En la descripción de su rol se habla de profundizar el cambio y la transformación de Montevideo. ¿Qué visión precisa tiene sobre esto?
Cuando el departamento adopta el nombre de “Sostenible e Inteligente” y pasa a ser un área en sí misma, se expresa una nueva forma de entender la tecnología: no solo como innovación de los procesos internos, sino también en su vínculo con quienes habitan, transitan y visitan Montevideo. Lo de “sostenible” apunta a que la tecnología sea transversal a todos los procesos de sostenibilidad; mientras que “inteligente” refiere a aprovechar la información y los datos que los sistemas acumulan para definir políticas públicas basadas en evidencia. Ese es, para mí, el gran cambio histórico.
Hoy contamos con una enorme cantidad de datos, con un departamento maduro en sus procesos y con una tecnología que atraviesa no solo la institucionalidad de la intendencia, sino también la vida de las personas. Profundizar en esto es transformar esa denominación de “sostenible e inteligente” de un concepto burocrático en una identidad comunitaria. En otras palabras, transformar Montevideo en una comunidad sostenible e inteligente. Desde esa perspectiva, la tecnología no es un fin en sí mismo. Trataremos de transformar lo territorial en comunitario y llevar lo comunitario al territorio.
¿Se piensa distinto esta transformación cuando la ciudad, además, es capital?
Justamente nuestra consigna parte de entender a Montevideo como la capital del país. Es territorio y es ciudad. Montevideo, como capital de Uruguay, tiene una responsabilidad distinta, no necesariamente mayor, pero sí diferente, respecto al resto del país. Se debe ser consciente de esa condición y actuar en consecuencia como ciudad de referencia para la innovación nacional, para la atracción de turismo, para ser la puerta de entrada al país.
¿El objetivo final sería algo así como hacer de Montevideo una smart city?
Cuando surgió el concepto de smart city, tenía que ver con usar la tecnología para sensorizar la ciudad: medir el nivel de ruido, la congestión del tránsito, la calidad del agua en las ciudades costeras, los índices demográficos, el valor del suelo o la sincronización de los semáforos. Todo eso llevó a pensar que la ciudad inteligente era aquella donde podíamos tener toda la información y las soluciones en un celular. Por eso creo que hay que salir de esa idea y avanzar hacia el concepto de comunidades inteligentes. Una comunidad inteligente, en una ciudad donde lo urbano se extiende a la vida cotidiana, necesita generar otras formas de inteligencia, no solo tecnológica. Por ejemplo, entender hacia dónde orientar las políticas públicas de movilidad, o cómo combatir el ausentismo escolar. También poder definir cambios en la categorización patrimonial o en el desarrollo urbano según las necesidades de inversión. Eso es ser inteligente, no solo tener sensores. Ser inteligente es comprender que la tecnología, la automatización y ahora la inteligencia artificial deben acompañar la trayectoria de vida de las personas que habitan, transitan y visitan el territorio. Con esta mirada, Montevideo tiene el potencial de pasar de ser una ciudad con un índice “x” de inteligencia a convertirse en una comunidad inteligente.
¿Qué factores cree que favorecen que este cambio sea posible?
El potencial de Uruguay es su escala. Nuestra dimensión hace del país un buen laboratorio para probar cosas nuevas y un territorio cercano para trabajar en conjunto con otras zonas. Montevideo ya no es el mismo de hace 30 años; hoy forma parte de un área metropolitana integrada.
En términos prácticos, ¿cómo define la innovación en una ciudad como la nuestra?
