Tras la Rendición de Cuentas, diputados retomarán el proyecto para independizar a la Defensoría Pública

Los legisladores coincidieron en que existe un “gran acuerdo parlamentario” sobre la necesidad de darle autonomía al servicio de defensa pública. Aunque, reconocieron, todavía falta resolver algunos “nudos” vinculados a los bienes y a eventuales incompatibilidades con la Constitución, que fueron advertidos tanto por académicos como por los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

En diálogo con Búsqueda, Garlo dijo que no tienen una propuesta concreta para presentar todavía, pero que mantuvieron reuniones con los actores involucrados en el proceso y trabajan en una redacción sustitutiva de los artículos en cuestión, que será elevada a la comisión luego del tratamiento de la Rendición.

Durante el coloquio, el senador Ojeda advirtió que “lo que no debería pasar” es que el proyecto “vaya al pantano” y sostuvo que su discusión en la Cámara de Diputados debería suceder “en lo posible durante este año”, para aprovechar el impulso que obtuvo tras su aprobación en el Senado, en octubre de 2025.

Ojeda propuso, como posible solución, eliminar del texto del proyecto toda referencia al traspaso de bienes entre el Poder Judicial y la futura Defensoría Pública. Esto debido a que la iniciativa legislativa prevé que la Corte transfiera al nuevo organismo descentralizado todos los bienes destinados a la prestación del servicio de la defensa pública, uno de los puntos que fue visto con preocupación por la SCJ, que en octubre del año pasado advirtió al Parlamento que ocasionaría “graves perjuicios institucionales y económicos al Poder Judicial”.

“Yo sacaría cualquier referencia a los bienes. La sacaría del texto de la ley y la eliminaría sin poner otra cosa”, sostuvo. También propuso mantener una participación de la Corte en el proceso de selección de defensores públicos, con la intervención de un representante en los tribunales de concurso.

Para el senador colorado, esos dos temas constituyen “los dos puntos neurálgicos para salir del pantano”.

Por su parte, Moreira coincidió en que la autonomía de la Defensoría Pública es un objetivo compartido por el sistema político, y que “el proyecto venía con mucho empuje” y su discusión “no puede eternizarse”.

“Me preocupan menos los bienes que los concursos”, sostuvo. La senadora transmitió reparos respecto a modificar el régimen de concursos para facilitar un acuerdo. Según el artículo 239 de la Constitución, las designaciones de defensores y los directores las debe realizar la SCJ. A su entender, “una institución autónoma tendría que tener la libertad de poder armar sus tribunales y hacer su orden de prelación”. Por lo tanto, cree que solo se debería mantener la ratificación de las designaciones por parte de la Suprema Corte de Justicia, para cumplir con lo previsto en la Constitución.

“Hay consenso en el sistema político sobre la autonomía y ninguna redacción va a obstaculizar eso”, afirmó. La senadora destacó la importancia de que la Defensoría Pública obtenga la independencia del Poder Judicial: es “un deber imprescindible”.

En tanto, la secretaria general de la Asociación de Defensores Públicos, Lucía Long, explicó a Búsqueda que el ciclo de coloquios que organizaron busca reinstalar el proyecto en la agenda política, luego de varios meses sin avances legislativos, para “que no se quede dormido”.

El proyecto, que fue presentado por la bancada de senadores del Frente Amplio en la legislatura pasada, consagra la autonomía del organismo que provee asistencia legal a las personas de menos recursos económicos, que no tienen la posibilidad de contratar un defensor particular.