Para sustentar esa condición, consultó y costeó un informe del Estudio Delpiazzo Abogados que la avalaba. El 20 de diciembre de 2024, Danza, médico internista, le envió cinco preguntas a ese estudio jurídico, especializado en derecho público, de las cuales cuatro versaban sobre eventuales incompatibilidades para presidir ASSE: quiso saber si, paralelamente al cargo ofrecido, podía seguir como catedrático de la Unidad Académica Clínica 2 de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar), si podía a la vez ser “consultante de medicina interna” de mutualistas, si era posible ser también consultante de una empresa que le vende servicios a ASSE, y si era admisible seguir siendo director de la Revista Médica del Uruguay. La última consulta era de carácter tributario.
La averiguación no era ociosa. El artículo 200 de la Constitución prohíbe a los miembros de los directorios de los entes autónomos o servicios descentralizados —como ASSE— “ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la institución a la que pertenecen”, con la excepción de la docencia. El artículo 9 de la Ley 18.161, la que creó ASSE, replica ese punto específicamente para el mayor prestador de salud del país, con 1,5 millones de usuarios.
La respuesta del Estudio Delpiazzo, sobre la cuál se han parado tanto el Ministerio de Salud Pública (MSP) como la Presidencia de la República para no cuestionar la permanencia de Danza en el cargo, llegó 10 días después. En resumen, el informe particular no detectó incompatibilidades en los casos planteados ni conflictos de interés. Indicó que la “amplia” prohibición establecida en esas dos normas es de una “vaguedad” tal que “hace que sea muy difícil encontrar alguna actividad que pueda realizar un médico que no pueda ser relacionada, aunque sea indirectamente” con un prestador del tamaño de ASSE. Por eso, se estimó que una prohibición debe ser “interpretada racionalmente y de forma restrictiva”.
Informe Delpiazzo - ASSE 30.12.24
El gobierno electo lo aceptó. El presidente, Yamandú Orsi, tiene una gran valoración personal hacia Danza desde hace años, dijeron a Búsqueda fuentes del oficialismo. Con la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, además de tener un vínculo cercano, comparten espacio político en el Frente Amplio, El Abrazo. Al Poder Ejecutivo no lo tomó por sorpresa cuando, el lunes 18, el programa Así nos va, de radio Carve, divulgó que Danza seguía atendiendo pacientes en la Asociación Española y en la Médica Uruguaya, estando al frente de ASSE, pese a que así lo prohíben la Constitución y la Ley 18.161.
Respaldos
Paralelamente a su labor en ASSE, en la Española Danza trabaja hoy cuatro horas mensuales en la policlínica de enfermedades autoinmunes y ocho en medicina interna, de acuerdo a fuentes de esa mutualista. Al asumir en ASSE, dejó su cargo de jefe de Medicina Interna y pasó de ser dependiente a trabajar en régimen de libre contratación (facturar). En todos los casos, subrayaron, es “consultante”, más allá de que pueda atender pacientes. En la Médica Uruguaya sigue siendo funcionario, como lo es desde el año 2000, y atiende una vez cada dos semanas en la policlínica de autoinmunes. En la Udelar, según informaron desde el Decanato de Medicina, bajó su carga horaria de 36 horas semanales a 24.
Con base en el acuerdo previo que tenían con Danza, en el Poder Ejecutivo actuaron en consecuencia tras la publicación de la noticia. En la tarde, un breve informe (cuatro carillas) de la División de Servicios Jurídicos del MSP, fechado ese mismo día, se expresaba en la misma línea que el del Estudio Delpiazzo de fines del año pasado. Este indica que Danza, en estas otras instituciones, “no ocupa cargos que dependan de ASSE y tampoco desempeña profesiones o actividades que se relacionen con ASSE”, ya que realiza “labores técnicas profesionales en otros prestadores de salud” sin participar en sus órganos de dirección, tareas “técnicas asistenciales” que ya cumplía de antes y que “en nada tiene relación” con su labor en el prestador público.
En la noche, la ministra Lustemberg hizo el primer respaldo público. En declaraciones a El Observador, la jerarca señaló que “hoy no hay conflicto de interés en relación a ASSE, ni directa ni indirectamente” y que la prohibición “no alcanza a la actividad de médico consultante que tiene hoy el doctor Danza en tres instituciones”, sumando a la Asociación Médica de Soriano a las anteriores. Allí asiste una vez por mes.
El martes 19, Danza recibió el respaldo más importante: el de Orsi. En rueda de prensa, el presidente de la República subrayó que el “informe jurídico contundente” de Delpiazzo, al que tuvo acceso a fines del año pasado, destacó “el informe jurídico” del MSP y que “la compatibilidad (de los cargos) o la no compatibilidad” constituye “un tema de forma que ya está resuelto”.
Danza no hizo declaraciones al respecto.
