—El período coincide con la vuelta a la democracia y no es casualidad. Uno de los roles claves que tienen los think tanks, cada vez más importantes en el mundo en el que vivimos, es cuestionar el discurso único, que lamentablemente está muy presente.
En ese contexto Uruguay va avanzando, aunque todavía estamos lejos de países con niveles de desarrollo superior, pero que tienen tamaños y estructuras comparativas, son también democracias plenas, y uno podría aspirar a llegar ahí. El monitor de desarrollo que elaboramos en el Ceres lo que muestra es una distancia que cuesta acortar con este grupo de países que llamamos objetivo. Uruguay está un poco estancado; tampoco retrocede, pero no avanza, y eso es natural cuando se encuentra en esta trampa del ingreso medio.
—¿Por qué Uruguay avanza lento y su economía crece poco, en promedio?
—Se ha instalado en la opinión pública, en base a la campaña electoral y a las declaraciones que se están haciendo en estos días, la idea de que Uruguay tiene que acelerar la tasa de crecimiento, como si eso fuera algo que alcanzara con decirlo. ¿Quién no quiere crecer más? Bueno, es una declaración de deseo que todos compartimos.
Cuando uno va un poco más en profundidad, a cómo se logra eso, lo primero que hay que tener claro es que en gran parte no depende de Uruguay. En los 40 años desde la vuelta a la democracia crecimos más de lo que estamos creciendo ahora básicamente cuando el viento sopló a favor; cuando sopló fuerte en contra caímos en recesión; y cuando el viento no sopló y fue neutro y hubo que remar, el crecimiento promedio fue 1% anual, o sea, prácticamente, estancamiento, que es, de hecho, el de la última década.
Entonces, primero hay que ser conscientes de que se crece con suerte, cuando hay un contexto externo que ayuda. Y hoy está ese empuje, fundamentalmente, porque el costo del capital en Estados Unidos, la tasa de interés, está alto en comparación a lo que era en los últimos años. Eso genera que las inversiones reales, productivas en Uruguay, tengan un desafío enorme para concretarse porque tienen una alternativa financiera libre de riesgo y de trabajo en Estados Unidos o en los países desarrollados que compiten, más aún si se agrega un claro problema de rentabilidad que existe en el país, también por la situación actual de competitividad y de costos. Acá no hay misterio, ni magia ni atajo: solo se crece cuando hay inversión privada, local o extranjera.
—El nuevo ministro de Economía habla de la necesidad de acelerar el ritmo de crecimiento económico. ¿Es correcto el diagnóstico de Gabriel Oddone, entonces?
—Con una acumulación de 40 años se ha consolidado una estabilidad institucional y democrática en el país, y un Estado que tiene un rol central en Uruguay. El Estado uruguayo es grande desde el punto de vista comparativo, está involucrado en muchas actividades y ha generado una normativa y una regulación que se ha duplicado en la última década con respecto a la anterior. Según datos del instituto Fraser, el nivel de regulación y la telaraña que hoy existen en Uruguay, es comparable con el de Europa. Está bastante mejor que Argentina, pero está peor que lo que nos gustaría, como Australia, que es un caso de éxito en procesos de desregulación llevados adelante por gobiernos de centroderecha y de centroizquierda.
Basta con ver lo que fue el informe de (Mario) Draghi para darse cuenta de la importancia de estas cosas; su gran conclusión fue que si Europa no inicia un proceso de simplificación y de optimización regulatoria tiene los días contados, su economía no tiene futuro. ¡Es durísimo! Ese es el nivel (de regulación) que tiene Uruguay también. Entonces, tengamos claro que el margen de maniobra va por ahí.
(El gobierno de Lacalle Pou) venía con la misma agenda y el problema está exactamente a como estaba cinco y diez años para atrás (El gobierno de Lacalle Pou) venía con la misma agenda y el problema está exactamente a como estaba cinco y diez años para atrás
—Oddone ha dicho que quiere desburocratizar trámites que mejoren el entorno para hacer negocios. ¿Está bien orientada su agenda?
—Es absolutamente central esa agenda, es lo más importante, porque es una responsabilidad pura que tiene el gobierno. El Estado uruguayo tiene un tamaño que ya está al máximo tolerable, está presente en múltiples actividades, pero lamentablemente tiene un nivel de eficacia muy bajo y no logra cumplir los cometidos para los cuales está creada una determinada oficina. Y no estoy hablando de eficiencia sino de que no logra cumplir el cometido.
Para impulsar el crecimiento y que sea sostenible en el tiempo se deben reasignar recursos hacia donde van a generar mayor potencial de crecimiento, y se debe hacer una simplificación profunda de toda la normativa que Uruguay se autoimpuso con diferentes gobiernos, y son sobrecostos grandes para todos los sectores productivos. Lo que muestra la evidencia internacional es que una sobrerregulación, como la que tiene Uruguay, tiene dos consecuencias directas: hace al país menos productivo y hace más caro el costo de vida.