La puedo definir con algunos ejemplos. Montevideo tiene hoy sus semáforos principales sincronizados por inteligencia artificial. Tiene sensorizada la calidad del agua, disponible para toda la población, para saber cuándo se puede ir a la playa y cuándo no. Cuenta con una red de luminarias inteligentes, un proyecto que estaremos finalizando en este período y que permitirá ahorrar mucha energía, ya que las luces no solo se pueden encender y apagar, sino también regular en potencia. Si miro todo esto de forma interseccional, pensando en la vida de las personas que habitan, transitan y visitan la capital, veo que la tecnología también puede servir para resaltar aspectos patrimoniales o para apoyar políticas de seguridad pública mediante la iluminación de zonas en horarios determinados. A través de la aplicación ComoIR, que hoy informa recorridos y ubicación de los ómnibus, vamos a poder sumar nuevas funcionalidades, como recorridos turísticos, consultar el saldo de la tarjeta STM, pagar estacionamiento e incorporar ómnibus suburbanos. La idea es que las aplicaciones acompañen las trayectorias de las personas. No es lo mismo el recorrido de un niño que va a la escuela, el de alguien que va a trabajar o el de un turista. Imaginemos que el sistema le sugiera a un visitante los recorridos turísticos que mejor se adaptan a sus intereses, o que le avise a un niño cuando se aproxima su parada o lo felicite porque lleva tres días llegando en hora. La clave es que la tecnología acompañe, que sea un factor de apoyo, y que facilite la relación de las personas con la ciudad.
Ahora bien, ¿cómo se le llega al niño que no tiene celular, que no anda en ómnibus y que no va a la escuela?
Las trayectorias hay que acompañarlas todas. El ejemplo del niño con celular fue porque hablábamos de una aplicación móvil, pero la tecnología también tiene que llegar a los gurises más vulnerables. En eso trabajamos con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y Plan Ceibal, buscando formas de incorporar herramientas tecnológicas en esos contextos.
Pero hay algo que es importante decir. En la gestión pública, y más aún en la que incorpora tecnología, al final del día las políticas tienen que ser sustantivas a la vida de las personas. No pueden ser decorativas ni superficiales. Cuando hablamos de los gurises más pobres, por ejemplo, muchos llegan a las policlínicas con problemas de desnutrición o diarrea. Y claro que los atendemos, pero lo mejor para que ese niño no tenga diarrea es que tenga saneamiento. Lo mejor es construir salud desde las condiciones de vida, no solo atender cuando la salud falta. Por eso digo que lo tecnológico debe integrarse a políticas que sostengan lo sustantivo.
Imaginemos que el sistema le sugiera a un visitante los recorridos turísticos que mejor se adaptan a sus intereses, o que le avise a un niño cuando se aproxima su parada o lo felicite porque lleva tres días llegando en hora. La clave es que la tecnología acompañe, que sea un factor de apoyo, y que facilite la relación de las personas con la ciudad Imaginemos que el sistema le sugiera a un visitante los recorridos turísticos que mejor se adaptan a sus intereses, o que le avise a un niño cuando se aproxima su parada o lo felicite porque lleva tres días llegando en hora. La clave es que la tecnología acompañe, que sea un factor de apoyo, y que facilite la relación de las personas con la ciudad
¿Cómo hacen ese análisis territorial para diseñar políticas públicas más justas e integrales?
Un ejemplo es el Atlas Territorial de la Desigualdad, que se puede ver en la web de la intendencia. Es un trabajo que reúne toda la información geomática de Montevideo: mapas en capas que muestran desde la red de saneamiento hasta la ubicación de escuelas, liceos o centros de cuidados. Al analizar esas capas, vemos, por ejemplo, dónde hay red de saneamiento, pero falta conexión; dónde los gurises tienen más dificultades para llegar a la escuela, o en qué zonas es necesario ajustar las frecuencias del transporte. También vemos que en la franja costera (municipios B, CH y E) se concentra la mayor población adulta mayor del país, junto con la mayor cantidad de residencias privadas de cuidado. Eso dispara nuevas preguntas, como qué tipo de movilidad se necesita allí o quiénes cuidan a esos adultos mayores. Generalmente, son mujeres que viajan desde la periferia, dejando a sus hijos sin cuidados. Ese entramado social es lo que debemos analizar; poder verlo, cruzar datos y responder con políticas públicas, algunas apoyadas en tecnología, otras en evidencia territorial. Es lo que realmente convierte la tecnología en una herramienta de acompañamiento y en un componente de una comunidad inteligente.
