Era 26 de marzo del 2025 y faltaba un año para que Marset fuera detenido en Bolivia. Esa noche, tras la negativa de Castaño, el agente de la DEA le escribió por WhatsApp directo al narco, que tenía una foto de su hijo como perfil de su número. El mensaje fue escrito en español, pero el documento de los fiscales solo tiene la traducción.
Sebastián, me llamo Mike Greisen y soy agente de la DEA. Hemos intentado en dos ocasiones brindarle la oportunidad de establecer una comunicación directa conmigo y con mi equipo. Al parecer, usted ha rechazado ambas oportunidades. Queríamos informarle y explicarle cómo podría resolver sus asuntos con Estados Unidos de manera discreta y profesional, teniendo en cuenta su preocupación por sus hijos y otros seres queridos. Me gustaría explicarle cómo abordar esas inquietudes y, al mismo tiempo, solucionar sus problemas con Estados Unidos; problemas que no van a desaparecer. Tiene la oportunidad de arreglar la situación. De lo contrario, simplemente está esperando el día de su inminente captura. Estados Unidos cuenta con un brazo de la justicia de largo alcance, vastos recursos y paciencia. Mantendremos la presión hasta capturarlo, tal como lo hicimos con El Chapo, el Mayo, Caro Quintero, Otoniel y muchos otros. La decisión es suya.
La respuesta de Marset no dejó espacio a dudas. “(N)o me van a capturar nunca” y “(l)a justicia no existe”.
Greisen insistió.
Entiendo tu postura y las complicaciones que conlleva. Pero, como profesional, voy a seguir haciendo mi trabajo, hermano. Me he puesto en contacto contigo personalmente para enviarte este mensaje de forma directa. Aprecio sinceramente tu franqueza. Simplemente intento ofrecerte una salida y salvar la vida de tus hijos.
Marset disparó una serie de mensajes.
(¿)Los van a matar o qué?
Yo soy mucho más inteligente que toda la dea junta
Estás acostumbrado a los sapos que tienen por tu país
Mira que nadie es inmortal. Hijo de puta
Vos debes de ser un sapo más. Convertido en dea (sic)
Sin esperar respuesta, Marset lo llamó por teléfono y hablaron unos dos minutos. El agente grabó la conversación. Según el documento de los fiscales, le dijo al narco que tenía una causa en Estados Unidos y le ofreció la oportunidad de conseguir un abogado en ese país. El uruguayo respondió que nunca lo encontrarían.
Llevo tres años huyendo y seguiré huyendo toda la vida, si es necesario. Nunca me atraparán. (…) Dejen en paz a mi novia, porque la cosa se va a poner fea. Miren, no le temo a eso, ni a la DEA, ni a nadie, a nadie. No le temo a nadie. Todos somos mortales.
El agente le respondió que comprendía su posición, pero que los cargos en su contra no desaparecerían. Y Marset respondió antes de cortar: “No me interesan los cargos. No me interesan los cargos. Soy un delincuente; seré un delincuente toda mi vida, venga quien venga a buscarme”.
Después de terminar la llamada. Marset escribió: “Que te quede claro”.
Para cerrar el diálogo, Greisen le escribió otra vez.
Me alegra que tus hijos estén contigo y a salvo. Debes respetar el hecho de que me estoy comunicando contigo directamente, como un hombre. Así que lo dejaremos así. Tienes mi número por si cambias de opinión.
La caída y la “colaboración” inicial
Casi un año después del intercambio, el 13 de marzo del 2026, Marset fue arrestado en Bolivia.
La defensa asegura, en un escrito presentado la semana pasada, que la DEA estuvo detrás del operativo, en el que los policías bolivianos actuaron como “proxis” en una detención violenta. Relató que según surge de la documentación del caso en octubre de 2025 la Policía Federal de Brasil puso un rastreador de GPS en equipaje de Susana Castaño, la novia de Marset, y luego ubicó el dispositivo en una casa en una residencia en Santa Cruz.
