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Hubo 586 destituciones de funcionarios públicos en 2025; se incumplieron leyes de cupos de ingreso
Las “listas de aspirantes” y el “concurso de méritos y antecedentes” explicaron más de la mitad de las “altas” en los vínculos laborales con el Estado; el “fin del contrato” fue el motivo del 60% de las “bajas”, según datos de la ONSC
Hall central de la sede del Ministerio de Ganadería.
Como ámbito laboral, el Estado uruguayo es una puerta vaivén: a la vez que algunas personas se incorporan a la plantilla por concurso, designación directa, elección o sorteo —entre otros mecanismos—, hay cargos que quedan libres por jubilaciones, fallecimientos, renuncias, destituciones u otros motivos.
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El saldo de ingresos y egresos verificado en 2025, registrados como “altas” (63.693) y “bajas” (65.946), marcó una disminución de 2.250 vínculos, analizó Búsqueda a partir de lo informado por la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) junto con el proyecto de Rendición de Cuentas ingresado al Parlamento la semana pasada.
Esa estadística difiere en su signo de lo que mostró el total de los vínculos laborales con el Estado, que a fin del 2025 fueron 318.269, 4.473 más que los 313.796 del año anterior (1,4%) y un nuevo máximo histórico. La razón de esa discrepancia está en qué considera la ONSC como “alta” o “baja” de una relación de trabajo con los organismos públicos.
Un “alta” se da cuando una persona física, a determinada fecha, tiene un nuevo tipo de vínculo con una unidad ejecutora o inciso de la administración. Supone el inicio de una relación jurídica y se sostiene en un acto administrativo. Puede o no tratarse de un nuevo ingreso o cargo en la organización. Por ejemplo, al renunciar un ministro, todos sus adscriptos son dados de “baja”, y si permanecen trabajando en esa secretaría de Estado se registran como una nueva “alta”.
La definición de “baja” es similar, pero para cuando el individuo deja de tener determinado tipo de vínculo laboral con el sector público. Del mismo modo, puede o no tratarse de un egreso o eliminación de un cargo en la organización. Por ejemplo, al darse de baja a un diputado, asume su suplente.
Los datos relativos a estos flujos en la plantilla pública son informados según los vínculos sean de funcionarios propiamente dichos o no funcionarios (pasantes, becarios, contratos laborales de derecho privado, arrendamientos de servicios y otras modalidades de vínculo), por organismo y según los motivos.
Del análisis surge que más de un tercio (34%) de las “altas” del 2025 provino de “listas de aspirantes”; fueron 21.642. El “concurso de méritos y antecedentes” explicó otro 27%, la “designación directa” y el “concurso de oposición y méritos” aproximadamente un 13% en ambos casos. El mecanismo de la “elección directa” produjo 1.081 “altas” y hubo 767 por “sorteo”.
De las cerca de 66.000 “bajas” totales del año pasado, el 60% derivó del “fin del contrato”. Le siguieron en importancia las “renuncias”, las “jubilaciones” y las “renovaciones”, las tres categorías con porcentajes de 10%. Casi 5% fueron “transformación de vínculo”.
Las “bajas” por fallecimiento fueron 523 en 2025, un 0,8% del total, porcentaje similar al de la “destitución”, definida por la ONSC como el “acto administrativo que declara la extinción del vínculo a consecuencia de un procedimiento disciplinario motivado por ineptitud, omisión o delito”: hubo 586 casos (0,9%). Solo los funcionarios presupuestados pueden ser destituidos.
Hubo, además, 22 “ceses” —el acto administrativo que declara la extinción del vínculo, por diferentes circunstancias—, 84 “ceses por límites de edad” y 100 “bajas” por “ineptitud física o psíquica”.
En 2025, los funcionarios con calidad de tales fueron 305.097, frente a los 300.893 que había el año previo (aumento de 1,4%), en tanto que los no funcionarios se incrementaron de 12.903 en 2024 a 13.172 (2,1%). En total, los vínculos fueron 318.269.
En perspectiva histórica —la serie disponible para 30 años—, y dada la tendencia casi siempre al aumento, la cifra de vínculos del 2025 es un nuevo máximo. En ese año el Estado tuvo 48.247 más relaciones de trabajo que en 1995, cuando la plantilla la integraban unas 270.000 personas. El crecimiento porcentual en ese lapso fue de 17,9%.
Cupos por discapacidad, afro, víctimas y trans
Diversas leyes establecen cuotas de ingreso para determinados colectivos.
Durante 2025, ingresaron al Estado como trabajadores 56 personas con discapacidad a los organismos públicos obligados por la normativa, lo que representó el 0,33% del total de puestos ocupados en el año.
Fueron seis los organismos que realizaron incorporaciones de personas con discapacidad y cumplieron con el mínimo del 4% estipulado por la normativa: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Banco Central, Banco Hipotecario, Administración de Ferrocarriles del Estado, Intendencia de Flores y Caja Notarial.
A su vez, dos mujeres jóvenes víctimas de delitos violentos entraron a trabajar al Estado el año pasado. Teniendo en cuenta aquellos organismos que ocuparon vacantes suficientes para al menos realizar un ingreso, alcanzar el cupo del 2% de las vacantes hubiera representado el ingreso de 25 personas víctimas de delitos violentos.
En 2025 entraron a trabajar al sector público 406 personas afrodescendientes amparadas en la normativa que establece la reserva del 8% de los puestos de trabajo a ser llenados en el año por personas afrodescendientes. Esa cantidad significó un 1,84% de los ingresos en los organismos del Estado y las personas jurídicas de derecho público no estatal.
Por último, el Estado reclutó a 11 mujeres y 15 varones trans. Esa cifra de 26 representó un 0,13% del total de personas que ingresaron a la plantilla en 2025. Los organismos que cumplieron con la cuota del 1% de los puestos de trabajo a ser llenados con personas de ese colectivo fueron el Poder Legislativo, el Banco de Seguros del Estado, OSE y la Intendencia de Montevideo.
