Los proyectos chinos, en tanto, dicen producir créditos de carbono al prevenir la deforestación mediante medidas de protección forestal. No obstante, los bosques implicados en estos proyectos “enfrentaban riesgos de deforestación insignificantes antes de los proyectos, lo que significa que las reducciones de emisiones reclamadas habrían ocurrido de todos modos, sin la intervención de los proyectos ni los incentivos financieros de los créditos de carbono”, señalan los consumidores.
En la demanda aseguran que, “como resultado de las declaraciones engañosas de los demandados, los consumidores sufrieron daños económicos de varias formas; por un lado, pagaron un precio más alto debido a afirmaciones ambientales falsas, al tiempo que el marketing engañoso distorsionó el mercado al diferenciar falsamente los productos con base en criterios ambientales”. Y por otro lado “no recibieron el beneficio por el que pagaron: adquirieron vaporizadores y productos de vapeo promocionados como ambientalmente superiores, pero recibieron productos cuyas afirmaciones ambientales se basan en proyectos de compensación ineficaces y redundantes que no proporcionan reducciones reales de carbono”. Alegan, además, que los cuatro proyectos forestales, que “exageraron” sus afirmaciones de sostenibilidad, representaron la gran mayoría de los créditos que permitieron que Vuse fuera declarado como neutro en carbono.
Mientras la demanda comenzaba en Estados Unidos, el vapeo estaba en el centro del debate uruguayo. El Poder Ejecutivo derogó en junio los decretos 87/021 y 282/022 —aprobados durante la administración de Luis Lacalle Pou—, que habilitaban la importación y venta de vapeadores y dispositivos de tabaco calentado y flexibilizaban el empaquetado neutro de cigarrillos.
Acusación de greenwashing
Los demandantes aseguran en el escrito que las afirmaciones de neutralidad de carbono son un claro ejemplo de greenwashing debido, entre otras cosas, “a la complejidad técnica del cálculo de carbono, la falta de transparencia y de estándares confiables en el mercado de compensaciones de carbono, así como la incapacidad de las empresas para calificar adecuadamente sus afirmaciones de neutralidad, la efectividad cuestionable de muchos proyectos de compensación y la limitada supervisión regulatoria de las declaraciones de marketing ambiental”.
Al analizar el caso del proyecto Guanaré, desarrollado por la empresa uruguaya Carbosur, los consumidores aseguran que la iniciativa “no proporciona reducciones de carbono reales”. Según detallan, el proyecto constituye un esfuerzo de forestación industrial que abarca más de 21.000 hectáreas y “supuestamente compensa carbono mediante la plantación de árboles de eucalipto que absorben dióxido de carbono a medida que crecen”; sin embargo, el análisis geoespacial de la región “revela que está densamente poblada con plantaciones industriales de eucaliptos, sin evidencia de que la viabilidad económica de tales plantaciones dependa de los ingresos por créditos de carbono”, señala la demanda.
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Mapa que detalla dónde se desarrollaría Guanaré incluido en los documentos preparatorios del proyecto
Además, se afirma en el escrito, la “ineficiencia del proyecto” ya había sido objeto de investigaciones periodísticas llevadas adelante por TBIJ, la cual informó en noviembre de 2024 que BAT estaba entre los “mayores compradores de créditos del proyecto” y que la legitimidad de dicha iniciativa “había sido cuestionada por varias organizaciones independientes” e incluso que Vuse “había alcanzado su estatus ecológico mediante créditos de carbono considerados como carentes de impacto ambiental”.
Entre ellas, la empresa tecnológica Renoster otorgó a Guanaré una “calificación cero” en 2022 porque “los árboles iban a ser plantados independientemente del proyecto”, lo cual significa que los créditos, que deberían representar cada uno una tonelada de emisiones evitadas o eliminadas, “no representan ningún cambio en absoluto”. Incluso, la calificadora señaló que la “suposición de línea base” de la iniciativa no era “razonable porque grandes porciones de tierras cercanas ya estaban siendo convertidas de pastizales a plantaciones de eucaliptos” y, de esta forma, “no consideraría legítimas las afirmaciones de neutralidad de carbono basadas en estos créditos en particular”.
“En consecuencia, los créditos generados por el proyecto de plantaciones forestales Guanaré no representan reducciones reales de emisiones que sean adicionales a las prácticas forestales comerciales habituales. Debido a que las actividades de forestación probablemente habrían ocurrido independientemente del financiamiento por carbono, el uso de estos créditos por parte de los demandados no califica como una compensación legítima de las emisiones de carbono de los productos”, finaliza la denuncia.