“No se proveyó información ni detalles sobre cómo el dispositivo de rastreo fue plantado, si fue con autorización de la justicia brasielaña, o qué rol jugó la DEA en el evento o en la coordinación de intercambios sobre la localización entre las autoridades brasileñas y bolivianas”, cuestiona la defensa.
Los fiscales, en cambio, sostienen que las autoridades de ese país avisaron a la DEA dos días antes que habían averiguado a través de fuentes de inteligencia que el uruguayo estaba cerca de Santa Cruz de la Sierra.
Sebastián Marset tras su captura en Bolivia.
ABC Color - Paraguay
“Aunque la DEA fue informada sobre la operación antes y después de que esta tuviera lugar, no participó en los detalles de la planificación ni de la ejecución”, aseguran los fiscales. También negaron que haya sido un opertivo violento.
La policía boliviana detuvo a Marset e incautó más de 20 dispositivos electrónicos. El narco y esos materiales fueron entregados a la DEA. Dos agentes federales lo acompañaron en un vuelo a Perú, primero, y luego a Estados Unidos.
En ese punto el relato de los fiscales y la defensa vuelve a ser contradictorio. El uruguayo denunció que lo presionaron para que colaborara a cambio de un acuerdo para reducir su pena. Además, aseguró que dos agentes federales lo intentaron extorsionar y le pidieron las claves de sus billeteras digitales para quedarse con más de 4 millones de USDT, una criptomoneda.
La defensa escribió que interrogaron al uruguayo en una sala en el aeropuerto de Dulles, en Washington, pero no tomaron registro de audio. El reporte del interrogatorio presentado en la Justicia no es fiel a los hechos, sostienen. Marset pidió hablar con un abogado porque sabía que todo lo que dijera podía ser usado en su contra, pero no le hicieron caso. Además, los abogados advierten que al no haber grabación, es imposible confirmar que la descripción incluida en el reporte oficial se ajusta a la realidad.
Según la versión de la fiscalía, no es irregular que el interrogatorio en el aeropuerto sucediera sin que fuera grabado, dado que la sala no contaba con los implementos necesarios para hacerlo. En esa instancia, los agentes le explicaron a Marset que parte de la cooperación con Estados Unidos implicaba el consentimiento para que le revisaran los dispositivos electrónicos incautados, a lo que el uruguayo accedió. “Después de que el defendido firmó el formulario”, comentó a los investigadores en “un tono de broma que firmarlo valía ‘puntos’” a la hora de una eventual sentencia. La respuesta de los agentes fue que ellos no definían esas cosas y que dependerían de un juez.
Los federales le mostraron los 23 celulares, dos iPads y una MacBook a Marset, quien identificó como de uso personal y dio las contraseñas de un iPhone 17 Pro Max naranja, un iPhone 17 blanco y un iPhone 16 oro rosa, una MacBook y un IPad.
Los investigadores le preguntaron si poseía criptoactivos. En el celular blanco tenía una billetera con US$ 1,5 millones en criptomonedas. En el naranja tenía una billetera con US$ 1,43 millones y otra con US$ 1,03 millones de dólares.
El defendido declaró que las criptomonedas eran parte de sus ganancias por el tráfico de cocaína en Bolivia y ante la pregunta de dónde guardaba el resto del dinero, respondió que no tenía porque prefería “reinvertir las ganancias” para comprar más drogas. en más compra de drogas. Al momento de su detención, declaró, “tenía su dinero invertido en aproximadamente 10 toneladas de cocaína”.
El relato de los fiscales agrega otras dos instancias de supuesta colaboración de Marset. Ni bien fue detenido, declaró a la DEA que el Primer Comando de la Capital (PCC) trafica desde Estados Unidos entre el 80% y 90% de sus armas en Bolivia. La segunda oportunidad fue cuando era trasladado al juzgado para su primera audiencia; en el camino, según los agentes federales, accedió a proporcionar los códigos para abrir las cajas de seguridad que encontró la policía boliviana en su casa y les dijo que en una de ellas había un celular suyo que no había sido incautado.
