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En representación del G77+China, Uruguay promovió en la ONU una resolución crítica sobre Israel
El texto aprobado “reconoce el derecho del pueblo palestino a reclamar indemnización por la explotación, el daño, la destrucción, el agotamiento o la puesta en peligro de sus recursos naturales, como consecuencia de las medidas ilegales tomadas por Israel y los colonos”; Estados Unidos criticó la redacción “desequilibrada” de la resolución
Representante de Uruguay ante Naciones Unidas, Laura Dupuy.
Al ocupar la presidencia del G77+China, integrado por países del “sur global” y el gigante asiático, Uruguay estuvo a cargo de presentar en el Comité Económico Financiero de Naciones Unidas (ONU) un proyecto de resolución crítico con Israel.
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El conflicto entre israelíes y palestinos es objeto de resoluciones anuales en distintos ámbitos de la ONU. Durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, Uruguay cambió la posición histórica del país en algunas votaciones y se abstuvo de apoyar algunas resoluciones críticas con medidas israelíes y la situación de los “territorios ocupados”, una decisión que fue revertida por la actual administración.
Este miércoles 11 la representante de Uruguay ante la ONU, Laura Dupuy, presentó el proyecto de resolución titulado Soberanía permanente del pueblo palestino en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y de la población árabe en el Golán sirio ocupado sobre sus recursos naturales. La propuesta fue aprobada por 151 votos a favor y siete en contra (Colombia, Israel, Micronesia, Naoero, Palau, Paraguay y Estados Unidos), con 11 abstenciones (entre ellos Argentina, Costa Rica y Ecuador).
La propuesta aprobada está en línea con textos que Uruguay ya acompañó en años anteriores, aunque en este caso le tocó presentarla por su posición en el G77+China.
En sus considerandos, la resolución expresa su “preocupación ante la explotación por Israel, la potencia ocupante, de los recursos naturales del territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y de otros territorios árabes ocupados por Israel desde 1967” y su “profunda preocupación por la destrucción en gran escala de tierras agrícolas y huertos” perpetrada por Israel en territorios ocupados, “en particular arrancando un gran número de árboles frutales y destruyendo granjas e invernaderos, y por el grave impacto ambiental y económico de esos actos”.
También expresa su “profunda preocupación” por “la destrucción generalizada de infraestructura vital, incluidos conductos de agua, redes de alcantarillado y redes de suministro de electricidad”, causada por Israel, en particular en Gaza, lo cual “ha contaminado el medio ambiente y afecta negativamente al funcionamiento de los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento y el suministro de agua y otros recursos naturales del pueblo palestino, y destacando la urgencia de la reconstrucción y el desarrollo de la infraestructura de abastecimiento de agua y otras infraestructuras civiles básicas”.
La resolución aprobada también deplora “el perjuicio que entrañan los asentamientos israelíes para los recursos naturales palestinos y otros recursos naturales árabes, en particular de resultas de la confiscación de tierras y el desvío forzado de los recursos hídricos, que incluyen la destrucción de huertos y cultivos y la apropiación de pozos de agua por los colonos israelíes, y las graves consecuencias socioeconómicas que traen consigo”.
El texto introducido por Uruguay, entre otros puntos, “reafirma los derechos inalienables del pueblo palestino y de la población del Golán sirio ocupado sobre sus recursos naturales, incluidos los recursos terrestres, hídricos y energéticos” y le “exige a Israel” que “deje de explotar, dañar, destruir, agotar y poner en peligro los recursos naturales del territorio palestino ocupado”. Además, “reconoce el derecho del pueblo palestino a reclamar indemnización por la explotación, el daño, la destrucción, el agotamiento o la puesta en peligro de sus recursos naturales, como consecuencia de las medidas ilegales tomadas por Israel” y los colonos.
El rechazo de Israel y Estados Unidos
Antes de la votación, el delegado de Israel dijo que la resolución “no promueve el desarrollo palestino”, sino que contribuye “a preservar las mismas condiciones que han negado a los palestinos la prosperidad que merecen”, según un resumen publicado por la ONU. Sostuvo que la propuesta ignora “la corrupción, la deficiente gestión” y el terrorismo de los líderes palestinos, quienes “roban la ayuda destinada a su pueblo, le niegan la democracia”, “radicalizan a sus hijos y los exponen al peligro”. El delegado israelí dijo que “con demasiada frecuencia el sufrimiento palestino se utiliza como una herramienta política” y cuestionó que “no existe ni una sola mención a Hamás”, “una organización terrorista que busca la destrucción de Israel y del pueblo judío”.
Una vez aprobada la resolución, el representante de Estados Unidos consideró “desequilibrada” la redacción del texto, lo que en su opinión demuestra “un sesgo institucional claro y persistente dirigido contra un Estado miembro”. Instó a la Autoridad Palestina a, entre otras cosas, poner fin al “aborrecible programa de prisioneros y mártires, más conocido como ‘pago por matar’”.
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