Un vocero de BAT dijo a TBIJ en noviembre de 2024 que la afirmación de “neutralidad en carbono” había sido validada de forma independiente en 2021 y que todas las comunicaciones de Vuse en torno a la neutralidad de carbono se terminaron en diciembre de 2023. Sin embargo, TBIJ determinó que las afirmaciones seguían presentes en el sitio web de la empresa en ese momento, en tanto un comunicado de prensa de 2021 que describe a Vuse como “el primer vaporizador neutro en carbono del mundo” aún está disponible en el sitio web de BAT.
Un negocio entre privados
Consultada por Búsqueda, la directora nacional de Cambio Climático, Fernanda Souza, explicó que el Ministerio de Ambiente “no tiene ninguna participación ni le compete realizar ningún seguimiento” sobre proyectos como el Guanaré, “pues refiere a una transacción entre privados, y las reducciones o remociones no integran la contabilidad nacional de gases de efecto invernadero”. Los actores obligados a dar las garantías y establecer las reglas y los requisitos que deben seguir este tipo de proyectos son los esquemas de certificación privada como Verra o Gold Standard, añadió.
Guanaré opera dentro de los llamados “mercados voluntarios, en donde se pueden transar los créditos de carbono por parte de empresas u organizaciones, motivados por estrategias corporativas de carbono neutralidad, responsabilidad social empresarial o marketing”, explicó Souza, quien tiene una maestría en Medio Ambiente Global, Política y Sociedad por la Universidad de Edimburgo. “Los créditos generados en estos proyectos no requieren ningún ajuste en el inventario ni afectan los compromisos asumidos por el país. En Uruguay hay varios ejemplos de proyectos y empresas en mercados voluntarios que han vendido o comprado créditos de carbono, en particular los vinculados al sector de la forestación”, comentó.
Un proyecto rentable
En diálogo con Búsqueda, el director ejecutivo de Carbosur, Álvaro Pérez del Castillo, defendió el proyecto Guanaré, que ya no es administrado por su empresa, y cuestionó los argumentos detrás de la demanda.
En el centro de la discusión está el concepto de “adicionalidad”, es decir, si el proyecto hubiese sido viable o no sin los ingresos por la venta de créditos de carbonos.
Pérez del Castillo dijo que, para juzgar el proyecto, es necesario recordar que comenzó su forestación en 2006 y que no era para producción de celulosa, sino para “madera de alta calidad”. “Era una zona con cero desarrollo y caminería muy mala”, por lo que “invertir ahí en turnos largos era un riesgo altísimo”, afirmó. Por eso el proyecto cumple con el criterio de “adicionalidad”, sostuvo. “Estoy absolutamente tranquilo de que en Carbosur hicimos todo como se tenía que hacer”.
El proyecto fue desarrollado en terrenos adquiridos en aquel momento por la organización que maneja los fondos de la Universidad de Harvard, aunque para 2019 ya los había vendido.
Consultado sobre la rentabilidad del proyecto Guanaré sin los créditos de carbono, cuando fue elaborado, el director reconoció que podían alcanzar tasas de retorno del 6% o 7%, pero que los créditos aportaban un “empujoncito final”. “El crédito, suponiendo escenarios positivos, te sube 1 punto, 1,5 puntos” la rentabilidad, detalló. Añadió, no obstante, que eso no invalida la adicionalidad: “El hecho de que tenga otro ingreso” otorga “muchos beneficios al proyecto”, así como tener más vías para asegurar su sustentabilidad en el largo plazo.
Guanaré fue desarrollado con una expectativa de funcionamiento de 60 años y con un total de créditos de carbono a emitir de 6 millones de toneladas de CO2. Pese a que restan 40 años para su cierre, el proyecto ya vendió casi todos los créditos.
El director afirmó que los créditos de Guanaré fueron producidos y auditados. “Son procesos realmente complicados, largos, caros y complejos”, indicó. Aseguró en ese sentido que Guanaré “se registró, validó y verificó” bajo los parámetros de certificación Verra, que regula el mercado privado de créditos de carbono, y que “todo el proceso está documentado y disponible públicamente”.
Pérez del Castillo también apuntó contra la calificadora estadounidense Renoster, a la que acusó de no ser una auditora, sino una empresa que solo ranquea proyectos. “He hablado muchas veces con ellos porque a veces llaman para preguntar cosas porque no tienen ni idea”, cuestionó. Añadió que la calificadora se basa solo en imágenes satelitales, lo que no les permite obtener un análisis en profundidad.
