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Quiero expresar mi más profundo pesar ante la creación en Uruguay de un partido político que responde directamente a intereses y articulaciones provenientes de la República Argentina. No se trata solamente de una vulneración de nuestra soberanía nacional, sino de un hecho que amenaza con quebrar la conciencia cívica y el respeto institucional que han caracterizado a nuestro país.
En su momento, advertí y denuncié formalmente ante la Corte Electoral la injerencia del gobierno argentino en la creación de este partido, porque entendí que se trataba de una vulneración directa a nuestra soberanía. Aunque la Corte no se expidió sobre el fondo del planteo, observó aspectos de forma y no dio trámite al escrito, junto con sus pruebas, en dos oportunidades.
El Uruguay se ha distinguido históricamente por su convivencia democrática, por el apego a las instituciones y por el desarrollo de políticas públicas que trascienden a los distintos gobiernos y partidos políticos. La participación de parlamentarios del Mercosur en la gestación de este nuevo partido refuerza la preocupación por el debilitamiento de nuestra independencia política.
Preocupa, además, la agresividad que caracteriza el accionar y el discurso de algunos de sus referentes, que, lejos de fomentar el debate democrático, promueven la polarización y el enfrentamiento social.
Hoy estamos frente a un momento clave: en 2029 deberemos decidir si aceptamos que una fuerza política con sede en Buenos Aires condicione nuestro sistema democrático o si continuamos defendiendo un modelo propio, maduro y equilibrado. Es tarea de todos (ciudadanos y, especialmente, dirigentes políticos) evitar que en estos cinco años se consolide un discurso de odio que erosione nuestra democracia.
Somos un país batllista en esencia, que no olvida a los más débiles y que ha sabido sostener políticas públicas para evitar la miseria absoluta. Mucho queda por hacer, pero no debemos resignar la estabilidad ni la identidad democrática que nos definen.
Y más allá de la cuestión de soberanía, debemos ser claros en que el mundo no puede regirse únicamente por el capital, sino por la consolidación de un capital más humano. Se trata de humanizar el capital, de respetar la propiedad privada y, al mismo tiempo, garantizar que la fuerza no implique sometimiento, sino convivencia armónica entre todos los actores sociales.
