—En las conversaciones que tuve tras el ofrecimiento en diciembre, y de alguna posterior, hubo alineación en todo lo que le plantee (al ministro Gabriel Oddone) y no recibí ningún tipo de condicionamiento; lo único que me pidió es que hiciera buen equipo y buena coordinación con el resto de los organismos, en particular con Aduana, cosa que está pasando.
—¿Por qué ese énfasis con Aduana y no con el BPS?
—Entiendo que más que nada por los temas de los efectos que tiene para la seguridad, de lavado, del crimen organizado, también porque el contrabando es un problema social; Aduanas tiene un negocio más complejo que la DGI, cuyos objetivos están más focalizados en el cumplimiento tributario y en la recaudación.
—¿El contexto fiscal desafiante del que habla el nuevo gobierno le pone más peso al trabajo de la DGI?
—Estaba planteado que el contexto fiscal era complejo y que, por lo tanto, obtener ganancias genuinas a través de mejoras en la eficiencia recaudatoria —que en otras palabras se traduce en menor evasión de impuestos— es relevante dentro de la estrategia fiscal. Es un aspecto sobre el cual, de hecho, hoy estamos conversando.
—¿Qué están conversando en concreto?
—Cuál es la estrategia que queremos llevar adelante y ver si eso es suficiente o no para poder pensar que va a haber un flujo de ingresos adicional significativo por el lado de mejoras de eficiencia.
—¿Y cuál es la estrategia, el plan de gestión para la DGI?
—La idea es implementar un modelo de gestión de cumplimiento tributario; hoy el énfasis está muy puesto en gestionar los incumplimientos una vez que se observan. Capaz que la excepción a eso son las fiscalizaciones, porque en esos casos se visita a una empresa, a un contribuyente, con presunción de que incumplió. En la mayoría de los casos se detecta que incumplió, con la aspiración de que eso cambie su conducta, y además genere un efecto de derrame en otros contribuyentes que los ayuda a poner las barbas en remojo. Pero la mayoría de las acciones están enfocadas en gestionar incumplimientos verificados. Eso, si tu objetivo fuera tratar de que las casas no se incendien, es como ir a apagar incendios después de que el incendio se produjo en vez de tratar de evitarlo.
Obvio que hay mucho trabajo sobre facilitación (del pago). Pero, hoy por hoy, las administraciones tributarias trabajan tanto en facilitación como en hacer que sea muy difícil no cumplir y en tener un estándar de cumplimiento mayor, dejando la fiscalización como último recurso. No quiere decir que no vayamos a fiscalizar, pero sí que la fiscalización se integra a una estrategia donde opera más bien como un gatillo de último recurso.
Esto implica trabajar en muchas dimensiones, porque las razones por las que los contribuyentes incumplen son muy variadas, en la mayoría de los casos por no saber oportunamente qué era lo que tenía que saber para poder cumplir, o le resulta muy complejo o muy costoso el proceso. Debería haber acciones específicas para cada una de esas dimensiones, y no me refiero solo a acciones sobre fulanito de tal, sino qué marco de cumplimiento establecemos para cada una de esas dimensiones, desde un punto de vista normativo, de proceso, de dispositivo de facilitación, etcétera.
Hasta ahora siempre ha prevalecido esta idea de que el contribuyente es el que autoliquida sus impuestos (...); eso, en realidad, era razonable a mediados del siglo XX, cuando las administraciones tributarias no tenían información. Hoy, que saben al detalle o tienen una idea bastante clara de cuál es la situación tributaria, le pueden decir: ‘Esto es lo que yo sé de vos, esta es la cancha donde me parece que te tendrías que mover’. Hasta ahora siempre ha prevalecido esta idea de que el contribuyente es el que autoliquida sus impuestos (...); eso, en realidad, era razonable a mediados del siglo XX, cuando las administraciones tributarias no tenían información. Hoy, que saben al detalle o tienen una idea bastante clara de cuál es la situación tributaria, le pueden decir: ‘Esto es lo que yo sé de vos, esta es la cancha donde me parece que te tendrías que mover’.
