El diputado frenteamplista Carlos Varela destacó “el éxito político” del oficialismo por “haber logrado una moción que no rechaza al ministro, tal como se intentó en esta cámara”. En contrapartida, el diputado colorado Gabriel Gurméndez dijo que “el gobierno fracasó en obtener una moción de satisfacción de la explicación dada por el ministro” y agregó que “el gobierno está acompañando a Cabildo Abierto”.
Por otra parte, Cervini y otros tres diputados colorados se refirieron a la mención a Peña en la moción presentada por Cabildo y que se convirtió en declaración de la cámara gracias al apoyo del Frente Amplio. Maximiliano Campo y Schipani lo consideraron “una chicana”, mientras que Paula De Armas dijo que “molesta que nombren a Adrián Peña en una moción”. La moción expresa que “la justicia de reconocer y resaltar el trabajo realizado por el entonces ministro de Ambiente, licenciado Adrián Peña”.
Neptuno y la "rueda auxiliar"
Cervini aseguró al inicio de la sesión que la iniciativa de la interpelación surgió de “la preocupación por los destinos del agua potable” para unas 1.800.000 personas “que viven en el área metropolitana” y solicitó que la sesión “no sea un show”, sino una oportunidad para “obtener la información que permita analizar (...) si la decisión que tomó el gobierno es la correcta”.
20250819JC_0045
Diputado colorado Walter Cervini durante la interpelación al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño
Javier Calvelo / adhocFOTOS
Durante su intervención cuestionó los cambios planteados por el actual gobierno del “antiguo” al “nuevo Casupá”. En ese sentido, se refirió a lo que consideró un cambio de cotización de la obra de la represa, respecto a los que se manejaba cuando Tabaré Vázquez dejó la presidencia. “El propio Pacha Sánchez (secretario de Presidencia) dijo ‘que no sea otro Antel Arena’”, advirtió.
Por otro lado, hizo hincapié en que el proyecto Neptuno le permitía al país contar con una toma diferente a la que se utiliza actualmente y criticó que con la solución en la que avanzará el gobierno se mantiene la dependencia del río Santa Lucía como fuente de abastecimiento. “Es como tener un auto, ir por un camino complicado o roto y no tener auxiliar”, ilustró. A su entender, reclamar la posibilidad de que el país tenga una toma alternativa en el Río de la Plata “no se hace por capricho, sino porque es la quinta cuenca en tamaño a nivel mundial”, de la cual, incluso, ciudades como Colonia y Buenos Aires ya realizan extracciones “sin ningún tipo de problema”.
“Nadie puede discutir” que la “única solución” para la “seguridad respecto al agua” es que se haga una segunda toma en un lugar diferente al actual, enfatizó.
En esa línea de razonamiento, el legislador colorado citó “con el mayor de los respetos” al expresidente frenteamplista José Mujica y al exministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro. Recordó que, en diálogo con el medio argentino La Nación, Mujica había declarado: “Se me van a enojar, pero nos dormimos todos. Hace muchos años tenemos el error estratégico que dependemos de una fuente sola, que es el río Santa Lucía”. De Huidobro, en tanto, afirmó que, durante una comparecencia en la Comisión de Defensa en mayo de 2015, sostuvo que la dependencia de una sola fuente de abastecimiento de agua potable para Montevideo y el área metropolitana era un problema de seguridad nacional.
También citó al exsenador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, quien opinó tiempo atrás que era necesaria una “fuente alternativa” de agua potable, “aunque no se use nunca o se use en casos ocasionales”.
En su intervención, Cervini aludió a un informe técnico financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se había encargado durante la administración anterior y que fue entregado en junio de 2025. Los resultados de ese trabajo fueron destacados por referentes del gobierno de Orsi como un elemento de respaldo a la decisión de priorizar Casupá sobre Neptuno, ya que allí se concluía que la represa en Casupá era “una solución más robusta y confiable que Arazatí” para asegurar el agua potable del área metropolitana frente a futuras sequías.
El diputado colorado cuestionó que el oficialismo utilizara “como justificación de la suspensión de Arazatí” una consultoría encargada y financiada por el BID, “cuyo propósito era la creación de un Protocolo de Sequía”.
Más cuestionamientos
Cervini consultó a Ortuño por las áreas de monte nativo incluidas en las zonas que se prevé expropiar en el entorno del embalse a realizarse en el Solís Chico de cara al nuevo proyecto. Preguntó si el país cuenta hoy con experiencias reconocidas para la restauración de áreas de monte nativo y los eventuales costos. Además, pidió que se informe el monto previsto de compensación por hectárea en las expropiaciones para la obra de Casupá y cuántas serían en total las hectáreas a expropiar. Detalló que, por la información de la que disponía, se deberían expropiar 3.600 hectáreas, de las que 426 corresponden a monte nativo.
Entre temáticas tan diversas como salinidad, constitucionalidad, cianobacterias y costos, y entre las diferentes problemáticas aparejadas a la cancelación de Neptuno, Cervini se refirió también al peligro que podría constituir el traslado de químicos de la empresa UPM. En particular, explicó que el río Santa Lucía tiene 99 puntos de cruce de riesgo potencial de accidentes y contaminantes, ya que existen 31 puntos con rutas carreteras, 28 puntos con caminos vecinales, 21 puntos con rutas secundarias y 19 con la red ferroviaria.
