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Entre los primeros proyectos de ley ingresados este año al Parlamento figura uno que tiene el propósito de lograr la restitución de la “plena libertad en la titularidad y explotación de inmuebles rurales”, así como la “convalidación de aquellas situaciones que, bajo el régimen de la normativa vigente, hubieren sido consideradas nulas”.
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La iniciativa fue presentada en febrero por el diputado del Partido Colorado, por Montevideo, Juan Martín Jorge Canadell, y remitida en marzo a la Comisión de Ganadería de la Cámara de Representantes.
El proyecto de ley tiene como objetivo derogar la Ley N° 18.092, del 7 de enero de 2007, impulsada en el primer gobierno del Frente Amplio para prohibir que las sociedades anónimas sean propietarias de tierras.
La derogación de esa norma legal responde a la “necesidad de eliminar restricciones innecesarias” y “garantizar un marco normativo más eficiente y equitativo para la inversión en el sector agropecuario”, según el proyecto. Indica que “se parte de la premisa de que la identificación de los titulares ya está debidamente regulada” y que “las limitaciones actuales generan distorsiones en el mercado”.
El diputado colorado plantea en su iniciativa que los defensores de la Ley N° 18.092 sostienen que su propósito es “garantizar la transparencia” en la titularidad de inmuebles rurales y “fomentar el desarrollo productivo” del sector agropecuario. Y argumentan que la exigencia de acciones nominativas permite la “identificación plena” de los propietarios, contribuyendo al “control fiscal” y “evitando la especulación inmobiliaria”, señala.
Considera además que los impulsores de esa norma aducen que la regulación busca “prevenir la concentración excesiva de tierras y promover un acceso equitativo a la propiedad rural”, así como “establecer un sistema de información verificable” sobre los titulares de inmuebles.
No obstante, para Jorge Canadell, la aplicación de la Ley N° 18.092 ha generado diversas críticas: en primer lugar la transparencia en la titularidad ya está garantizada por el Registro de la Propiedad y por la obligación de informar beneficiarios finales ante el Banco Central del Uruguay, según lo establecido en la Ley N° 19.484 y normas concordantes. Y “no existen pruebas de que la identificación de los titulares promueva la producción agropecuaria o genere desarrollo económico”, justifica.
Desde la promulgación de la ley de sociedades anónimas tenedoras de inmuebles rurales el Poder Ejecutivo otorgó una serie de excepciones a empresas de diferente condición jurídica, para conceder la autorización a ser propietarios de campos.
Algunas de las primeras excepciones realizadas en ese sentido fueron compañías forestales vinculadas a las plantas de celulosa, que cotizan en las bolsas internacionales y en ese ámbito sus acciones cambian de manos con cierta regularidad, lo que se planteó como una dificultad para la identificación de sus titulares.
Doble estándar
Otro argumento que plantea el diputado colorado es que la normativa “impone un doble estándar”, ya que “no se aplican restricciones similares a la propiedad de inmuebles urbanos”. Igualmente, la existencia de mecanismos que exceptúan la aplicación de la ley, como la “excepción de proyecto productivo”, permite que grandes empresas y fondos de inversión eludan la prohibición, mientras que inversores individuales o pequeñas empresas enfrentan barreras innecesarias, sostiene.
Cuestiona además que esta ley “impone requisitos burocráticos que generan demoras” y “obstaculizan la dinámica” del mercado de tierras rurales.
En cuanto al proyecto de ley y sus implicancias, advierte que “la convalidación de situaciones previas busca evitar efectos adversos sobre transacciones realizadas bajo el régimen derogado”, dotando de seguridad jurídica a los inversores y actores del agro.
Como derivación de este aspecto, “restituye la libertad de titularidad y explotación de inmuebles rurales, eliminando barreras innecesarias, fomentando la inversión y promoviendo el desarrollo económico”, afirmó Jorge Canadell, quien es doctor en Derecho.