La defensa de Marset había pedido al juez que desestimara los cargos contra su cliente porque el proceso penal es “una persecución motivada por afán de represalia” y que su cliente fue víctima de extorsión y de una violación de sus derechos. En un escrito presentado la semana pasada, aseguró que, “desde el primer momento, la DEA intentó lograr la cooperación del acusado mediante amenazas contra su familia. Cuando el acusado rechazó la ‘oportunidad’ ofrecida por la DEA de entregarse voluntariamente —planteada en aras de la seguridad de su familia y seres queridos—, los agentes pusieron en marcha una serie de acontecimientos destinados a garantizar que Sebastián Marset fuera trasladado a este país en violación de las obligaciones internacionales contraídas por Estados Unidos mediante tratados, y con la intención de privarlo de los beneficios que dicho tratado otorga a las personas sujetas a extradición”.
Al supuesto hostigamiento sobre Susana Castaño, la defensa de Marset dieron otro ejemplo de abuso de la DEA sobre un allegado al uruguayo. Menciona el caso de uno de sus abogados fuera de Estados Unidos, quien en julio del 2026 estaba en la fila de migraciones del Aeropuerto el Dorado, en Bogotá, y la policía de Colombia lo llevó a una sala en la que lo esperaba una agente de la DEA. El abogado no quiso hablar sobre su cliente, ni siquiera después de que la agente le escribiera por WhatsApp para preguntarle si esaba dispuesto a conversar en la Embajada de Estados Unidos “sobre su implicación en el caso Marset”.
En una carta escrita desde la cárcel y enviada al juez, Marset denunció algunos de esos episodios. Aseguró que mientras era trasladado al centro de detención los agentes Michael Greisen y Tyler Ganzel le “exigieron que les proveyera acceso” a su billetera de critpomonedas, “valuada en unos $ 4 millones de USDT”. “Este intento de extorsión está documentado: los agentes subsecuentemente contactaron a mi madre” y le solicitaron “fotos de una libreta” que contenía “las llaves de acceso”, añade. Según la carta, esos “mensajes fueron preservados y constituyen evidencia escrita de la conducta extorsiva”.
Los fiscales negaron la acusación. En el escrito presentado el lunes 7 dijeron que la existencia de la libreta con los datos de las billeteras digitales había surgido de una llamada que Marset mantuvo con su madre y que los agentes escucharon. Después de que el narco compareció ante el juez por primera vez, los federales llamaron a la madre para avisarle que su hijo estaba bien, según esa versión, y le preguntaron por la libreta.
“Posteriormente, la madre del acusado envió una fotografía de un cuaderno al agente especial Greisen y le pidió que mostrara la imagen al acusado para confirmar si se trataba del cuaderno correcto. La madre del acusado nunca envió una fotografía del contenido del cuaderno, ni los agentes de la DEA se lo solicitaron. Los agentes de la DEA nunca recibieron el cuaderno”, describe el escrito de los fiscales.
Sobre el contacto con el abogado de Marset en el aeropuerto de Bogotá —de iniciales RA—, los fiscales aseguran que le pidieron para hablara al profesional y a otra persona pero por una investigación “separada, pero relacionada con” la del uruguayo.
“Nada de lo relativo a la investigación o al enjuiciamiento del acusado ha sido indignante; en ningún momento se han vulnerado el debido proceso ni los principios fundamentales de equidad”, agrega el escrito. “Es posible que al acusado no le agraden las circunstancias de su detención y procesamiento, y que ahora lamente la actitud colaboradora que mostró inicialmente ante las fuerzas del orden. No obstante, la investigación y el enjuiciamiento del acusado se han ajustado plenamente a la legalidad”.