¿Cuál de todos los indicadores que muestra ese análisis es el que más le preocupa?
Para mí, el índice que debe guiar todas las políticas públicas hoy es la desigualdad. Porque es el factor que determina todo lo demás. No es lo mismo pensar en innovación cuando uno tiene que sostener lo esencial de su vida que cuando tiene muchas cosas resueltas. La desigualdad tiene mucho que ver con el acceso a las oportunidades. Y ese acceso no se limita a lo material, también es acceso a soñar. Lo que debemos garantizar, aunque parezca utópico, es que todas las personas puedan imaginar lo que quieren ser. Por supuesto que ese derecho a soñar necesita sostén material, y la construcción de esa materialidad forma parte de la política pública. No podemos permitir que un niño piense que no puede hacer algo simplemente porque no se le brinda la oportunidad, o que por el lugar donde nace sepa que va a sufrir la vida y no disfrutarla. Como comunidad, eso es fatal. Incluso antes de aplicar tecnología, hay que pensar en reducir la desigualdad.
En general, los funcionarios públicos ocupan cargos estables, y muchas veces provienen de formaciones o trayectorias distintas a las que hoy exige la innovación o la sostenibilidad. ¿Cómo puede convivir esa estabilidad con la precisión que demandan los procesos de innovación?
Lo que pasa es que la gestión pública, por definición, tiene que ser garantista, porque es una gestión para todos. Es decir, cualquier cosa que provenga del sector público debe asegurar lo que llamamos el Estado de derecho, que es patrimonio de la democracia. Todas las personas tenemos cierta aversión al cambio, (ya sea que) trabajemos en el ámbito público o en el privado. Pero las instituciones tienen la responsabilidad de generar en quienes trabajan en ellas capacidades de resiliencia y reconversión. Es una responsabilidad que va más allá de lo individual; es institucional. Hay un factor clave que tiene que ver con la generación de capacidades y con el acompañamiento de las trayectorias vitales y laborales. Las personas también se jubilan, y lo que debemos garantizar es que ese conocimiento pueda servir para continuar los procesos institucionales. En el departamento, por ejemplo, estamos desarrollando un programa de organización de competencias profesionales. En un área que trabaja con tecnología, es fundamental que la experimentación tecnológica forme parte del trabajo cotidiano. A veces, eso necesita de estímulos externos, y también de comprender que lo que buscamos, sobre todo en los ámbitos tecnológicos, es construir ecosistemas de conocimiento y experimentación. Estamos trabajando en la idea de crear una usina que funcione como un laboratorio de innovación, con una pata que desarrolle proveedores y socios locales, especialmente del ámbito privado, para ayudarnos a resolver problemas.
¿Cuál sería el rol de ese laboratorio?
La idea inicial es experimentar con innovación sobre problemas concretos de la ciudad. Por ejemplo, si quiero hacer un plan piloto de iluminación: ¿dónde lo hago?, ¿con quién?, ¿en qué red tecnológica lo sostengo?, ¿debo buscar a Antel como socio o puedo hacerlo desde la infraestructura de la intendencia? Lo mismo con otros casos. Ese tipo de preguntas son las que estructuran una innovación con sentido, aplicada a los problemas reales de la ciudad.
¿Por qué es necesaria la sinergia público-privada?
El sector privado tiene otro dinamismo al buscar el lucro, sus procesos son más ágiles y tienen mayor capacidad de conexión con otras redes, lo que aporta velocidad. El ámbito público, en cambio, es garantista. Debe estar abierto a la innovación, pero sin quedar encerrado en sí mismo. Por eso, hay que trabajar con la academia, el sector privado, la comunidad y los propios trabajadores, buscando un espacio donde confluyan todos esos actores para resolver problemas sustantivos, no solo teóricos.
