Impuesto mínimo global “ya generó impactos” a Uruguay; la “opción de mínima” que planea el gobierno

El llamado “pilar dos” —el impuesto mínimo global— fue el asunto central de la convocatoria: este gravamen alcanza a empresas multinacionales con facturación anual superior a los 750 millones de euros, que deben pagar una tasa impositiva efectiva de 15% por su renta causada por las operaciones en todos los países en los que actúen.

Álvaro Romano, director de la Asesoría Tributaria del MEF, respondió a ese comentario durante su intervención: “No me gusta que me digan que estoy trabajando en opciones conservadoras. Diría ‘la opción de mínima’. Una opción de mínima es la aplicación de un QDMTT que nos permita calificarlo” y mantener a Uruguay como una plaza atractiva para la radicación de las inversiones desde el punto de vista fiscal. Eso posicionaría al país en una “muy buena situación, porque la realidad latinoamericana es muy heterodoxa”. El funcionario se expresó “optimista” desde esa perspectiva.

“Ganadores y perdedores”

Romano hizo una lectura geopolítica de estos cambios a escala global. Según él, no se debe caer en la “ingenuidad” de creer que un impuesto mínimo global “va a traer recaudación para los países periféricos y mayor desarrollo”, como sostiene la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que lo impulsa. “No hay intereses altruistas, sino la competencia por las inversiones. Acá hay ganadores y perdedores, y los países en desarrollo no somos ganadores en esta situación. A lo sumo, tenemos que elaborar estrategias de tratar de perder lo menos posible. En eso estamos. Esto afecta claramente los regímenes de incentivos. Para los pocos países del mundo que aplican el principio de fuente territorial, afecta”, agregó. Desde esa perspectiva, visualizó como una oportunidad para Uruguay poner bajo revisión sus esquemas de incentivos tributarios, algunos de los cuales “no están bien”.

Puso un ejemplo teórico para explicar cómo se aplica el impuesto mínimo global. En ese marco, explicó que si el incentivo “estaba bien diseñado y afectó la decisión del inversor de colocarla en Uruguay y no en otro lado, es porque no le cobraban impuestos. Si ahora le van a cobrar un 15%, capaz que se va. De hecho, ya sea han ido grupos multinacionales en nuestro país como consecuencia de esto”.

La directora nacional de Zonas Francas, Isabella Antonaccio, es otra funcionaria del MEF que está dedicando “muchas horas de trabajo” a estos temas. Dijo en su intervención que en el foro iba quedando en claro la conveniencia de “avanzar hacia una línea de impuesto calificado doméstico”, que entre otras cosas ofrece para Uruguay “una gran oportunidad de recaudación”.

La jerarca dijo que el “desafío más importante” es “mantener” una “adecuada combinación de atributos”, entre la estabilidad política y económica, y los “incentivos fiscales atractivos”. El régimen de promoción de inversiones “merece muchos ajustes”, aseguró, y dijo que la última modificación fue un decreto “de pandemia” aprobado en 2020.

Ese esquema de incentivos tiene su origen en una ley de 1998 y es aplicado a través de una comisión —Comap— que funciona en la órbita del MEF. El beneficio se otorga mediante un crédito fiscal sobre el impuesto a la renta a empresas que incorporen maquinaria, equipos, vehículos u otros activos por un equivalente a cierto porcentaje de la inversión.

Posibles mejoras al régimen

Sobre ese último punto habló más en profundidad el economista Álvaro Ons, del Cinve, quien participó en la elaboración de un estudio sobre los incentivos tributarios en Uruguay en el contexto del impuesto mínimo global. Hizo, en particular, una enumeración de aspectos a mejorar del régimen de promoción de inversiones.

Según Ons, el beneficio mínimo de ese régimen “es bastante elevado y de fácil acceso sin que haga contribuciones significativas al objetivo del desarrollo. Por ejemplo, invertir en la producción de una mercadería de baja tecnología sin crear empleo adicional, sin exportaciones adicionales, sin innovación, sin tecnologías limpias, etcétera, ya implica una exoneración cercana al 40% del monto de inversión promovida. Estamos hablando de exoneraciones muy relevantes y contrapartidas débiles”. Si se agregan ventajas que se otorgan sobre otros impuestos, el beneficio para la empresa “puede superar el 100% de los montos invertidos. Esto puede ser un incentivo perverso, para no ocuparse de la eficiencia”, estimó.

En 2023, la resignación de recaudación que hizo el Estado por este régimen fue de US$ 543 millones, según datos que expuso durante la charla. Desde la perspectiva del “gasto tributario”, es el esquema de incentivos más oneroso.

También señaló “indicios de redundancia”, porque, dijo, hay una “proporción significativa de los proyectos orientados al mercado interno y con baja competencia”, así como “cierta reiteración” en el uso del régimen. Esto, según el economista, sugiere que algunas exoneraciones tienen más que ver con la “realidad del negocio” que con promover la inversión.

Por otro lado, observó que “no se explicitan los fundamentos para la selección” de los proyectos beneficiados ni para las renovaciones.

Para Uruguay, “es una muy buena oportunidad para mejorar la calidad de las políticas” a través de la incorporación de “buenas prácticas”, cerró Ons, en el entendido de que el país podría tener una política de promoción de la inversión “que tenga más correspondencia con los niveles de desarrollo” a los que pretende acceder.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, intervino en el foro para reiterar la importancia de que Uruguay aumente la tasa de inversión para apalancar un ritmo de crecimiento económico mayor, pero se mostró cauto en la estrategia a seguir: hay que seguir siendo “jugadores activos, pero tratar de decodificar bien” las derivaciones de la nueva fiscalidad global.