Legisladores del Frente Amplio (FA) decidieron “desarchivar” un proyecto de ley para “regular” la compra de tierras por parte de extranjeros, que fue presentado en 2020 en el Parlamento por integrantes de esa agrupación política, entre los cuales figuraba el expresidente de la República, José Mujica, y su esposa y exvicepresidenta, Lucía Topolansky.
El proyecto, que impulsa el partido político que actualmente gobierna en Uruguay, tiene el objetivo de regular la “adquisición del pleno dominio, la nuda propiedad o la posesión de las tierras ubicadas en suelos categorizados como rurales, por personas físicas de nacionalidad extranjera”.
La regulación planteada también comprende a “personas jurídicas y otras estructuras jurídico-negociables, que hayan sido constituidas en un país extranjero, que sean propiedad o estén controladas mayoritariamente por extranjeros, independientemente del país de su constitución”.
“En la bancada del FA nos pareció oportuno empezar el tratamiento” del proyecto, que aborda un tema “muy importante”, y “el haberlo desarchivado” es porque “el fondo” del proyecto “mantiene vigencia para ser estudiado en profundidad”, dijo a Agro de Búsqueda el presidente de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Senadores, Aníbal Pereyra.
En la reunión del jueves 2 de julio, esa comisión resolvió incluir en el orden del día de la próxima sesión, a realizarse este jueves 9, el proyecto de ley por el que se regula la adquisición de inmuebles rurales por sujetos extranjeros.
El legislador e integrante del Movimiento de Participación Popular (MPP) señaló: “No es un proyecto que queremos sacarlo de apuro, (y) requerirá la consulta a representantes del Poder Ejecutivo, los ministerios que correspondan, las organizaciones que deseen expresarse y estudiar los aspectos jurídicos”, entre otros puntos.
Pero “si lo desarchivamos no es para tenerlo a estudio durante cinco años, si no, no lo hubiéramos desarchivado”, sostuvo Pereyra, en alusión a la intención de avanzar en su tratamiento y aprobación en la presente legislatura.
En relación con el tema, el senador valoró el rol del Instituto Nacional de Colonización en la adquisición de tierras y su función en apoyo a sectores productivos, como el lechero.
“Imaginemos a Uruguay sin la ley de Colonización, ante la presión que hay en la compra de tierras por parte de extranjeros, entre otros, y lo que significa el poder tener herramientas para sostener el trabajo rural y a las familias” en el campo, dijo.
Destacó que hay otros temas de relevancia como la decisión de salir a mantener encuentros con agrupaciones de productores rurales en el territorio para complementar el trabajo de la Comisión de Ganadería. Y entre los asuntos prioritarios también figura el plan de riego, por lo cual fue convocado el exministro de Ganadería y actual coordinador del plan, Tabaré Aguerre, a la sesión a realizarse este jueves 9 en el Senado.
Soberanía y talón de Aquiles
El artículo 1 del proyecto de ley en cuestión dispone: “Declárase de interés general la preservación y la defensa de la soberanía sobre los recursos naturales en general, y sobre la tierra en particular”.
Y en el artículo 4 establece una serie de requisitos para los extranjeros que pretendan adquirir inmuebles rurales en Uruguay.
“Solo podrán adquirir el pleno dominio, la nuda propiedad o la posesión las personas físicas de nacionalidad extranjeras, tengan o no domicilio en territorio uruguayo, cuando cumplan alguno de los siguientes requisitos: que hubiesen adquirido la ciudadanía legal, que cuenten con 10 años de residencia, continua, permanente y comprobada en el país, y que tengan hijos uruguayos y demuestren una residencia permanente y comprobada de cinco años”.
Otro de los requisitos contemplados en este proyecto de ley es que las personas involucradas “se encuentren unidas en matrimonio o en concubinato declarado judicialmente con un ciudadano natural o legal uruguayo, al menos con cinco años de anterioridad a la fecha de la celebración del negocio jurídico, y demuestre residencia continua, permanente y comprobada en el país por igual término”.
Plantea además que solo podrán adquirir inmuebles rurales las personas jurídicas “cuando no estén incluidas” en alguna de las siguientes categorías: “Personas jurídicas constituidas en el extranjero” y aquellas “cuyo capital esté integrado en proporción superior al 51% o en proporción necesaria para formar la voluntad social mayoritaria independientemente del porcentaje accionario, sea de titularidad de personas físicas de nacionalidad extranjera o personas jurídicas constituidas en el extranjero”.
Igualmente, esa determinación comprende a las “personas jurídicas que por cualquier otro medio no mencionado en el punto anterior sean controladas mayoritariamente por personas físicas de nacionalidad extranjeras o constituidas en el extranjero”.
Proyecto presentado en plena pandemia
En plena pandemia del Covid, en julio de 2020, fue presentado el proyecto de ley original en el Parlamento por integrantes del FA, que en ese entonces ocupaban un lugar en el Senado: Carolina Cosse, Amanda Della Ventura, Sandra Lazo, Lucía Topolansky, Óscar Andrade, Eduardo Bonomi, Charles Carrera, José Mujica y Daniel Olesker.
Algunos de estos políticos desempeñan cargos importantes en el gobierno del presidente Yamandú Orsi, como los casos de Cosse, quien es actualmente vicepresidenta de la República, Lazo, ministra de Defensa, y Olesker, subsecretario de Industria.
“La razón que nos moviliza a presentar este proyecto es el denominado problema de la extranjerización de la tierra”, plantearon en la exposición de motivos.
Y argumentaron: “El problema de la extranjerización de la tierra es una cuestión de soberanía, con lo cual queremos decir que este es, en muchos casos, el talón de Aquiles de las posibilidades de desarrollo de nuestro país”.
“La soberanía nacional no es definible solo en función de la propiedad privada de los suelos, no obstante, esto importa y mucho sobre todo en un pequeño país” como Uruguay, consideraron.
Plantearon “asegurar a nuestros legítimos descendientes que una parte importante del territorio sea de propiedad de nuestros compatriotas y, en este sentido, defender nuestra tierra se vuelve un mandato ineludible”.
Otros motivos expuestos en el texto del proyecto aluden a que se asiste a un “incremento desmesurado de liquidez”, que, “en diversos fondos internacionales, algunos responden a intereses transnacionales y otros, lisa y llanamente son de la propiedad de Estados”.
