Su historia es una entre miles en Ecuador. En pocos años, el país pasó de ser considerado uno de los más seguros de América Latina a convivir con niveles de violencia que parecían impensables una década atrás.
Más de 300.000 personas abandonaron sus hogares en los últimos tres años debido a amenazas de muerte, extorsiones, asesinatos de familiares o intentos de reclutamiento por parte de organizaciones criminales, según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y la Defensoría del Pueblo citados por Reuters. Organizaciones que trabajan con las víctimas advierten que la cifra real podría ser aún mayor.
De país seguro a territorio disputado
Ecuador registró el año pasado 9.216 muertes violentas, una tasa de 51 homicidios por cada 100.000 habitantes. La cifra es ocho veces superior a la registrada una década atrás y muy por encima de las tasas informadas por México, de 21,4, y Colombia, de 25,8.
El país tiene además el tercer mayor nivel de desplazamiento interno de América Latina, solo detrás de Haití y Colombia, según el Consejo Noruego para Refugiados.
Durante años, Ecuador había logrado mantenerse relativamente al margen de los niveles de violencia que azotan a otros países de la región. Pero su creciente importancia como ruta del narcotráfico fue transformando ese escenario.
Ubicado entre Colombia y Perú, dos de los principales países productores de cocaína del mundo, Ecuador se convirtió en un punto estratégico para el traslado de droga hacia los mercados internacionales. En ese proceso, crecieron y se fortalecieron bandas locales que comenzaron a disputarse territorios, rutas y barrios enteros.
Nueva Prosperina fue precisamente escenario el año pasado de algunos de los enfrentamientos más sangrientos de Guayaquil.
Una disputa entre facciones de Los Tiguerones dejó 22 muertos. Cuando las familias escapan, según residentes y policías consultados por Reuters, las bandas pueden apropiarse de las viviendas abandonadas, desmantelarlas para obtener dinero o utilizarlas como escondite para personas secuestradas.
Un mensaje de WhatsApp que puede cambiarlo todo
La extorsión se ha convertido también en una herramienta frecuente para controlar los barrios.
La Policía estima que la mitad de las familias de Nueva Prosperina ha sufrido algún tipo de extorsión. Muchas nunca denuncian por miedo.
“Un mensaje de WhatsApp tiene casi el mismo impacto que una bomba”, explicó Francesco Volpi, del Consejo Noruego para Refugiados. “Es una extorsión indiscriminada”.
Un comerciante de 45 años contó que abandonó el distrito después de que sus hijos recibieran amenazas de muerte de bandas que buscaban reclutarlos. También denunció intimidaciones de personas a las que identificó como policías.
El jefe policial de Nueva Prosperina, Gino Pillajo, aseguró a Reuters que varias personas fueron detenidas en el distrito por hacerse pasar por agentes. Reconoció además que el temor impide denunciar buena parte de las extorsiones y dificulta las investigaciones.
La Policía intenta obtener información a través de dirigentes comunitarios y ha colocado códigos QR en comercios para que los vecinos puedan denunciar de forma anónima. Los agentes también acompañan a quienes deciden abandonar el barrio, tanto para brindarles seguridad como para identificar las viviendas que quedarán vacías.
Sin embargo, el problema ya excede a Guayaquil.
Comunidades indígenas chachi cercanas a la frontera con Colombia abandonaron temporalmente sus territorios por amenazas de mineros ilegales. En Babahoyo, provincia de Los Ríos, algunos comercios cierran temprano para protegerse. Y en Sucumbíos, en la Amazonía ecuatoriana, hay familias que dejan sus tierras para evitar que grupos criminales recluten a sus hijos, según casos documentados por el Consejo Noruego para Refugiados.
Una violencia que también fragmentó a las bandas
Daniel Noboa llegó a la Presidencia en 2023 con la promesa de enfrentar a las organizaciones criminales y recuperar el control de las calles. No obstante, su estrategia de seguridad no ha conseguido terminar con la violencia.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil sostiene incluso que algunos aspectos de la ofensiva pudieron contribuir a profundizarla: las muertes y detenciones de líderes criminales provocaron la fragmentación de organizaciones en facciones rivales que ahora se enfrentan por el territorio.
El Gobierno defiende su política y asegura que está debilitando sistemáticamente a los grupos criminales. Entre enero y julio de este año, los asesinatos disminuyeron un 8% respecto del mismo período de 2025, según cifras oficiales. Las autoridades sostienen además que la mayoría de las víctimas de homicidio están vinculadas con bandas.
La seguridad, en el centro de la visita de Marco Rubio
La crisis de seguridad estará precisamente este miércoles 9 de septiembre en el centro de la agenda política de Ecuador.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llega a Quito para reunirse con Noboa, en la segunda escala de una gira regional que comenzó en Colombia y concluirá en Perú.
La visita tiene entre sus prioridades el fortalecimiento de la cooperación contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales, en momentos en que Washington busca profundizar su colaboración con Ecuador en materia militar, de seguridad e inteligencia.
Rubio ya había visitado Ecuador en septiembre de 2025 y, desde entonces, ambos países estrecharon su cooperación frente al crimen organizado.
Un desplazamiento sin reconocimiento legal
Para quienes escapan aparece otro problema: qué ocurre después de abandonar sus casas.
Funcionarios consultados por Reuters reconocieron la existencia del desplazamiento forzado, pero señalaron no saber qué organismo estatal tiene la responsabilidad de ocuparse del tema.
“No existe un reconocimiento legal del desplazamiento forzado interno causado por la violencia y eso significa que el fenómeno no se discute, no se toman medidas para proteger a las víctimas ni se crean mecanismos para monitorear y asistir a las comunidades afectadas”, explicó Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil.
Muchos desplazados terminan refugiándose en casas de familiares, en otros barrios o incluso en otras ciudades. Otros, sin dinero suficiente para marcharse, sin una red de apoyo o simplemente aterrados ante la posibilidad de perder todo lo que tienen, no cuentan con esa opción.
Entonces se quedan. Y quedarse significa aprender a convivir con quienes imponen las reglas.
“Afuera somos prisioneros”
Una mujer de 49 años que todavía vive en Nueva Prosperina describió una existencia marcada por el silencio. “Tenemos que quedarnos callados. Somos cómplices silenciosos. No podemos decir nada porque nuestras vidas están en riesgo”.
Según su relato, las bandas utilizan viviendas del barrio para ocultar a personas secuestradas, prohibieron actividades comunitarias e incluso revisan los teléfonos celulares de los habitantes para comprobar que no tengan vínculos con grupos rivales.
“Somos libres dentro de nuestras casas, pero afuera somos prisioneros”, resumió la mujer. “Ellos ponen las reglas. Si no quieren que estés ahí, te echan”.
Con Reuters, AP y medios locales
FUENTE:FRANCE24
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