- Los profesionales estudian gratis.
El presupuesto de la Udelar es elevado. Y prioriza, entre otras áreas, la educación de los uruguayos. La mayor parte de lo destinado a cursos de formación tiene una eficiencia muy baja. Estimo que mientras un 40% que culmina la carrera (por los cuales se invirtió), otro 60% no llega a concluir y se gastó sin resultado. Los materiales de estudio en general no son proporcionados a los estudiantes, sino que son costeados por ellos mismos y sus familias. Sin embargo, después de recibida, esa minoría egresada de la Udelar deberá pagar el Fondo de Solidaridad y su adicional durante 25 años o hasta cumplir 70 años de edad, mientras que el estudiante que no culminó y gastó nunca abonará nada.
Los estudiantes de las universidades privadas pagan sus carreras.
Conclusión: no se estudia gratis (amén de los sacrificios y adicionales de los estudiantes del interior).
- Los sueldos de la caja han generado esta situación.
Se difundió hace un par de años el sueldo de un gerente general, que luego fue despedido. Sin dudas alto y fuera de la posibilidad de la caja, aunque no del mercado si se lo compara con salarios de empresas financieras. Ese sueldo —un sueldo— no pudo haber creado la situación de déficit; las demás retribuciones de los empleados están dentro de convenios firmados y homologados por el Ministerio de Trabajo. No estoy evaluando su desempeño.
Conclusión: un solo sueldo alto no puede generar esta situación financiera.
- Los directores se fijaron salarios y viáticos escandalosos.
Los directores no se fijan sus salarios, estos se fijan por los salientes, y además son menores que los salarios de los directores de cualquier ente autónomo. No existen viáticos escandalosos. No evalúo su dedicación, esto es otro tema que debió tocar la ley y no se cambió
Conclusión: no existen salarios de directores escandalosos.
- Los profesionales tienen jubilaciones de privilegio.
Esta afirmación se basa en los $ 94.000 de promedio jubilatorio de los pasivos de la caja y en la comparación con la jubilación promedio de BPS. Lo que no se dice es que esos $ 94.000 de jubilación implicaron durante más de 35 años el aporte promedio de $ 30.000 mensuales, mientras en BPS existe una masa de aportantes con salarios inferiores a $ 45.000 y aportes menores a $ 7.000 por mes. ¿Le parece al lector un privilegio que quien aporta cuatro veces más cobre 2,5 veces más de jubilación promedio?
Al año 2022, había 13.000 pasividades en la CJPPU, ninguna superaba los $ 160.000 mensuales de hoy, en la “caja bancaria” había 6.000 que superaban esa cifra, en BPS 1.800, en la “caja militar” 2.500, en la Caja Notarial 700, en la “caja policial” 1.100, Aun siendo alta, hay pasividades bastante más elevadas que las de la “caja profesional”. Recordemos que, además, la CJPPU tiene un aporte de mayor tasa: 16,5% contra 15% de las demás.
Conclusión: no es privilegio, es perjuicio, y por eso hay profesionales que aportan a BPS y no a la caja. Tampoco hay, mientras se hacen los aportes, aguinaldo ni salario vacacional ni seguro de paro.
- Los profesionales recuperan en ocho años lo aportado.
Falso. Y no hay cálculo financiero que lo demuestre. Al revés, considerando que los años promedio de aportación son 32 y la edad promedio de jubilación en la caja es 63, un profesional que hiciera su carrera profesional como dispone la ley recién a los 83 años recuperaría su jubilación. De paso, y lamentablemente, también es falso que los profesionales tengamos una longevidad superior al resto de la población.
La base de la falsedad es no considerar la capitalización de los ahorros aportados y del fondo que se acumula y después se usa mes a mes
Conclusión: otra falacia repetida sin el mínimo análisis ni argumento.
- El Directorio de la CJPPU no hizo ajustes.
La caja, incluso antes de la Ley 20.130, efectuó reducción de beneficios y cambios en el sueldo jubilatorio; sin duda que fue tarde, pero sus directores, en especial los del Poder Ejecutivo, eran conscientes y promovieron ajustes desde 2014.
Por otro lado, por ley, los gastos de la caja están acotados y nunca excedieron los límites legales, como lo determinó el Tribunal de Cuentas hasta 2023.
Conclusión: los directorios de la caja hicieron ajustes, obviamente insuficientes.
- La rentabilidad de las inversiones fue desastrosa.
Es fácil ver y comparar, a través de la publicación de la memoria de la caja y las informaciones de las AFAP publicadas por el Banco Central, que siempre la tasa de rentabilidad de la “caja profesional” ha sido más alta que las tasas de rentabilidad de cualquiera de las AFAP y, en particular, mucho más altas que el fondo de capitalización.
Las inversiones forestales tienen rentabilidad que evoluciona como el promedio de las inversiones en el sector, con fuerte capitalización pero poca liquidez.
Conclusión: no se ha analizado el tema y es otra mentira difundida.
- El Estado aportó 20 millones de dólares en 2024 a la “caja profesional”.
Esto es verdad, pero dicho así parece que ya se hubiera subsidiado a la caja y es una verdad a medias. Ese importe se compone de tres partidas. La primera y mayor son los fondos que la misma caja en cumplimiento de la Ley 20.130 vierte y el Estado devuelve por el aporte que debería ir a ahorro individual en AFAP. El Estado no aportó nada, solo devolvió lo que recibió antes de la misma caja.
Las otras dos partidas son muy menores y están referidas a las asignaciones familiares dispuestas por una ley de la dictadura y por la compensación de las pasividades abonadas a los magistrados judiciales desde la caja sin que ellos hayan aportado para ello (Ley 17.738).
Conclusión: se pretendió desinformar, cuando es al revés, a través del IASS los pasivos han aportado más de US$ 600 millones al Estado y una cifra aún mayor con el descalce en el ajuste de los timbres a toda la sociedad.
- Los timbres los pagan los de menores recursos.
Es comprobable que, si en 2005 no se hubiera modificado el criterio de ajuste de los timbres profesionales, hoy la caja tendría una cifra anual de superávit similar el déficit que se ha estimado. Hay estudios que demuestran lo anterior, así como que los dos quintiles más pobres de la población (43%) no abonan timbres profesionales por su atención de salud.
Conclusión: nuevamente se maneja relato y no datos.
- Fue la mejor solución posible.
Hubo otras propuestas que no fueron analizadas siquiera, desde organizaciones de profesionales y desde el Colegio de Contadores se presentaron alternativas que requerían datos para confirmar las ideas planteadas. Fueron ignoradas hasta ahora.
Y se ignoraron porque atacar las causas requiere capacidades, trabajo e iniciativas de las que ha carecido este proyecto, prefiriendo cargar 50% a Juan Pueblo la solución y poner en riesgo el futuro del sistema previsional de los profesionales.
Los profesionales no queremos ser subsidiados, desde el esfuerzo para obtener el título, hemos aportado conocimiento, esfuerzo y trabajo como cualquier trabajador solamente como decía Wilson, referido al golpe de Estado: “Quien ignore el odio de los mediocres por la inteligencia ajena se va equivocar al analizar el proceso uruguayo”, y acá se ha pretendido menoscabar a los profesionales. Dejamos al lector entender las razones, tal vez ideológicas, tal vez de otro tipo por las que se mintió…
No es el camino intentar desprestigiar a quien por mérito propio alcanza un título universitario, sino buscar que el trabajador profesional continúe brindando su conocimiento y servicio a la sociedad, respetándolo como merece y como marca la historia de nuestro país.
Profesional perjudicado