En tanto, el diputado blanco Juan Martín Rodríguez también presentó una batería de preguntas en la interpelación. Entre ellas, consultó si el gobierno de Orsi “sigue sosteniendo que la prestación principal del contrato no incluye que el agua bruta sea captada desde el Río de la Plata”, teniendo en cuenta que el contrato firmado por Lacalle Pou alude expresamente a la captación en dicho curso de agua. A su vez, pidió que se informe si, en caso de que hubiera un dictamen desfavorable del Tribunal de Cuentas respecto a los cambios en el contrato con el Consorcio Aguas de Montevideo, el Ministerio de Ambiente y OSE igual seguirían adelante o si llamarían a “una nueva licitación pública”.
El diputado Sergio Valverde, también del Partido Nacional, consultó “cómo se asegura el agua potable para la zona metropolitana si hay un evento ambiental en la cuenca del Santa Lucía”, y si las localidades cercanas a la nueva represa de Casupá están seguras ante un eventual colapso.
Ortuño: “El problema no es la auxiliar, sino el combustible”
Ortuño respondió a la metáfora de la rueda de auxilio de Cervini. “El problema que tenemos hoy es que ese automóvil tenga combustible. De nada sirve la disponibilidad de una auxiliar en un automóvil que no puede avanzar un metro”, planteó el ministro, en alusión a que, sin reservas necesarias, la principal planta potabilizadora del país, Aguas Corrientes, que abastece al 60% de la población del país, no puede dar servicio a la población metropolitana. “Si un auto tiene cuatro ruedas, puede llegar a destino”, comentó después.
20250819JC_0292
Ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, durante la interpelación en la Cámara de Diputados
Javier Calvelo / adhocFOTOS
El ministro enumeró una serie de estudios técnicos que recomiendan construir una presa de agua bruta dulce en el arroyo Casupá. El primero, “el más sólido”, de 1970, realizado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el que participaron 25 especialistas internacionales y 21 nacionales, y el que recomendó priorizar la construcción de las represas de Paso Severino y Casupá sobre alternativas como el Río de la Plata. Uruguay construyó la represa de Paso Severino en 1987, pero Casupá sigue pendiente, y Ortuño insistió en que este gobierno se compromete a construirla porque es la única manera de asegurar el abastecimiento de la zona metropolitana ante “sequías severas”.
En contrapartida, dijo que “Arazatí tiene capacidad de producción de una tercera parte de lo que consume” esta población. Ortuño destacó que aquel estudio precede a la fundación del Frente Amplio, que data de 1971.
Luego citó otros estudios del 2000, 2013, 2017 y 2022 que plantean recomendaciones similares. El último, de autoría de Seinco y CSI Ingenieros, es el estudio de factibilidad del proyecto Arazatí, el que Ortuño definió como su “fundamento técnico” y expresa que, “como la planta potabilizadora de aguas corrientes seguirá siendo la columna vertebral del sistema metropolitana, será necesario (por razones de seguridad) contar con una represa adicional de agua bruta antes del año 2036 (proyecto presa y embalse arroyo Casupá)”.
Este “sustento técnico” fue “ratificado” por estudios más recientes, que llevaron al gobierno a concluir que “construir Casupá es prioritario e imprescindible, pero no alcanza”, puesto que “se requiere un conjunto de obras adicionales”, que incluye la construcción de una nueva planta potabilizadora en Aguas Corrientes y otra en el entorno del arroyo Solís Chico, donde se construiría, además, una represa, para asegurar el abastecimiento de agua potable en la Costa de Oro, así como “el fortalecimiento de la cuarta y quinta línea de bombeo”. Este paquete de obras implica una inversión de US$ 215 millones, mientras que Ortuño aseguró que la construcción de la represa de Casupá costará US$ 130 millones, lo que totaliza US$ 345 millones. El ministro destacó que es “menos” que lo que el gobierno anterior se comprometió a pagar por Arazatí.
Explicó que el gobierno decidió renegociar el contrato con el Consorcio Aguas de Montevideo y cancelar el proyecto Neptuno —Arazatí—, porque no permitía abastecer la zona metropolitana en un escenario de sequía como el sufrido en 2023. Mientras que el proyecto cancelado preveía una producción de 200.000 metros cúbicos por día, la zona metropolitana tiene una demanda de 600.000 metros cúbicos. El paquete proyectado por el actual gobierno permitiría una producción de 924.000 metros cúbicos diarios.
Tres informes técnicos recientes sustentan esta posición. Uno es del BID, que, al comparar los proyectos de Casupá y Arazatí, expresa que “los números de la solución de Arazatí demuestran que el sistema puede fallar, con sequías incluso no tan extremas como las de 2023”. Otro es de autoría de una especialista de la gerencia de Agua Potable de OSE y el tercero es de la Dirección Nacional de Aguas, que proyecta qué sucedería en una sequía como la de 2023, y concluye que la represa de Casupá daría las reservas suficientes para que funcione la planta potabilizadora de Aguas Corrientes. “La única obra que garantiza” el abastecimiento de la zona metropolitana “es Casupá”, repitió Ortuño como un mantra.
Para culminar, el ministro insistió en que Neptuno “no resuelve el abastecimiento de agua potable para la zona metropolitana”; además, tiene “un altísimo e injustificado costo”, presenta “problemas técnicos”, por los niveles de salinidad que se registran en la toma de agua prevista, y “debilidades jurídicas”; en concreto, su “inconstitucionalidad”, puesto que la Constitución de la República establece que el servicio para brindar agua potable debe ser público, y el proyecto incluía la participación del privado en el proceso.
