La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se sumó a las advertencias por el avance del crimen organizado en el fútbol, en un informe sobre actividades ilícitas que alcanzan incluso a Uruguay. El documento va en línea con diagnósticos similares recientes planteados por autoridades de gobierno, políticos de oposición y dirigentes de clubes.
“La amenaza que representan la corrupción y otros delitos para el deporte en las Américas está creciendo. Es cada vez más sofisticada, sistemática y transnacional, sobre todo a medida que aumenta el papel de los grupos delictivos graves y organizados en esta actividad”, indica la investigación elaborada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), que se centró en distintas disciplinas, entre ellas, el fútbol en ligas sudamericanas. El trabajo tuvo la colaboración de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y los hallazgos de su Grupo de Monitoreo Anti-Fijación de Partidos, un mecanismo de Conmebol que intenta supervisar el arreglo de resultados en torneos como la Copa América, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.
El estudio de la ONU, presentado el 19 de setiembre, es el último de una serie sobre corrupción en el deporte y se centra específicamente en Latinoamérica. Asegura que “la globalización, la enorme afluencia de dinero al más alto nivel y los marcados avances tecnológicos” han causado “cambios profundos” en la industria, sobre todo en la forma en que se practica y se consume el deporte. “La percepción de la corrupción en el deporte y de su impacto ha cambiado notablemente, pasando de una conciencia estrecha basada en cuestiones específicas como el dopaje y la manipulación de las competiciones, vistas como incidencias aisladas, a una comprensión más amplia basada en un mayor conocimiento de numerosos riesgos”, apunta.
Menciona en concreto que actividades como el fútbol, el básquetbol y el tenis son objeto de fraude, blanqueo de dinero y soborno a través de delitos específicos del deporte (como las apuestas ilegales y la manipulación de acciones, resultados y competiciones) y de otros delitos relacionados con el deporte, como las transferencias de jugadores y la administración de organizaciones deportivas.
Sobre las posibles soluciones, la Unodc ofrece un panorama complejo donde grupos internacionales de crimen organizado se aprovechan de un mercado consumidor cada vez mayor y de marcos jurídicos y estructuras de gobernanza “que no están adaptados” para hacer frente a la delincuencia y otras infracciones en el deporte. Señala la falta de capacidad de los gobiernos para prevenir, detectar, investigar y sancionar eficazmente la corrupción y otros delitos en el deporte, con debilidades en instituciones gubernamentales determinadas (por ejemplo, los reguladores de apuestas, los organismos anticorrupción y las unidades de inteligencia financiera) y en otras más generales como el Poder Judicial y los ministerios de Deporte, Justicia, Economía y Hacienda.
La situación en Uruguay
A escala mundial, de acuerdo con un monitoreo de las Naciones Unidas, son 48 los países que han desarrollado una legislación específica para penalizar la manipulación de competiciones deportivas. En Sudamérica esos países son cuatro: Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay. En Uruguay, en 2017 el Ministerio de Economía y Finanzas estableció que la prestación de servicios a través de internet, plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas o similares referidas a juegos de azar o apuestas online se encuentra alcanzada por el principio general de la ilegalidad, sin perjuicio de la facultad conferida al Poder Ejecutivo de otorgar habilitaciones específicas. En el deporte, únicamente Supermatch está autorizada por el ministerio a ofrecer servicios de apuestas en el país.
El contexto global, según la ONU, es de una “creciente popularidad” de las apuestas en línea. A partir de datos oficiales analizados por Búsqueda, los “deporjuegos” como Supermatch pasaron a ser la modalidad de apuestas controladas que más recaudó en el país con US$ 177,3 millones, incluido el IVA. Eso significó el 28,2% del total de apuestas del año pasado, unos US$ 628 millones en juegos que administra o controla la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.
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Por ahora, el básquetbol es la única disciplina en Uruguay que tuvo denuncias por apuestas ilegales.
Santiago Mazzarovich/adhocFOTOS
Más allá de las apuestas legales, existe un amplio sistema ilegal operado por organizaciones transnacionales que genera flujos de dinero ilícito del orden de los US$ 1.000 millones anuales. El año pasado una operación de Interpol identificó una red en Tailandia implicada en apuestas ilegales y lavado de dinero en otros países, con activos incautados por unos US$ 9 millones.
En Uruguay, en 2023 la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) presentó una denuncia penal por hechos de supuesta apariencia delictiva luego de que se detectaran movimientos de dinero inusualmente altos provenientes de mercados “exóticos”. La denuncia refirió a incidencias y resultados de partidos de la Liga Uruguaya de Ascenso y la División Tercera de Ascenso. La acusación apuntó a la posible existencia de amaños relacionados con apuestas ilegales. El caso derivó en la investigación de dos basquetbolistas por parte del Departamento de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol.
