La necesidad de preservar los recursos naturales encuentra respaldo entre los representantes del sector agropecuario, pero la forma de implementar las regulaciones ambientales es motivo de cuestionamientos.
Aguirrezabala plantea que Uruguay puede mejorar su productividad y sostenibilidad al mismo tiempo; ARU y productores de Casupá advierten sobre la incertidumbre que provocan las posibles restricciones en la cuenca de la futura represa
La necesidad de preservar los recursos naturales encuentra respaldo entre los representantes del sector agropecuario, pero la forma de implementar las regulaciones ambientales es motivo de cuestionamientos.
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáLas demoras en los permisos, las condiciones para realizar nuevas inversiones y la distribución de los costos de conservación aparecen como ejes de una discusión que tiene en Casupá uno de sus principales focos.
El coordinador general de Fucrea y exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Martín Aguirrezabala, sostuvo en una entrevista con revista Verde que la sostenibilidad es una exigencia “imprescindible” en sus dimensiones económica, ambiental, social y de gobernanza. Sin embargo, advirtió que la burocracia asociada a esas exigencias puede convertirse en un freno para el desarrollo.
“En las condiciones de Uruguay, se puede ser más sostenible y más productivo”, afirmó. A su juicio, el país debe avanzar en sostenibilidad y certificación con un marco público que permita verificar las prácticas, pero también con participación privada y los trámites mínimos indispensables.
Como ejemplo de las dificultades actuales, mencionó proyectos forestales de pequeñas y medianas empresas que permanecen detenidos mientras esperan autorizaciones, en algunos casos, durante un año. Señaló que también existen obstáculos en iniciativas de riego y otras inversiones productivas.
Para Aguirrezabala, en muchos casos el problema radica más en las exigencias burocráticas que en las ambientales. Incluso, consideró que esa situación provoca temor a medir y mostrar la evolución de los sistemas productivos.
Fucrea desarrolló un manual de buenas prácticas de sostenibilidad ambiental, con indicadores, y trabaja en incorporar esa información a su base de datos. El objetivo, explicó, es evaluar cómo mejorar los resultados económicos dentro de un marco sostenible.
El coordinador señaló que existen asociaciones positivas entre productividad y desempeño ambiental. En ganadería, mencionó datos que muestran que el aumento de la productividad permite reducir la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero.
También defendió la necesidad de regular aspectos como la conservación de suelos y las aplicaciones fitosanitarias, y de mejorar la gestión de envases, plásticos y otros residuos. Su cuestionamiento apunta a cómo se establecen y ejecutan las exigencias.
“Tenemos que medir, aprender y poner los límites donde indique la evidencia científica. No podemos fijar primero un límite y estudiar después”, sostuvo.
La discusión adquiere una dimensión concreta en la cuenca de la futura represa de Casupá, donde la propuesta de incorporar unas 67.000 hectáreas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas causa preocupación por las condiciones que regirían para producir.
El presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rafael Ferber, diferenció en una entrevista con Agronegocios Sarandí (Radio Sarandí) la afectación de los predios que serán expropiados para la represa de las posibles consecuencias sobre una superficie productiva más extensa.
Sostuvo que la inclusión de un padrón en un área protegida afecta el patrimonio de su propietario y cuestionó que esa incorporación se traduzca necesariamente en una valorización comercial.
Aunque reconoció que las condiciones definitivas se conocerán al finalizar el proceso, advirtió que la incertidumbre ya incide sobre las decisiones empresariales. Sus dudas se refiere a la posibilidad de incorporar riego, instalar un tambo o modificar el sistema productivo. “¿Quién va a invertir si no sabe qué podrá hacer?”, planteó el dirigente.
Ferber también cuestionó los eventuales costos de impedir el acceso del ganado a los cursos de agua. El presidente de la ARU explicó que las crecientes dificultan mantener alambrados en determinados lugares y reclamó que se reconozcan tanto las inversiones necesarias como las posibles afectaciones al uso de esos campos.
Álvaro Rivadavia, productor de la zona de Casupá, planteó a Agro de Búsqueda (ver edición del jueves 12) que los costos de preservar una fuente de agua destinada al abastecimiento metropolitano deben formar parte de la evaluación económica del proyecto.
“¿Por qué tenemos que asumir el costo?”, preguntó. Su posición es que, si las medidas de protección obligan a resignar ingresos, debería existir una compensación por las pérdidas de ingresos derivadas de esas restricciones.
Como ejercicio para dimensionar una eventual afectación, tomó una referencia de US$ 230 por hectárea de ejercicios anteriores de las carpetas verdes del Instituto Plan Agropecuario. Sobre esa base, y bajo el supuesto de una reducción de 50% de los ingresos en las 67.000 hectáreas, estimó un eventual lucro cesante de US$ 7,705 millones.
Para los productores, las definiciones pendientes abarcan tanto las reglas ambientales como sus consecuencias económicas y sociales. Rivadavia advirtió que en la zona predominan establecimientos pequeños y medianos vinculados a una red de trabajadores y prestadores de servicios que también podría verse afectada.
Los planteos coinciden en reclamar condiciones claras para compatibilizar conservación con producción: conocer qué se podrá producir, sobre qué evidencia se definirán las restricciones y cómo se pagarán los costos de proteger los recursos naturales.