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El exvicepresidente de la República fue procesado sin prisión en mayo por los delitos de peculado y abuso de funciones. El sábado 15, el Plenario Nacional del Frente Amplio decidió suspenderlo por 17 meses para impedir que participe en el próximo ciclo electoral.
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El “caso Sendic/De León” muestra que en el Frente Amplio te pueden cortar la mano por decir que para restablecer la democracia y el respeto a los derechos humanos en Venezuela no hay que descartar ninguna vía, lo que incluye la militar, pero no por meter la mano en la lata.
La resolución del plenario del sábado 15 sobre Sendic y De León no es lo que todos los frenteamplistas quisieran. Al menos lo que quisieran la mayoría de sus votantes, gente pacífica, democrática y honesta, que tenía claro cuáles son los límites de la ética en el manejo de los dineros públicos, antes de que el Tribunal de Conducta Política de la coalición encontrara que la de los imputados era francamente inaceptable.
No fue ese el criterio de la dirigencia frentista, que puesta a buscar mayorías especiales, no encontró otra solución mejor que promover la suspensión por 17 meses de las dos principales figuras de la 711, una de las cuales fue, incluso, vicepresidente de la República. Y eso porque la mayoría del plenario no se corresponde con la de las urnas.
El sesgo ideológico es fundamental para entender lo que pasó. Para el grueso de los votantes frentistas, la malversación de fondos públicos es un delito muy grave, que se corresponde con la sanción máxima: la expulsión. Lo mismo piensan los votantes y dirigentes del resto de los partidos del país, que atravesando por similares situaciones han dispuesto la pena en casi todas las circunstancias en las que debieron proceder.
Pero el Plenario del Frente Amplio está controlado por la izquierda revolucionaria, que, fiel a su historia centenaria, valora la malversación de fondos públicos caso a caso, y esto por la sencilla razón de que no creen en la moral burguesa. Así las cosas, dar un golpe de Estado puede ser bueno o malo, según aporte a la acumulación de las fuerzas del cambio o consolide a los partidos reaccionarios en el poder. La conducta en sí misma (asaltar las instituciones democráticas, secuestrar, reprimir manifestaciones pacíficas o apropiarse indebidamente de dineros públicos) carece de una valoración taxativa.
A la izquierda revolucionaria hay que convencerla en términos de resultados políticos, y eso fue lo que decidió la sanción contra el dúo Sendic/De León. Tanto que la pena se corresponde con los diecisiete meses que separan al plenario del fin del ciclo electoral.
Fue Astori quien alertó sobre ciertos procedimientos inapropiados cuando, en vísperas de las elecciones de 2014, denunció que Sendic y su 711 estaban comprando voluntades con dinero. El silencio en el resto del Frente Amplio fue atronador. Aquellos vientos, que nadie quiso escuchar, trajeron estas tempestades, cuyas consecuencias políticas y electorales nadie se anima a calcular.
* Periodista y conductor de radio y televisión; columnista en El País.