“Los rumores en torno a un presunto consumo” de fentanilo (un opioide que se usa para calmar el dolor) por parte de la anestesista dentro de la mutualista aumentaron a partir de noviembre de ese año, luego de un episodio en el que fue acusada de consumo de sustancias por parte de una enfermera. Esto, plantea la denuncia, “nunca fue probado”.
“En forma inmediata, la sociedad le exigió realizarse estudios para determinar la presencia de fentanilo en su organismo, arrojando un resultado negativo el estudio de orina practicado”, agrega.
En este contexto de rumores intervinieron los dirigentes de la Sociedad de Anestesiología del Uruguay (SAU) y las tres partes convinieron, según la versión de Miralles, que para que la médica pudiera retornar a su trabajo debía “cumplir con controles médicos y exámenes”, a lo que ella accedió. Esto fue plasmado por escrito.
Por su parte, Universal “se comprometió en dicho documento a participar o aportar a un protocolo que establezca de forma clara cómo proceder ante situaciones similares a las que se le imputaron a la doctora Miralles”.
El 6 de diciembre de 2023, a requerimiento de Universal y en el marco de lo acordado, la anestesista se hizo un segundo examen de orina mediante cromatografía de gases. Se trata del único método disponible en Uruguay para la detección de fentanilo en orina.
El examen, coordinado en el Polo Tecnológico de Pando de la Facultad de Química de la Universidad de la República, no detectó presencia de opiáceos, opioides ni fentanilo.
“Pese al resultado arrojado, Universal decidió cesar las convocatorias” a la especialista, dice la denuncia. Esto ocurrió a partir de una nota firmada por el doctor Fausto Madrid el 25 de marzo de 2024, en la que comunicó a la dirección técnica de la mutualista “su descontento con la doctora Miralles, imputándole presuntas irregularidades en el desempeño de su cargo, adjudicándole un consumo superior de fentanilo en los procedimientos quirúrgicos en los que ella intervenía, en comparación con el que realizaban el resto de sus colegas, amén de señalar que se constataron frecuentes ausencias de la profesional para ir al baño durante los procedimientos”.
La última vez que Miralles fue convocada a trabajar fue el 8 de abril de 2024. Desde la mutualista le comunicaron que la cesaban por el presunto consumo de fentanilo, pero la nota de Madrid no le fue “comunicada oportunamente”, sino que se enteró por la difusión que se hizo en la prensa “de forma reiterada y sostenida”, lo cual “le aparejó daños y perjuicios que afectaron seriamente su reputación”, de acuerdo con la denuncia.
La postura de Universal
En la audiencia de conciliación, Universal rechazó el reclamo y alegó que los dichos de Miralles “tergiversan y falsean la realidad”.
Fuentes de la mutualista dijeron a Búsqueda que, si bien nunca se pudo comprobar el consumo personal, sí hay “evidencia” de que Miralles no hacía un uso adecuado de la medicación. “Hacía indicaciones inusuales, aunque dentro de lo discutible. Pedía demasiado para las situaciones planteadas, y los pacientes se despertaban con dolor”, indicaron.
Las quejas de algunas personas anestesiadas por ella no fueron expresadas formalmente, aunque sí constan en sus historias clínicas.
Desde la institución comentaron que Miralles era una anestesista “muy calificada” y que por eso era convocada por los cirujanos jefes de equipo. Estos profesionales sí están en relación de dependencia en la mutualista, pero no el resto de los miembros que participan de los procedimientos quirúrgicos, que en cambio se desempeñan como profesionales independientes.
El “rumor” sobre el consumo de fentanilo por parte de Miralles comenzó en el Hospital Militar y luego siguió en el Servicio Médico Integral (SMI), donde ella también trabajaba. “Fue concomitante” al procedimiento que terminó con la vida de Soledad Barrera, dijeron las fuentes. “A partir de ahí, se empezó a prestar más atención. Aunque tenés que darle el beneficio de la duda por la presunción de inocencia, mirás con más cuidado”, explicaron.
En ese contexto, algunos miembros del personal de enfermería y del block quirúrgico comenzaron a relatar situaciones que alimentaron la desconfianza.
Antes de las intervenciones, los anestesistas hacen la orden en la farmacia de lo que van a precisar. Cuando cierran la historia clínica detallan lo que se utilizó y, en la eventualidad de que haya un sobrante de medicación, lo devuelven.
“Decían que Inés se retiraba de sala, que a veces no estaba, y que había un manejo no muy claro de la medicación”, contaron.
En una oportunidad ocurrió que Miralles se presentó a trabajar “en condiciones no adecuadas, con una conducta no atenta o no concentrada del todo”. Ahí se le realizó el primer examen de orina, que no arrojó resultados. De todas formas, “quedó planteada una situación de sospecha” porque la tecnología para la detección de fentanilo es “compleja”, dijeron las fuentes.
En los intercambios con la dirección técnica, ella siempre negó todo. La SAU intervino “intensamente” a favor de ella y hubo “varias reuniones” que desembocaron en el acuerdo de que ella debía demostrar que estaba “limpia” antes de las operaciones. Eso fue a fines de 2023.
Durante los siguientes meses, Miralles volvió a trabajar en Universal, sobre todo convocada por su cuñado, que es ginecólogo. Sin embargo, volvieron a surgir comentarios de “conductas erráticas” y relatos de que “se iba al baño, abandonando la operación”.
El jefe de block, Fausto Madrid, entregó una nota en la que se expresaba que el personal no quería trabajar más con ella. En ese momento la mutualista definió no convocarla más, alegando “pérdida de confianza”, y se lo comunicó.
La SAU amenazó con tomar medidas gremiales, pero no se concretaron, dijeron desde Universal. Búsqueda intentó contar con la versión de la sociedad de anestesistas, pero no tuvo respuesta.
Respecto de la demanda, en Universal entienden que ella, al no haber sido empleada dependiente, no tenía garantizados ingresos específicos, de modo que no puede demostrar que hubo un lucro cesante. Además, se preguntan: “¿Cómo puede hacer este reclamo si está inhabilitada para ejercer?”.
En los otros lugares donde trabajaba, Miralles también defendió su inocencia. En el Militar se le hizo un sumario y fue destituida en mayo pasado, tras lo cual presentó un recurso de revocación a la resolución, alegando vicios de procedimiento, informó El Observador.
En SMI llegó a un acuerdo de desvinculación, según supo Búsqueda. La familia de Barrera hizo una demanda civil por mala praxis que se resolvió mediante un arreglo extrajudicial. La mutualista pagó una parte y el seguro profesional que tenía Miralles cubrió el resto.
El consumo más allá de Miralles
A partir del caso Miralles quedó expuesta una realidad que, según varias fuentes del sector de la salud, “es un problema grande”, especialmente entre los anestesistas, por el acceso que tienen a sustancias adictivas.
El consumo de sustancias es una realidad que preocupa en el sector de la salud en general. En las instituciones han elaborado protocolos de control de sustancias, pero por el volumen de personal contratado es un desafío constante, comentaron las fuentes a Búsqueda.
En la última ronda de Consejos de Salarios hubo un intento de incorporar el asunto al convenio y encontrar mecanismos más eficientes de prevención y apoyo, pero no hubo acuerdo en cuanto a quién debe cubrir el costo económico de los tratamientos y de la actividad laboral que no se realiza cuando se detecta un consumo problemático.
Entre las instituciones hay interés de que el asunto vuelva a estar sobre la mesa en la próxima ronda, en julio de 2027.