En noviembre de 2024, Uruguay implementó por primera vez en la región bloqueos en tiempo real de sitios web que transmiten ilegalmente eventos deportivos. En cumplimiento del artículo 233 de la Ley 20.075, los proveedores de servicios de internet (ISP) ejecutaron las órdenes judiciales en menos de media hora, estableciendo un precedente regional.
Durante el encuentro ministerial Justicia y Telecomunicaciones, organizado esta semana por el Centro de Estudios Regulatorios y de Telecomunicaciones (Certal), Jorge Bacaloni —presidente de la Alianza contra la Piratería de Televisión Paga, fundada en 2013 y activa en toda América Latina— subrayó el papel pionero de Uruguay en el combate a la piratería audiovisual. “Uruguay fue el primer país que tuvo una resolución judicial respecto a bloqueos, atacando a la piratería por las marcas, por los mismos piratas, en el caso de Rojadirecta”, afirmó Bacaloni.
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Hinchas mirando un partido en un bar
Santiago Mazzarovich / adhocFotos
Sin embargo, la mirada de Ernesto Majó, director ejecutivo de Lacnic —la organización que administra las direcciones IP en América Latina y el Caribe—, quien también participó en el evento, introduce una postura más cautelosa frente a la aplicación generalizada de bloqueos en internet. Según Majó, estas medidas pueden tener consecuencias inesperadas para muchos actores que nada tienen que ver con la piratería.
“En esos 90 minutos (que dura el partido de fútbol) en que se congela una señal para impedir la propagación de ciertos contenidos, hay servicios completamente legales que también se ven interrumpidos. Negocios pequeños pierden ingresos, usuarios no pueden acceder a herramientas esenciales. ¿Quién los defiende? Nadie. Son actores invisibles en una red que, por definición, es una red de redes, donde conviven miles de servicios distintos”, advirtió.
La distinción entre responsabilidades técnicas y regulatorias, subrayó, es fundamental para comprender qué rol le corresponde a cada parte en la lucha contra la piratería, sin trasladar cargas indebidas a quienes operan la infraestructura de la red. Uno de los efectos colaterales más serios es que los bloqueos muchas veces se aplican sobre rangos completos de direcciones IP, y esto afecta a miles de sitios legítimos en el proceso. Cada dirección IP puede alojar cientos de miles de páginas web, por lo que, aunque solo una transmita contenido ilegal, la medida termina afectando a todas.
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En el marco de la Cumbre Ministerial de América del Sur, se desarrollaron dos instancias para abordar los desafíos que plantea la piratería en la región
Certal
Regulación y capacitación
Mientras Majó subraya los daños colaterales que provocan los bloqueos masivos, desde el sector audiovisual advierten que no actuar también tiene consecuencias serias. Bacaloni detalló que en Uruguay casi la mitad de los hogares con acceso a internet consumen contenidos piratas. “Esto implica pérdidas anuales por 122 millones de dólares para la industria audiovisual”, señaló. Y el problema no se agota en el plano económico: “La piratería está directamente vinculada con el delito. Muchas de estas plataformas no solo roban contenidos, sino también datos personales, distribuyen malware y acceden a funciones sensibles de los dispositivos, como el wifi o la cámara, sin el conocimiento del usuario”.
Bacaloni relativiza la necesidad de una regulación específica para combatir la piratería. Si bien “una regulación dedicada es ideal”, la experiencia global demuestra que la voluntad política “para resolver el problema” permite utilizar la regulación existente de manera efectiva.
Majó, por su parte, enfatiza la importancia de la capacitación y la comprensión de cómo funciona internet para que las medidas de control sean efectivas. Señala que la aplicación generalizada de bloqueos “tiene una cantidad de implicancias que son inapropiadas y, sobre todo, no son efectivas” a largo plazo. “El auténtico responsable de esa piratería inmediatamente puede mover el contenido a otra dirección, a otro espacio, a otra jurisdicción”, argumenta Majó, lo que significa que la medida solo tiene una “temporalidad limitada” y no combate el delito de manera definitiva.
Para el director de Lacnic, el bloqueo es una herramienta que “solo mitiga: no combate de forma efectiva a los piratas ni a los verdaderos responsables del delito”.
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En diciembre de 2024, la Justicia española multó a Rojadirecta con 31,6 millones de euros por piratería
Sharaf Maksumov
Bloqueos: una realidad global
Un informe publicado en junio por la Fundación para la Tecnología de la Información y la Innovación (ITIF), un centro de estudios sin fines de lucro con sede en Washington, sostiene que los bloqueos a sitios web pirateados “es una forma eficaz de proteger a los titulares de derechos de autor y aumentar el consumo de contenidos legales sin perjudicar el comercio legal ni la libertad de expresión”.
