en el supermercado fue el decreto 272/018, relativo al etiquetado de alimentos. Aunque Chile fue el primero en la región, Uruguay adoptó de forma temprana la decisión de exigir advertencias sobre el exceso de grasas, azúcares y sodio a los alimentos envasados. Así, el consumidor promedio pasó de ignorar la letra chica de los productos a decidir en segundos su compra basado en sellos grandes y claros. Esta herramienta se creó con el objetivo de empoderar a las personas en su decisión de compra, además de obligar a la industria a reformular sus productos para evitar los indeseables sellos negros.

Más igualdad y protección

Violencia de género como fenómeno estructural (2017)

Un antes y un después en el abordaje del Estado de la violencia hacia las mujeres tuvo lugar con Ley 19.580 de violencia basada en género. Este tipo de violencia no solo fue reconocida como un fenómeno estructural (con su antecedente en la “ley de violencia doméstica”, del año 2002), sino que se amplió la mirada hacia sus diversas modalidades más allá de la violencia física, como la psicológica, la sexual, la económica y hasta la digital, y fortaleció los mecanismos de denuncia, protección y sanción. Esta ley transformó la manera de nombrar la violencia y visibilizó un problema que durante siglos fue naturalizado.

Derecho a la salud mental (2017)

La Ley 19.529 renovó por completo el enfoque de la atención en salud mental en el país, al sustituir el modelo de aislamiento de las personas afectadas por uno que busca ser comunitario. Esta norma promueve los tratamientos ambulatorios, garantiza el consentimiento informado y también incorpora la perspectiva de género y la protección de niñas, niños y adolescentes. Su aprobación marcó una transformación profunda, ya que instauró la salud mental como parte inseparable de la salud integral y obligó al Estado a repensar las formas de acompañar, tratar y proteger a las personas afectadas.

Misma educación para todos (2022)

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Uruguay aprobó en 2022 un protocolo de actuación para garantizar el derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad. Este decreto desafía a que sea la escuela la que se adapte a cada estudiante y no al revés, y que la inclusión deje de depender de la voluntad de un centro o de la disponibilidad de recursos aislados. La norma impulsa apoyos personalizados, formación docente específica y la eliminación de barreras que históricamente expulsaban a niños y adolescentes con discapacidad de los centros educativos. Esta reforma marcó un cambio de paradigma que invita a pensar en la diversidad como la regla, no en la excepción.

Derecho al cuidado (2015)

La creación del Sistema Nacional de Cuidados fue un paso inédito en la región al reconocer el cuidado como un derecho y no como una tarea silenciosa que recae en las familias, sobre todo en las mujeres. El Estado asumió un rol activo en la atención de la primera infancia, las personas con dependencia y los adultos mayores, y profesionalizó el trabajo de quienes cuidan. Esta decisión política contribuyó a aliviar cargas históricas y empezó a cambiar la forma en que el país piensa sobre el valor del tiempo de cuidado.

Ocho horas para los trabajadores rurales (2008)

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Mientras que la jornada laboral se fijó en ocho horas en 1915, los trabajadores rurales quedaron fuera de este derecho básico hasta el 2008, cuando la Ley 18.441 reconoció el valor del trabajo rural y corrigió esa desigualdad histórica al equipararse con el resto de los asalariados, regulando horarios, descansos y remuneraciones en un sector marcado por la informalidad y las largas jornadas.

Derechos para las trabajadoras domésticas (2006)

En 2006 se reconocieron por primera vez derechos básicos como la jornada de ocho horas, el descanso semanal, el salario mínimo y los aportes obligatorios a la seguridad social para las trabajadoras domésticas, un sector invisibilizado y feminizado que había estado al margen de las protecciones laborales. Esta ley (18.065) impulsó la formalización del empleo en miles de hogares y elevó y dignificó el estatus laboral de quienes realizan estas tareas.

Más mujeres en política (2009)

La participación política de las mujeres llevaba décadas estancada cuando, en 2009, se aprobó la “ley de cuotas”, que obligó a incluir mujeres en posiciones elegibles de las listas electorales. Si bien esta ley no garantizó la paridad, abrió la puerta para que más mujeres llegaran al Parlamento, a gobiernos departamentales y a otros espacios de decisión.

Nuevas maneras de formar una familia

Paternidad subsidiada (2013)

Antes de 2013, la maternidad contaba con 12 semanas de licencia, mientras que los padres tenían apenas tres días. No existía la posibilidad de compartir tiempos de cuidado ni se conocía al padre como parte activa en la crianza. La Ley 19.161, si bien no cambió del todo la situación, puso sobre la mesa la corresponsabilidad como principio. Desde entonces, el subsidio por maternidad se extiende a 18 semanas y el subsidio por paternidad alcanza un máximo de 30 días continuos, además de los tres días dispuestos por la ley del año 2008.

Actualizar la adopción (2009)

La reforma del sistema de adopción en 2009, con la Ley 18.590, buscó agilizar procesos caracterizados por ser lentos, desiguales y poco transparentes. Lo vanguardista de esta ley, sin embargo, fue que permitió que parejas en unión concubinaria —incluidas las parejas del mismo sexo— también pudieran adoptar, lo que amplió las posibilidades de formar familia en Uruguay.

Reproducción asistida más accesible (2013)

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La aprobación de la Ley 19.167 transformó el acceso a las técnicas de fertilidad en Uruguay, que dejó de ser un privilegio costoso para convertirse en una prestación de salud más accesible. Esta ley permite que mujeres solas y parejas —heterosexuales o del mismo sexo— accedan a tratamientos de alta complejidad, y amplía las formas posibles de maternidad y paternidad. Al reconocer el deseo de tener hijos como un derecho y no como un obstáculo económico, esta ley abre la puerta a pensar que formar una familia es una elección que ya no depende solo de la biología.

El apellido de mamá (2013)

Hasta el 2013, el orden de los apellidos seguía una regla incuestionable: el paterno iba primero, sin excepciones. La Ley 19.075 fue más allá de esa tradición y permitió que las familias eligieran libremente qué apellido llevar en primer lugar. Este cambio, que puede parecer simple, tuvo un gran peso simbólico, ya que cuestionó la norma cultural que había naturalizado la primacía del linaje masculino y colocó la maternidad en un plano de igualdad dentro de la identidad civil. n