Acá no hay que inventar nada; hay que hacer las cosas bien como se han hecho en los países que han tenido éxito, y por eso el ejemplo australiano de que se puede. La pregunta es quién le pone el cascabel al gato.
—¿Avanzará una agenda de ese tipo en el gobierno de Yamandú Orsi?
—La chance está, porque en el fondo hay que tener la convicción política. Porque reasignar recursos es muy fácil de decir, pero supone sacar de un lugar para poner en otro, y cambiar una regulación implica sacar un privilegio para abrir el juego a otros. No podemos saber (si habrá apoyo) hasta que llegue el momento de que se tenga que ejecutar esto, que aparte depende de multiplicidad de áreas… Es la batalla que Uruguay debe dar. Lo que estoy diciendo ahora sería lo mismo si el resultado de la elección pasada hubiera sido otro. Sería el mismo problema nacional que habría que resolver.
—El gobierno de Luis Lacalle Pou venía con una agenda que tenía identificado ese problema…
—Venía con la misma agenda y el problema está exactamente a como estaba cinco y diez años para atrás. El tema es hasta cuándo se va a patear la pelota para adelante en esto de la sobrerregulación, el tamaño del Estado y la ineficacia de la política pública.
Es cierto que hubo avances en los últimos cinco años en varios aspectos. Pero en este tema, donde hoy para mí Uruguay se juega la posibilidad de acelerar el crecimiento, al problema hay que mirarlo de frente y tomar las decisiones con las consecuencias que implican, que son conflictos. Hemos visto que dentro del Estado cuesta hacer cambios ante el argumento de que “acá siempre se hizo así”; eso, en el contexto actual, es un lujo que Uruguay ya no se puede dar.
—El designado presidente del Banco Central, Guillermo Tolosa, siendo director del Ceres, impulsó en 2019 un documento, que firmaron varios economistas, donde proponía cambios en la gobernanza de las empresas públicas. ¿Mejoró la gestión de los entes en el gobierno que acaba de terminar?
—(El documento) Fue una gran iniciativa de Guillermo en ese momento, cuando estaba liderando el Ceres; sería bueno releerlo, porque está vigente. En el fondo, ¿qué decía el documento? Hay que mejorar el gobierno en las empresas públicas porque la forma como se gestiona, desde el nombramiento mismo de los directores, la forma en la que opera el directorio, como una especie de gerente general, y la forma como la política interacciona con las empresas públicas del Estado en Uruguay no están acordes a las buenas prácticas internacionales. Eso está claro.
La discusión no proponía cambiar lo que hacen, porque la sociedad uruguaya lo tiene bastante claro, sino mejorar la forma como son nombrados los cargos, para que no sea un botín de reparto electoral. Y hay que separar lo que es la gestión del día a día de la decisión política de los representantes de los accionistas en el directorio. Tampoco puede ser que el ciclo de inversión de las empresas del Estado dependa del flujo de caja del gobierno central. Y no puede ser que las tarifas dependan de la inflación de cada mes. Entonces, mientras no se corte el cordón umbilical que ata a todo el sistema de empresas públicas con el Ministerio de Economía, la gestión diaria del déficit y la inflación, vamos a tener empresas públicas que no pueden operar en eficiencia. Cuando uno habla con la gente de las empresas públicas, ¿qué dicen? “No tengo margen de maniobra” (para ser más eficiente).
Si bien puede ser más costoso desde el punto de vista de los procedimientos, yo sugeriría que todas las nuevas inversiones de las empresas públicas pasen por el mercado de capital. Por lo menos una parte, que en algunos casos puede ser simbólica. ¿Para qué? Para que se haga el ejercicio, que es muy sano, de mostrar la información y justificar las inversiones, que no quede dentro de un cuarto cerrado o con un banco que no sale a la prensa ni a los ciudadanos.
En la LUC (Ley de Urgente Consideración) se estableció que las sociedades satélite de las empresas públicas iban a ir a la bolsa de valores. ¡Y no fue ninguna!
Cuando hablo de eficiencia hablo de todo el Estado, no de la administración central. Hablo de las empresas públicas y hablo de las personas públicas no estatales, que son muchísimas en el país. Hablo también de las intendencias, que también es un mundo en el que hay que mejorar mucho la eficiencia. Por lo tanto, estoy hablando de una montaña de trabajo que tiene que enfrentar el Uruguay. Yo me ilusionaría (con el nuevo gobierno) si hubiera una agenda que incluyera todos los puntos que acabo de mencionar. Si no, vamos a estar con el freno de mano puesto y es una utopía soñar con un crecimiento de la economía, con inversiones que hagan la diferencia y que permitan que Uruguay se acerque más a países que tienen un nivel de vida que nos gustaría tener.