El lavado de activos en el fútbol
A diferencia del básquetbol, en el fútbol por el momento no hubo denuncias, sino únicamente sospechas. Además, el lente de las autoridades y de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) está enfocado en la administración de organizaciones deportivas. El año que viene la AUF prevé poner en funcionamiento el fair play financiero, un instrumento para transparentar los movimientos de dinero de los clubes y verificar el cumplimiento estricto mensual de las obligaciones salariales y fiscales, así como los aportes al Banco de Previsión Social.
En agosto, la asociación organizó una jornada sobre prevención de lavado de activos que tuvo como oradora a Sandra Libonatti, titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, quien realizó una evaluación parecida a la del informe de la Unodc. “Quiero transmitir una gran preocupación. Todos sabemos lo que se está planteando a nivel nacional con el avance del crimen organizado, y el deporte es un sector donde podemos ser sujetos a tener inmersos en nuestros clubes, tocando a nuestros jóvenes, a financiamientos, sociedades y aportes que lo único que van a hacer es mucho daño. Conocemos un sinfín de casos en el mundo donde la delincuencia organizada se ha metido dentro del fútbol. ¿Queremos permitir eso nosotros para el deporte nuestro, que es tan importante para los uruguayos?”.
En lo referente a lo normativo, la intención del gobierno es que la Ley Integral contra el Lavado de Activos (Nº 19.574, de 2017) incluya expresamente a las sociedades anónimas deportivas (SAD) dentro del listado de sujetos obligados, equiparándolas a sectores ya regulados como inmobiliarias, organizaciones no gubernamentales, escribanos, contadores y asociaciones civiles. La preocupación surge porque las SAD, a diferencia de los clubes en forma de asociación civil, pueden distribuir utilidades, lo que abre la puerta a que se utilicen como vehículo para el ingreso de capitales de origen poco claro. A ello se suman beneficios fiscales y la proliferación de SAD en el fútbol uruguayo —más de la mitad de los clubes profesionales ya operan bajo esta figura—, lo que incrementa los riesgos de lavado de activos y dificulta el control sobre la procedencia de las inversiones.
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Pedro Bordaberry, senador del Partido Colorado, estuvo al frente de la Asociación Uruguaya de Fútbol entre 2018 y 2019.
Javier Calvelo/adhocFOTOS
En el Parlamento, el senador colorado Pedro Bordaberry destacó la iniciativa del gobierno, pero pidió centrarse en las transferencias de jugadores y no solo en la administración de las SAD. Bordaberry fue presidente de la Comisión Normalizadora de la AUF entre 2018 y 2019, y hasta este año se desempeñó como asesor de Montevideo City Torque, una SAD perteneciente al grupo emiratí City Football Group. “Ustedes saben que estuve involucrado en el tema. Me parece muy bueno que sean sujetos obligados, pero me da la sensación de que de repente no se está poniendo tanto el énfasis en las operaciones. Todos podemos leer en la prensa: ‘Se vendió a Jorge Díaz al Real Madrid en 20 millones, pero al club le llegaron seis’. ¿Qué pasó en el medio? No sé. No sabemos a dónde va a dar”, dijo Bordaberry el 4 de setiembre ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, durante una visita del prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz.
Tiempo después, el senador propuso crear un registro nacional de transferencias deportivas en la órbita de la Secretaría Nacional del Deporte, donde deben inscribirse obligatoriamente todas las transferencias de deportistas desde Uruguay hacia el exterior, con el detalle completo de cada operación: montos percibidos por el jugador, por el club cedente y el adquirente, las comisiones de los agentes intervinientes y cualquier otro pago asociado.
Desde el año pasado la Policía Nacional de Uruguay intenta mejorar sus investigaciones sobre el rol de representantes, agentes, intermediarios, dirigentes y exfutbolistas en la compra y venta de jugadores. El interés surgió a partir de procedimientos sobre narcotráfico y lavado de dinero que derivaron en la participación directa e indirecta de personas relacionadas al fútbol.
En 2024, el gasto global en transferencias internacionales de futbolistas masculinos, regulado por la FIFA, alcanzó un total de US$ 8.590 millones. Un total de 9.922 jugadores de entre 18 y 23 años se trasladaron a otros países en 2024. Ese mismo año, se transfirieron internacionalmente futbolistas de 176 nacionalidades diferentes. De acuerdo a Naciones Unidas, en algunas de esas operaciones se detectó la participación de grupos delictivos organizados.
“Por ejemplo, en el peor de los casos, los jugadores jóvenes de África y Latinoamérica son llevados a Europa, y más recientemente al sur y sureste asiático, con visas de visitante estándar de tres meses, antes de ser prácticamente abandonados. En los casos en que se concretan contratos profesionales, estos suelen ser altamente explotadores y desfavorables para los jugadores, con agentes que se llevan hasta el 50% de sus salarios durante la vigencia de los contratos. Por ejemplo, emplean métodos y recursos como mulas de apuestas, robo de identidad, plataformas de comunicación cifradas, criptomonedas y monederos electrónicos, todos los cuales mejoran el anonimato y la eficiencia, especialmente a nivel transnacional”, indica el informe.
