Deudores en UR: se posterga aplicación de ley por problemas operativos para dar información “fehaciente”

La reglamentación de la Ley 20.237 estableció que los gobiernos departamentales y la Impositiva debían informar en el plazo de 30 días corridos, a contar desde que les fuera requerido, si los potenciales beneficiarios estaban al día con los tributos al 22 de diciembre del año pasado (cuando se promulgó la norma). Sin embargo, según los informantes, la DGI no envió información, pero sí lo hicieron la casi totalidad de los gobiernos departamentales.

Así, por la vía de los hechos, en ambos casos la ANV prorrogó la aplicación de los beneficios establecidos en la ley, que se aprobó a fines del año pasado a impulso de varios legisladores oficialistas y que también recibió el apoyo del Frente Amplio.

Ahora, la expectativa —según las fuentes consultadas— es que se solucionen las cuestiones operativas asignando tareas a los funcionarios que cuentan con más expertise en el tema para que se “aplique a rajatabla” el texto de la norma, de manera de evitar reclamos o acciones judiciales futuras.

“Lo mejor sería que se demore” mientras no se cuente con toda la información para hacer los cálculos justos, dijeron.

Agregaron que el Directorio de la ANV no tiene determinada aún la fecha en que estarán prontos los procesos para aplicar los beneficios.

Retraso y “dificultades”

“Hoy visité la ANV de Montevideo y tuve la gratísima noticia de que ya no tengo que pagar más (…). A pesar de que los beneficios están atrasados me indicaron que volviera a mediados de diciembre o consultara por email para ver si en esas fechas ya puedo seguir los pasos con escribano”, publicó una deudora en un grupo de Facebook.

La “solución” —como se aludió a la Ley 20.237— consagró beneficios en los saldos pendientes de pago a los deudores en UR del BHU y la ANV. La norma, que se reglamentó en abril de este año, prevé la extinción del crédito y de los colgamentos para quienes hayan asumido la deuda hace 40 años o más y que en los últimos 10 hayan pagado 110 cuotas y cuyo saldo de capital sea igual o inferior al 65% de la deuda asumida al inicio del préstamo.

Para los que tienen una antigüedad de 30 años, estableció fijar la tasa de interés en 0% sobre el saldo adeudado y los colgamentos. Aquellos con créditos de entre 15 y 30 años pasarán a pagar una tasa de 2,5% por el tiempo que reste hasta los 40 años de antigüedad, cuando se extinguirá la deuda.

Se preveía que la ley abarcaría a unos 19.000 deudores en UR en total. Para el Hipotecario, el impacto en el patrimonio se estimó en unos US$ 250 millones.

A principios de noviembre, a pedido del BHU, se reunió el comité de monitoreo y seguimiento que integran ambos organismos. Allí se intercambiaron comentarios y se pidieron aclaraciones sobre la información de la cartera de créditos, los plazos de implementación y los procesos previstos, señalaron las fuentes. Alegaron que en ese ámbito surgieron diferencias sobre la cantidad de integrantes que asistieron de parte de la ANV, además de la inquietud sobre los criterios a aplicar en cuanto a la información faltante de la DGI y cuestiones contables.

Búsqueda consultó a la Presidencia de la ANV pero no obtuvo respuesta.

En tanto, la titular del BHU, Casilda Echevarría, se limitó a declarar que la aplicación de la ley “tiene distintas dificultades en virtud de diferencias” entre los softwares de ambas instituciones, lo que produce problemas prácticos “para determinar los beneficios de cada deudor en UR”. Y agregó que se trabaja en “afinar la información de modo que sea apta para ser remitida al Banco Central, a la Central de Riesgo”, y “fehaciente a cada uno de los deudores”.