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Crece la intranquilidad de los deudores en UR al dilatarse aplicación de ley que los beneficia
Tras una reunión del comité de seguimiento de aplicación de la norma, la Agencia Nacional de Vivienda busca respaldo del Banco Hipotecario para comunicar la extinción de la deuda a unos 400 clientes
Una manifestación de deudores en UR ante el BHU, en 2018
FOTO
Pablo Vignali/adhocFOTOS
Desde que a fines de noviembre la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) resolviera postergar la aplicación de los beneficios de la Ley 20.237, que condona deudas y rebaja tasas de interés a los deudores en UR de esa entidad y del Banco Hipotecario (BHU), ambas instituciones han intercambiado información y reiterado advertencias, pasándose “la pelota” sobre varios de los temas regulados, pero en torno a los que no cuentan con datos, dijeron a Búsqueda fuentes de la institución bancaria pública.
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Uno de los nudos a desatar gira en torno a que, si bien de acuerdo a la reglamentación de la norma es requisito estar al día en los tributos nacionales y departamentales sobre el inmueble garantía del crédito a la fecha de promulgación de la ley —el 22 de diciembre del año pasado— y ambas entidades volvieron a solicitar esa información a la Dirección General Impositiva (DGI) y a las intendencias, no se obtuvieron los datos.
Fuentes de los organismos involucrados explicaron que el BHU reiteró el pedido a la DGI para conocer la situación de pago del Impuesto de Primaria de un grupo de 500 clientes, que podrían ser los beneficiarios de la cancelación de la deuda porque su crédito tiene una antigüedad de 40 años o más, pero no tuvo éxito. Indicaron que la oficina recaudadora contestó que el sistema utilizado para gestionar ese tributo tiene “limitaciones” en la producción de reportes de deuda individualizados y a determinada fecha, como sí puede generarlos para otros gravámenes. Por ello, la Impositiva se excusó de no poder consultar a una fecha específica la situación de deuda del listado de padrones proporcionado.
Sin lograr avances en la información para aplicar lo que se denominó la “solución” a los deudores en UR, el viernes 13 se reunió el comité de monitoreo y seguimiento que integran representantes de ambas instituciones. La intención de la ANV, dijeron los informantes, es lograr aplicar en una primera etapa la extinción de la deuda —que podría abarcar a unos 400 deudores— para antes de Navidad.
El Directorio del BHU sesionará hoy, jueves 19, y el tema volverá a estar a estudio, si bien es la ANV la que, como fiduciaria, debe resolver qué criterio adoptar.
“¡La ley debe cumplirse!”
Mientras tanto, a más de dos semanas de la fecha prevista para comunicar los beneficiarios de la ley que impulsaron legisladores de la coalición de gobierno —y tuvo, además, el apoyo del Frente Amplio—, los deudores intercambian mensajes de expectativa y preocupación.
“La aplicación de los beneficios se posterga hasta que se reciba la información sobre las deudas de tributos asociadas al inmueble. Tener especialmente presente que, si se constata que el beneficio fue otorgado de manera indebida por no cumplir todas las condiciones establecidas en la ley 20.237, el beneficio quedará sin efecto en forma retroactiva”. Esa respuesta, “capturada” por un deudor que consultó en los últimos días su situación a través de la web de la agencia y compartida en un grupo de Facebook, es uno de los tantos mensajes que inquietan a quienes esperan cancelar la deuda. Otros cuestionan el retraso en la aplicación de los beneficios y alientan a asesorarse porque, dicen, “¡la ley debe cumplirse!”. También advierten sobre respuestas que van recibiendo de la ANV a preguntas puntuales, como si hay que seguir abonando la cuota del préstamo, aunque su caso esté comprendido entre los beneficiarios de la ley.
Hay quienes argumentan que “sería sano que al momento que se le otorgue el beneficio de la ley se vea quién está al día con los impuestos”, mientras que otros alertan que, si la intención es “aplicar la ley a rajatabla”, no se contemplará a aquellos que regularizaron el pago de los tributos luego de que se aprobara la norma en el Parlamento.
La ley pretende contemplar la problemática generada para un conjunto de unas 24.000 familias deudoras en UR por la suba que tuvo el valor de esa unidad —que ajusta por el Índice Medio de Salarios— en los últimos 15 años y lo que consideran fue un tratamiento “injusto” de sus créditos.