La droga hacia Estados Unidos
“Los Estados Unidos no es la 'policía del mundo', de acuerdo con el expresidente Barack Obama y el actual presidente Donald Trump. Este mensaje parece haberse perdido en los fiscales y agentes de la DEA asignados a este caso”. Así comienza uno de los escritos presentados por la defensa de Marset la semana pasada, en los que cuestiona varios aspectos del caso presentado por Estados Unidos contra Marset.
Uno de los puntos es que fue expulsado de Bolivia a Estados Unidos para evitar el proceso de extradición, que es más garantista. Cuando fue detenido, Marset tenía como único cargo en su contra un delito de conspiración para lavar dinero; si lo hubiesen extraditado por esa causa los fiscales no hubieran podido agregar los otros tres.
“Los esfuerzos deliberados de Estados Unidos por eludir el proceso de extradición proporcionaron a los fiscales una herramienta poderosa —de la que de otro modo no habrían dispuesto— como parte de una campaña de presión para lograr que el acusado se declarara culpable”, dice la defensa.
Indica también que en las acusaciones iniciales de los fiscales no se lo acusa de violar las leyes antidrogas de EE.UU. “No alegan que haya nunca enviado ni siquiera un gramo de cocaína” a ese país, escribieron. Las autoridades tampoco dieron en sus alegatos una descripción precisa del Primer Comando Uruguayo, la organización narcoterrorista que Marset lideraría.
“La presunta conducta del acusado no satisface ni remotamente la definición legal de ‘terrorismo’, que se refiere a la violencia premeditada y de motivación política perpetrada contra objetivos no combatientes por grupos subnacionales o agentes clandestinos”, argumenta la defensa.
En respuesta a ese planteo, los fiscales presentaron un escrito en el que reiteran su descripción de Marset como alguien que dirigió una organización de tráfico masivo de cocaína en todo el mundo, lavó fondos a través de EE.UU., tiró explosivos en una sede policial —un atentado en 2020 a la oficina en Montevideo de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas—, amenazó a agentes de la DEA y autoridades —a la fiscal general Mónica Ferrero— y “mató testigos”.
“Fue durante muchos años uno de los narcotraficantes más prolíficos de Sudamérica. Autodenominado el 'Rey del Sur', traficó toneladas de cocaína —valoradas en millones de dólares estadounidenses— desde Sudamérica hacia diversos lugares del mundo, particularmente Europa, pero también Estados Unidos”, dicen los fiscales. “El acusado amenazó y cometió numerosos actos de violencia en el marco de sus actividades de narcotráfico. Dichos actos tenían como finalidad promover su organización de narcotráfico, garantizar su propia libertad e intimidar a terceros para que se sometieran a su voluntad”.
En el texto informan que, “si bien gran parte de esta cocaína tenía como destino Europa, el gobierno prevé presentar pruebas en el juicio de que el acusado envió cocaína a los Estados Unidos”. Y añaden que, para “distribuir la cocaína, el acusado utilizaba buques portacontenedores y lanchas rápidas sin bandera, entre otros métodos”, además de asociarse con organizaciones definidas por la administración de Donald Trump como narcoterroristas: el Clan del Golfo (Colombia) y el Primer Comando de la Capital (Brasil). Incluyen en el texto una captura del video que circuló en redes y en el que Marset aparece armado y con una bandera del PCC detrás.
“El hecho de encontrarse en el extranjero no otorga —ni puede otorgar— al acusado licencia para traficar cocaína a escala mundial (incluso en alta mar y hacia los Estados Unidos), asociarse con organizaciones terroristas extranjeras (que por su propia naturaleza perjudican a los EE.UU.), blanquear dinero a través del sistema financiero estadounidense y amenazar a la DEA cuando esta se atrevió a investigarlo”, sostienen los fiscales. “Por consiguiente, el delito del acusado afectó importantes intereses estadounidenses, y no resulta arbitrario procesarlo en este país”.
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