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Es hora de que dejen de mirar hacia otro lado. Mientras ustedes se envuelven en discursos de austeridad y promesas de campaña, el Estado uruguayo sigue acumulando juicios millonarios por gestiones deficientes, decisiones tomadas a la ligera y una desprolijidad administrativa que asombra. Pero lo que más indigna no es solo el error, sino la absoluta impunidad económica con la que actúan.
Parece que, para el político uruguayo, firmar una resolución mal fundamentada o rescindir contratos de forma arbitraria no tiene consecuencias. ¿Por qué habrían de preocuparse si, al final del día, la cuenta no llega a sus despachos, sino a los hogares de los trabajadores? Viajes, viáticos, fotos en redes sociales, paseos por los programas de televisión y radio, inversiones mal proyectadas de nula o baja rentabilidad también forman parte de la amplia gama de despilfarro de los dineros públicos. ¿Total?, paga el pueblo.
Resulta indignante asistir, casi como espectadores de una obra repetitiva, mientras se fijan audiencias de conciliación por cifras que escandalizan. La pregunta que surge de forma espontánea y con bronca es: ¿Hasta cuándo pagaremos todos los errores de unos pocos?
Antes, el honor y la responsabilidad se defendían de otra manera. Hoy, amparados en la frialdad de los expedientes, los jerarcas de turno toman decisiones desprolijas, arbitrarias o directamente negligentes, con cronogramas políticos, sin respetar plazos y mucho menos los debidos procesos, sabiendo que el costo de esos errores no saldrá de sus bolsillos, sino del esfuerzo de cada contribuyente.
Nuestra Constitución es clara. El artículo 25 establece que el Estado, tras pagar por un daño, tiene el derecho (y el deber moral y ético) de repetir contra el funcionario que actuó con culpa grave o dolo. Sin embargo, este artículo parece ser “letra muerta” en nuestra práctica democrática. Ese artículo que ustedes parecen haber borrado de su memoria selectiva y que dice claramente que el jerarca debe responder ante el Estado por su culpa grave con su propio patrimonio. Es un insulto a la ciudadanía que, en un país con un 30% de pobreza infantil, donde faltan escuelas de tiempo completo y la inseguridad nos encierra, tengamos que ver cómo se esfuman millones de dólares en indemnizaciones o en contratar suntuosos abogados internacionales por su impericia.
Ustedes están para administrar, no para despilfarrar. Juegan a la política con la billetera ajena, y esa soberbia nos está costando el futuro. ¿Cómo explican que haya dinero para pagar juicios por mala gestión, pero no para sacar a un niño de la pobreza? ¿Cómo justifican que su desidia sea financiada por el IVA de la leche y el pan de los que menos tienen? ¿No se les cae la cara de vergüenza?
¿Cuándo se les terminan los privilegios? Ser jerarca es el “deporte de riesgo” más seguro del mundo, donde se puede fracasar con estrépito y salir indemne. Si el Estado pierde dinero por su culpa grave, paguen ustedes. Solo cuando sientan el peso de la responsabilidad en su propio patrimonio, empezarán a cuidar el de todos nosotros.
Que de una vez por todas el Estado deje de ser el pagador bobo y empiece a aplicar la Constitución. Los uruguayos estamos cansados de financiar la desprolijidad ajena con el futuro de nuestros hijos.
El honor no se declama, se ejerce con responsabilidad. Empiecen a estar a la altura del cargo que ocupan o tengan la decencia de dar un paso al costado.