—¿Qué supone para un contribuyente, sea persona física o empresa, este nuevo modelo de gestión de cumplimiento tributario?
—Es algo que está previsto desarrollarlo en los primeros dos o tres años del período de gestión e ir extendiéndolo por lo menos para los principales impuestos, que son el IRPF, el IVA y el IRAE.
Hoy existe una propuesta de declaración en IRPF y en IVA de servicios personales, y el contribuyente tiene la opción de revisarla, y si está de acuerdo la confirma, la puede editar; es perfectamente generalizable a todos los impuestos. Obviamente, habrá una gradualidad que tiene que ver con la complejidad de cada impuesto, la disponibilidad de información, etcétera, pero es algo que ya podemos generalizar.
¿Por qué eso es un cambio? Porque hasta ahora siempre ha prevalecido esta idea de que el contribuyente es el que autoliquida sus impuestos —así lo establece el Código Tributario—, entonces él tiene que declarar cuánto es lo que debería pagar; eso, en realidad, era razonable a mediados del siglo XX, cuando las administraciones tributarias no tenían información. Hoy, que saben al detalle o tienen una idea bastante clara de cuál es la situación tributaria (del contribuyente), le pueden decir: “Esto es lo que yo sé de vos, esta es la cancha donde me parece que te tendrías que mover”. ¿Qué significa en términos concretos? Que le presentes una declaración con información más o menos detallada como punto de partida, que para la mayoría de las personas eso representa hacerle más fácil el proceso, porque la mayoría va a decir “sí, estoy de acuerdo, aprieto el botón” y la declaración queda pronta.
En otros casos va a querer hacer modificaciones, seguramente le pidamos que haga alguna justificación, algo breve, algo que pueda entrar en el timing de los vencimientos. Ingresa la declaración con esas modificaciones y en 24 horas le damos un feedback de qué pensamos de esas modificaciones, por ejemplo, marcándole verde, rojo, amarillo, cuáles entendemos más o menos verosímiles. La intensidad de nuestras acciones posteriores va a depender de la conducta del contribuyente, dependiendo del nivel de diferencias y la implicancia de cada una.
La idea es que también podamos gestionar la deuda tributaria cuando nosotros informamos al contribuyente que tiene una declaración pronta y este no la mira, no presenta ninguna declaración. Para esto requerimos un cambio normativo, que lo estamos procesando, que permita dar esa deuda tributaria como cierta y accionar todo el proceso ejecutivo posterior de gestión de cobro aun cuando el contribuyente haya estado omiso.
Y en el paso siguiente, que es pagar la deuda, la idea también es contemplar distintas situaciones de incumplimiento, que hoy capaz que no están del todo contempladas.
—¿Qué proponen hacer en ese sentido?
—Nosotros tenemos maneras de saber si un contribuyente puede tener problemas de solvencia y podemos adelantarnos ofreciéndole financiar esta deuda. Obviamente, eso tiene costos financieros. Hoy, eso implica suscribir un convenio, que en general es un trámite presencial. La idea es poder automatizarlo y que él opte directamente por pagar en cuotas. La idea es trabajar preventivamente para que (el incumplimiento de pago) ocurra menos.
También tenemos un problema para resolver de gente que acumula deudas pero tiene voluntad de pago; la idea es que puedan suscribir convenios donde se les retiene una alícuota adicional que sea asequible, un porcentaje razonable de sus ingresos, y que lo pueda pagar en un horizonte más razonable, tanto para él como para nosotros. Estamos pensando en 72 cuotas; hoy el máximo son 36.
También va a haber cambios en la forma de interacción, pensando en los contribuyentes en general, con la idea de que vayamos hacia procesos en los que su vínculo con la DGI sea a través de una persona, como oficiales o ejecutivos de cuenta; hoy, a veces, las respuestas son un poco fragmentadas.
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Javier Calvelo/adhocFOTOS
—¿Eso supone cambios internos en el organismo?
