Pero, aunque se logró “acotar” el impacto económico e incidir en algunos cambios para que la norma aprobada —que condona deudas y rebaja tasas de interés— fuera viable de instrumentar, el BHU proyecta que el nuevo marco “dará vuelta” el resultado positivo que venía registrando y tendrá pérdidas cercanas a los US$ 150 millones en este ejercicio, dijo a Búsqueda el gerente general de la institución, Álvaro Carella.
De todas formas, aclaró que el BHU quedará desde el punto de vista económico y operativo en condiciones de “seguir cumpliendo su rol”, si bien tendrá recursos humanos y materiales “distraídos” en la aplicación de la nueva ley. “No lo postra operativamente, como sí lo hubiera hecho el proyecto” que inicialmente había ingresado al Senado, reconoció.
Hacia adelante, Carella consideró que la norma tendrá repercusiones negativas en el mercado de créditos hipotecarios. “Con esto se va a frenar el proceso de maduración que se venía dando y que iba a permitir incorporar —gradualmente— al público más joven” como sujeto de préstamos para vivienda a mayores plazos y con valores de cuota más bajos.
Alegó que si bien la ley para los deudores en UR no redundaría necesariamente en un aumento de la tasa de interés, es decir, del costo de los préstamos para el resto de los clientes, es posible que genere un “racionamiento de la cantidad” de créditos, a contramano de la tendencia que se viene registrando de incremento en el número de colocaciones.
Este año el BHU cerrará con unos 1.700 préstamos otorgados, un nivel por encima del registrado previo a la pandemia de Covid-19. “Nos íbamos aproximando a niveles de colocaciones muy buenos, aunque todavía no estábamos en el récord registrado entre 2014 y 2015”, señaló el gerente general de la entidad.
Carella afirmó que de aquí a dos o tres años, hasta que se despejen los efectos que la ley pueda tener en los indicadores del banco, la entidad enfrentará restricciones para fondearse en el mercado de capitales porque los inversores institucionales advertirán un problema de “riesgo moral”, lo que encarecerá el costo del financiamiento.
El BHU perderá un quinto del patrimonio, el impacto de la ley rondará los US$ 250 millones.
Por su parte, el director del Frente Amplio en el BHU, Gabriel Frugoni, dijo a Búsqueda que la norma aprobada traerá efectos “complejos” para reestructurar deudas como el Hipotecario lo ha venido haciendo en los últimos tiempos, a razón de unos 300 casos por año. “En el fondo, esta ley lo que trae es un desincentivo, un castigo a la posibilidad futura de reestructuras”, a revisar y estirar las obligaciones en el tiempo porque, “cuanto más pueda acercarse a plazos mayores de 30 años, existe el riesgo de tener un tratamiento diferencial”, como pasó ahora. “Y eso lo van a sufrir los nuevos créditos” que se puedan otorgar, “hay un tema intergeneracional complicado”, señaló.
A su juicio, con esta norma se “amplifica” la posibilidad de que a futuro se puedan “colectivizar” demandas; como aumenta el riesgo, y por tanto la afectación posible del negocio, se encarecería el crédito.
“Es legítimo lo que hizo el Parlamento, pero esto es un subsidio a un colectivo que se podría justificar por un aspecto social, al atender a presonas con vulnerabilidades importantes, que no es el caso, o por una injusticia. Quedó demostrado, con varios estudios, que no existe un problema generalizado de la unidad de cuenta. (…) Por tanto, no es un tema técnico, ni de justicia, ni de equidad. La explicación está en un tema político de índole electoral”, alegó Frugoni.
El texto aprobado
La norma sancionada el miércoles 13 en el Parlamento para los deudores en UR del BHU y la ANV —que surgió a impulso de varios legisladores oficialistas pero que también recibió el apoyo del Frente Amplio— deberá reglamentarse en el plazo de 30 días.
