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Funcionarios públicos: ONSC expone apoyos y reparos jurídicos a trámites de destitución
La Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) publicó informes de asesoramiento de su equipo jurídico en casos de funcionarios sumariados por presentar certificación médica falsa, uso de auto oficial y expresiones sindicales, entre otros
Dentro de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), su área jurídica juega un papel clave. Allí se tramitan y controlan distintos procesos relacionados por ejemplo a la legalidad de los concursos para entrar a trabajar para el Estado, y la pertinencia o no de la movilidad de los funcionarios y de los procedimientos disciplinarios con sanción de destitución.
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El trabajo que realiza ese equipo de profesionales y administrativos con relación a los sumarios a funcionarios públicos queda expuesto en informes que circulan de manera interna entre oficinas públicas y eventualmente juzgados. Sin embargo, recientemente, una selección de esos documentos resumidos empezó a ser publicada —con periodicidad semestral— en el sitio web de la ONSC. El director de esa dependencia de Presidencia de la República, Sergio Pérez, considera que eso demuestra el “compromiso con la transparencia, la difusión del conocimiento jurídico-administrativo y el acceso público a la información, que respalda las decisiones” de la ONSC, dijo al comparecer semanas atrás en el Senado para dar su punto de vista sobre el proyecto de Ley de Presupuesto.
Haciendo un análisis formal y del fondo, la asesoría jurídica colabora con la Comisión Nacional del Servicio Civil, un órgano al que le compete pronunciarse preceptivamente sobre las destituciones de funcionarios antes de la resolución de organismo correspondiente (o solo a requerimiento del órgano estatal si no se trata del Poder Ejecutivo o del directorio de un ente autónomo o de un servicio descentralizado). Algunos de sus informes, ahora públicos, refieren a casos sobre temática variada, que se iniciaron en general en 2022 y 2023, y con desenlace también diverso. En todos, se omiten los datos identificatorios de los involucrados.
En 2024, la Comisión Nacional del Servicio Civil dictó casi 300 resoluciones sobre procedimientos disciplinarios donde se consideró la destitución de funcionarios por ineptitud, ineptitud psicofísica, omisión o delito por parte del organismo remitente. En 210 casos acompañó la propuesta de cese, y en los restantes se observaron aspectos formales y devolvió el expediente o sugirió una sanción menos drástica.
El sobre y la cinta adhesiva
Uno de los casos gira en torno al “mal manejo de información clasificada” del Ministerio del Interior, por el cual fue sumariado un agente policial. Esa documentación filtrada, que fue publicada por el periodista Eduardo Preve en octubre del 2023, refería al sumario iniciado a dos funcionarios policiales por ingresar en forma irregular al sistema de vigilancia el Guardián y realizar escuchas vinculadas a una investigación.
El informe del área jurídica concluyó que, a la luz de lo recabado durante el sumario, no fue posible concluir que hubiese existido una falta al deber de reserva por parte del agente y que faltan “elementos suficientes que ameriten la destitución”. De hecho, alude a una situación de descuido. La filtración —señala— “pudo darse en instancias anteriores o posteriores” al momento en que el policía accedió a la información, la cual estaba en un sobre “cerrado únicamente con cinta adhesiva, método que no ofrece seguridad alguna a la hora de resguardar información considerada reservada y de alta importancia. La cinta pudo haberse sustituido en cualquier momento”.
El brownie con marihuana
En otro caso, el área jurídica de la ONSC respaldó a la Jefatura de Policía de Paysandú en la propuesta de destitución de un agente. Tras efectuarse controles aleatorios, el funcionario dio positivo de consumo de marihuana. Según los relatos surgidos en el marco del sumario, comió un brownie con esa sustancia hecho por su exnovia para “animarlo”, ya que él había perdido a un familiar. Además, también ella es la que, “sin aviso, adultera y envía desde su correo el certificado” médico a nombre del agente.
El informe entendió que “del cúmulo probatorio no surge plenamente probada la responsabilidad que se le quiere atribuir al sumariado”. Si bien el oficial incurrió en falta administrativa, le indicó a la comisión que “existen motivos para observar la propuesta de destitución efectuada oportunamente por no guardar proporción con la falta administrativa probada”.
Libertad de expresión sindical
El área jurídica también intervino por un procedimiento administrativo sustanciado a dos funcionarios luego de publicada, en octubre del 2022, una nota en sus calidades de presidente y secretario del Sindicato de Policías de Maldonado, en la que se instaba al “inicio de juicio político al Sr. ministro del Interior”. En la web de la ONSC el caso está presentado con el título “Libertad de expresión de un sindicato”.
Los abogados de la ONSC entendieron que “no hubo ni actos de carácter político partidario ni de proselitismo”, discrepando así con la visión del Ministerio del Interior, que había promovido los sumarios atribuyéndole un “tinte político” a esa declaración sindical.
Agregan que el sindicato policial, como toda organización de su tipo, es “un espacio de defensa y demanda de derechos. Las herramientas de que dispone para la disputa en la escena pública son de vital importancia, teniendo capacidad de analizar las condiciones de trabajo, reclamar mejoras, visibilizar públicamente sus demandas, así como ejercer algunas acciones directas (excepto la huelga) cuando aquellas son desoídas”. A su entender, por tanto, no existió falta administrativa que conlleve la responsabilidad funcional que la secretaría de Estado pretendía sancionar.
Uso del auto oficial
En el 2023 OSE llevó una propuesta de destitución de un funcionario por el “uso indebido de locomoción oficial”.
Desde el punto de vista formal, el área jurídica de la ONSC constató que la empresa estatal vulneró “caros principios y derechos procesales”, entre otros aspectos, respecto de los plazos del sumario. Por esa razón no ingresó en el análisis sustancial del caso, y remitió el expediente a la Comisión Nacional del Servicio Civil con la sugerencia de que devolviese el asunto a OSE.