La desigualdad tiene mucho que ver con el acceso a las oportunidades. Y ese acceso no se limita a lo material, también es acceso a soñar. Lo que debemos garantizar, aunque parezca utópico, es que todas las personas puedan imaginar lo que quieren ser. Por supuesto que ese derecho a soñar necesita sostén material, y la construcción de esa materialidad forma parte de la política pública La desigualdad tiene mucho que ver con el acceso a las oportunidades. Y ese acceso no se limita a lo material, también es acceso a soñar. Lo que debemos garantizar, aunque parezca utópico, es que todas las personas puedan imaginar lo que quieren ser. Por supuesto que ese derecho a soñar necesita sostén material, y la construcción de esa materialidad forma parte de la política pública
¿Existe entonces un espacio para que startups y academia puedan cruzarse y cocrear soluciones?
Estamos en el proceso de que ese ámbito exista, justamente. Ahora, en el plan estratégico 2025-2030, que recién estamos comenzando a elaborar, una de las líneas en las que queremos trabajar es la creación de esa usina de cocreación. Pero con temas reales, concretos. Para que, al momento de pensar una implementación en Montevideo, se logre resolver un problema o, al menos, dejar prevista una capacidad que la ciudad deba desarrollar hacia el futuro.
¿Hay algún área en la que crea que podamos ser modelo exportable para otras ciudades en términos de innovación?
Montevideo, para mí, tiene esa característica de ser una ciudad laboratorio. Tenemos buenas bases aún, y el desafío es conservarlas. No hablaría de “exportar”, porque a veces esa palabra tiene una connotación más comercial. Pero sí de cooperar con otros territorios de la región. De hecho, estamos trabajando en algunos proyectos con Madrid, a través de Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, en lo que se denomina un “gemelo digital”, que es, básicamente, un Montevideo digitalizado en términos de saneamiento, movilidad, predios catastrales, iluminación, urbanismo. En esto trabajamos también con equipos de Barcelona y Ciudad de México. Estas oportunidades de cooperación son muy valiosas, especialmente considerando la responsabilidad de Montevideo como capital del país.
Además, la ciudad tiene una gran capacidad de articulación con otros departamentos del Uruguay. Hoy existen programas, como Uruguay Innova, de los que surgirán líneas locales para gobiernos departamentales, y una Ley de Descentralización que permite que los municipios impulsen políticas de innovación vinculadas tanto a lo local como a lo nacional. Tenemos una infraestructura institucional sólida; ahora necesitamos que las cosas circulen efectivamente por todos esos canales.
¿Qué es un destino turístico inteligente?
En mayo de 2025, Montevideo fue reconocido como Destino Turístico Inteligente (DTI) por la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (Segittur) de España. Este reconocimiento se logró tras superar el 80% de los indicadores del modelo que evalúa aspectos como gobernanza, sostenibilidad, innovación, tecnología, accesibilidad y experiencia del visitante.
Según Federico de Arteaga, los destinos turísticos inteligentes (DTI) son territorios turísticos gestionados de manera integral para ofrecer un “sistema de soluciones a un sistema de problemas”. Siguiendo su perspectiva, a diferencia del concepto de ciudad inteligente, que es difícil de aplicar de forma completa y medible, estos destinos permiten implementar soluciones concretas y verificables, adaptadas a las necesidades del territorio y de su comunidad. Sus residentes perciben mejoras reales en términos de ordenamiento territorial, oportunidades de empleo, modelos de prevención frente a riesgos y mayor accesibilidad a los servicios.
La gestión de un DTI se basa en metodologías rigurosas. En Latinoamérica se aplican 152 indicadores que se auditan periódicamente, mientras que en España la cifra alcanza a 265. Este seguimiento asegura que las acciones se sostengan en el tiempo y permite priorizar áreas, como transporte, seguridad, energía o accesibilidad, según las necesidades específicas del destino.
“En un destino turístico inteligente solo un 20% del impacto es tecnológico; el 80% restante proviene de decisiones estratégicas en gobernanza, que implican sostenibilidad, innovación y accesibilidad”, advierte De Arteaga. El éxito depende de la colaboración entre el sector público y el privado a través de universidades, asociaciones locales, líderes académicos y la propia comunidad.