La ley, que consta de 13 artículos, prevé la constitución de un fideicomiso financiero en la ANV que gestionará la cartera en UR que traspasará el BHU.
Según el artículo segundo, los créditos en UR que podrán recibir los beneficios de quitas y abatimiento de la tasa de interés serán los otorgados a personas físicas que estén vigentes a la fecha de la promulgación de la ley y cuyo monto en el origen no haya superado los US$ 80.000. Además, el inmueble hipotecado deberá estar al día en tributos nacionales y departamentales. Apunta que podrán ser beneficiarios aquellos que sean titulares de la deuda en UR con anterioridad al 1º de enero de 2009, con lo que limita los plazos respecto a las novaciones o cesiones de crédito.
Establece además la extinción del crédito y colgamentos para aquellos titulares que hayan asumido la deuda hace 40 años o más y que en los últimos 10 años hayan abonado un mínimo de 110 pagos y cuyo saldo de capital a pagar sea igual o inferior al 65% de la deuda asumida en el origen del crédito.
Y agrega a su vez que la extinción de la obligación estará condicionada a que en el plazo de dos años se escriture la cancelación de hipoteca o la escritura en cumplimiento de la promesa de compraventa. Además, establece que el incumplimiento de más de tres cuotas sucesivas a partir de la promulgación de la ley dejará sin efecto los beneficios y el deudor volverá al régimen anterior.
Para los créditos asumidos con anterioridad al 31 de diciembre de 1993 (hace 30 años) el beneficio aprobado será en la tasa de interés sobre el saldo adeudado y los colgamentos, que será de 0%.
En tanto, para los que tienen entre 15 y 30 años de antigüedad se les aplicará sobre el saldo de capital y colgamentos una tasa máxima de 2,5% en UR por el tiempo que reste hasta los 40 años, en que se extinguirá la deuda.
A partir de los 180 días desde la promulgación, el Poder Ejecutivo deberá remitir a la Asamblea General, en forma semestral, un informe sobre la “implementación, evolución y evaluación” de la aplicación de la ley que explicite el número de beneficiarios y los beneficios efectivamente otorgados.
Pérdidas
En la actualidad, el BHU cuenta con unos 10.000 deudores en UR, y con el pasaje de los clientes personas físicas al fideicomiso —que se prevé que quede constituido en mayo— la cartera en el Hipotecario en esa unidad de cuenta se reducirá a unos US$ 40 millones o US$ 50 millones entre los créditos a personas jurídicas y los que están vencidos, señaló Carella.
Conformado el fideicomiso, la ANV tendrá un plazo de 150 días para comunicar quiénes son beneficiarios de la ley y en qué cuantía. Luego, si tuvieran alguna diferencia, los clientes tendrán algunos días para controvertir la resolución.
Separada la cartera, hacia adelante la generación de resultados del banco se basará en los clientes en unidades indexadas a la inflación, que representan dos tercios del total. “Es mucho más sana que la de UR, tiene una morosidad un poquito por debajo del 1% y es la que le permite la sustentabilidad de la estructura de costos al banco”, afirmó.
Hasta noviembre, señaló, el BHU tuvo ganancias equivalentes a unos US$ 80 millones pero, con la aprobación de la norma, Carella explicó que se deberá contabilizar una “provisión” por una parte del impacto económico, dadas las modificaciones en el valor de la cartera que pasará a la gestión del fideicomiso. Apuntó que si bien al cierre de este ejercicio los créditos en UR seguirán formalmente en el banco, por criterios de “prudencia” se debe reflejar que esos activos ya no valen lo mismo de lo que valían el día anterior a que se aprobara la norma. Señaló que el impacto al cierre del ejercicio actual va a ser de entre US$ 150 millones y US$ 200 millones y eso redundará en una pérdida cercana a los US$ 150 millones.
“Va a haber más impactos más adelante. Pero esa cifra es razonablemente la que se puede estimar” para el cierre de este año, afirmó.