La mayoría de los países están implementando bloqueos sin necesidad de una regulación específica. Si bien los bloqueos no son la única herramienta para combatir la piratería, son la última línea de defensa cuando otras soluciones tecnológicas y sistemas de notificación a los piratas no funcionan.
Martín Motta, director AFYM Consultores, y otro de los expertos que participó en el evento, enfatizó la efectividad de los bloqueos, especialmente en el contexto uruguayo. Uruguay cuenta con dos marcos regulatorios complementarios: uno para bloqueos administrativos de 30 días y otro para bloqueos en tiempo real de eventos deportivos. Este último es crucial, ya que el daño generado por la piratería de un evento deportivo, que dura solo 90 minutos, es irreparable si no se actúa de inmediato.
Motta explicó que en Uruguay se han bloqueado aproximadamente 650 sitios, muchos de ellos categorizados como de “capa 2” o “capa 3”. “Los sitios de capa 1 son los más conocidos, como Rojadirecta o Fútbol libre. Los de capa 2, en cambio, aprovechan vulnerabilidades en CDN —redes de distribución de contenido que replican datos en múltiples servidores para acercarlos al usuario final—, ya sean legales o ilegales, para propagar contenido. La efectividad del bloqueo en estas capas más profundas es mucho mayor, ya que un solo sitio de capa 2 puede alimentar a 30 o 40 sitios de distribución”.
Cuando se aplica un bloqueo a un sitio de capa 2, el impacto es inmediato y profundo. La audiencia de los sitios que dependen de este nodo de distribución cae drásticamente, “ya que los usuarios no suelen buscar mecanismos alternativos para acceder al contenido”. Esto no solo reduce la piratería, sino que también “protege a los usuarios de infecciones por malware y exposición a contenido inapropiado, como pornografía”, que a menudo se encuentra en estas plataformas ilegales.
Para Motta, el bloqueo “es la herramienta más eficaz que tenemos hoy en día”.
La velocidad como factor crítico y la ineficacia de otros mecanismos
Motta resaltó la importancia de la velocidad en la aplicación de los bloqueos. Los sitios piratas tienen una vida útil corta, de aproximadamente dos o tres meses. “En dos meses es muy difícil que llegue una resolución de la Justicia. Cuando llegó la resolución, ese sitio ya no existe más. Ya cambió, ya mutó, ya se fue, ya el menor estuvo expuesto a la pornografía, tuvo la posibilidad de ir a la timba, ya se robaron sus datos…”.
En contraste, otras medidas, como las notificaciones a los servicios de hosting —empresas que alojan sitios web y permiten que estén disponibles en internet— o a plataformas intermediarias, han demostrado ser ineficaces. Motta mencionó que, de entre 40 y 50 notificaciones enviadas a hostings, ninguna resultó en la baja del contenido, alegando falta de jurisdicción o incapacidad para identificar al usuario. Incluso la colaboración con empresas como Cloudflare —un proveedor que protege y acelera sitios web mediante una red de distribución de contenido y servicios de seguridad— y Amazon ha evidenciado la complejidad y las barreras en la cadena de responsabilidad.
El modelo brasileño
Brasil ha implementado un modelo integral para combatir la piratería, que incluye la automatización de bloqueos y una fuerte colaboración entre el gobierno y el sector privado. El gobierno brasileño, a través de un laboratorio en la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), ha logrado bloquear más de 20.000 direcciones IP y dominios ilegales en 2024, superando las cifras de años anteriores. Además, “se están buscando integraciones tecnológicas con los proveedores de internet para generar bloqueos automáticos”, contó Bacaloni.
A esto se suma la Operación 404, un operativo internacional liderado por el Ministerio de Justicia de Brasil para desmantelar redes de piratería digital en América Latina y otras regiones.
En su fase más reciente, desarrollada en setiembre de 2024, logró el bloqueo de 675 sitios y 14 aplicaciones ilegales de streaming, como la popular Magis TV, y derivó en allanamientos y detenciones en países como Argentina, Brasil y Paraguay. La iniciativa, que ya cuenta con la cooperación de organismos internacionales, “se ha extendido a otros países, como Perú y Reino Unido, y queremos sumar a Uruguay”, adelantó el presidente de la alianza.