En la arena política, el tema saltó a los primeros planos. El Partido Nacional y el Colorado, los dos principales de la oposición, ya están barajando acciones parlamentarias, según dijeron a Búsqueda respectivamente y por separado los diputados Amin Niffouri y Felipe Schipani. El hecho de que el gobierno haya respaldado a Danza —inicialmente había expectativas en un pedido de renuncia— hace que los cañones apunten hacia ahí. También están buscando informes jurídicos para analizar el caso. Uno de los ámbitos a los que prevén trasladar el análisis es la Cámara de Representantes, donde el oficialismo no tiene mayorías. Como primera acción evalúan citar a las autoridades del MSP y de ASSE, juntas o separadas, a la Comisión de Salud.
Como etapa siguiente, no se descarta una interpelación, destacó Niffouri.
Desde la oposición se interpreta que el respaldo gubernamental a Danza es más político que jurídico, y ese, justamente, es un punto flaco del presidente de ASSE. En ningún bando se lo ha cuestionado profesional ni académicamente, pero sí existieron señalamientos a su falta de cintura política, reflejadas en la licencia que se tomó para un viaje familiar cuando el gobierno había decretado una alerta roja climática y la poco clara explicación de la proyectada reestructura del principal prestador de salud del país, que incluyó ceses y aumentos salariales a cargos gerenciales que terminaron siendo revisados.
La bancada frenteamplista no examinó el asunto de forma oficial. La interpelación al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, insumió casi todas las energías. Inicialmente, dijeron fuentes legislativas de esa fuerza política, recibieron el tema con cautela e incluso con fastidio, recordando el antecedente del expresidente del Instituto Nacional de Colonización, Eduardo Viera, que dejó el cargo por el artículo 200. Pero con el apoyo público del gobierno, comenzaron a surgir en el Frente Amplio más voces de respaldo y el margen para una postura más crítica —no todos los legisladores oficialistas adhirieron a la interpretación del Poder Ejecutivo— se diluyó. Algunos dirigentes divulgaron a periodistas el extenso curriculum vitae que Danza presentó al Senado con su venia, donde figuran sus cargos como consultante en la Médica Uruguaya y la Española, lo que en su momento no fue objetado (o advertido) por algún legislador.
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“Esto es en respuesta, un ataque agresivo e infame, al dramático uso de ASSE en el período anterior que estamos investigando a fondo”, dijo a Búsqueda el diputado frenteamplista Federico Preve. El legislador se refería a los informes de auditoría del prestador que aguardan más otros informes de contrataciones en los períodos 2015-2019 y 2020-2024, sobre todo, las que afectan al Círculo Católico. Recientemente, el expresidente de ASSE durante la anterior administración, Leonardo Cipriani, fue recontratado por esa mutualista de la que había sido director técnico antes de asumir su cargo público. En un tuit publicado en su cuenta de X el martes 19, Preve señaló que ASSE multiplicó por cinco los gastos al Círculo Católico comparando 2024 con 2019.
“¿Quieren llevar el tema al Parlamento? Que no amenacen, que citen”, desafió Preve.
De parte
“Sería bueno que lo que hagamos sea en clave de coalición”, dijo a Búsqueda el senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, sobre las eventuales acciones parlamentarias a seguir. Esa colectividad política pidió el lunes 18 de forma orgánica la renuncia de Danza.
Ojeda agregó que consultó a los abogados constitucionalistas Jaime Sapolinski y Ruben Correa Freitas (ambos vinculados al Partido Colorado) sobre el texto del Estudio Delpiazzo, al que calificó como “informe de parte”, y ambos llegaron a una conclusión contraria. “Ellos sostienen que hay una violación a la normativa. Además, las premisas que (Danza) les brindó no son verdaderas: él habla de su labor como consultante y lo que hace es atender pacientes en policlínica. Además, el informe del MSP son dos carillas hechas en el día. Yo creo que el presidente se apuró en respaldarlo. Además, ¿cómo explican ese respaldo después de lo que pasó en un caso igual en 2008?”, agregó.
Baltasar Aguilar, primer presidente de ASSE, debió renunciar a su cargo ese año cuando se supo que seguía trabajando como cardiólogo y, además, que era socio cooperativista de la Asociación Médica de San José. El caso se dio en la primera presidencia de Tabaré Vázquez y del Frente Amplio. “Su cargo era incompatible con el ejercicio de la cardiología clínica, que es verdaderamente su pasión y su vocación”, dijo la entonces ministra de Salud, María Julia Muñoz, al anunciar su cese.
Lustemberg, en cambio, dijo a El Observador que no se trata de dos casos análogos: Aguilar tenía un rol jerárquico en la Asociación Médica de San José, situación que hoy no vive Danza en ninguna de las instituciones privadas a la que está vinculado.