—Sí. En definitiva, implica montar procesos nuevos que van a impactar a la larga en la estructura organizativa también. En el interín, la idea es ir generando acciones más focalizadas que vayan mostrando por dónde vamos y que vayan generando inducciones al cumplimiento. ¿Qué quiero decir? No podemos esperar a que todo esto esté listo para recién ahí empezar a tener presencia, despliegue. Eso es algo que lo tenemos que hacer ya.
—¿Qué se va a hacer en lo inmediato?
—Sobre la base de las temáticas que vemos con más incidencia en el cumplimiento tributario hoy, tener acciones focalizadas, en algunos casos de fiscalización, en otros más masivas. Y, en general, lo que vamos a ir haciendo con eso es darlas a conocer, porque sobre todo lo que queremos es mostrar lo que hacemos, lo que estamos viendo que se está haciendo mal y que tiene que ser corregido. En lo más inmediato, vamos a trabajar en el IRPF-IASS, porque es el momento (de la presentación de declaraciones juradas).
—¿Mostrar qué cosa? Porque siempre hay una campaña…
—Es distinto que esa campaña tradicional. Hay situaciones que están más alejadas de un estándar deseable de cumplimiento, porque en IRPF todas las personas que trabajan fuera de relaciones de dependencia no necesariamente completan satisfactoriamente sus declaraciones o directamente no las completan. La administración queda más expuesta a la voluntad de esa persona de documentar todas sus transacciones, de facturar, por un lado, y segundo, a presentar la declaración y hacerlo de forma completa.
La intención es mejorar la conducta, seguro, y eso implica establecer reglas claras de cómo tiene que relacionarse con la DGI de ahora en más. Pero también puede implicar corregir incumplimientos del pasado. Quiero decir, tratar de identificar cuánto debió haber tributado y corregir la diferencia.
—¿A cuántas personas identifican con ese objetivo de esta campaña?
—Unos 50.000 o 60.000 contribuyentes. Eso es más en julio. En el resto del año y de los años, la idea es seguir teniendo acciones focalizadas, ya sea por temática, por segmento, pero siempre con un énfasis parecido. Identificamos dónde están los riesgos de incumplimiento, que en muchos casos tienen que ver con comportamientos, pero en otros tienen que ver con información que no se conoce y debía conocerse, o con aprovechar situaciones que permiten incumplir, que en definitiva tienen que ser corregidas. Y lo queremos señalar. Pero para poder darle más masificación tenemos que acompañarlas de otro conjunto de acciones.
Debemos definir cuál es la comunicación más efectiva con cada segmento de contribuyente. La idea es trabajar con focos temáticos. Lo iremos comunicando; no es por meter miedo, sino por dar a conocer lo que estamos haciendo y los motivos por los que lo hacemos. E insisto en eso, en la mayoría de los casos los problemas se resuelven cuando das a conocer cuál es la situación que esperás de los contribuyentes y qué es lo que deberían hacer para cumplir adecuadamente con sus obligaciones.
—¿Con estas acciones se llega a la meta de reducción de la evasión que señaló en el programa Quién es quién de la semana pasada?
—Son referenciales, pero sí, lo que nos planteamos como objetivo de mínima para el quinquenio es llegar a los niveles de evasión más bajos que se han conocido, que es más o menos en torno al 15 en el IVA y cercano al 35 o 40 en el IRAE; hoy está arriba del 40.
Obviamente la acción de la administración tributaria incide, naturalmente, pero no es lo único. O sea, la situación económica también (juega), y también el gasto tributario o las exenciones o los tratamientos tributarios preferenciales, que si se reducen impactan lo mismo que cambios en la tasa.
—Un eventual “IVA personalizado”, que el ministro Oddone ha dicho que quisiera explorar, ¿es parte de los planes de la DGI?
—Eso introduce otro objetivo de política tributaria —más distributivo o de equidad— dentro de un impuesto que, por lo general, más bien se caracteriza por dotar de eficiencia al sistema. Si tiene lugar algún cambio tributario, seguro que nos van a consultar por temas de diseño, de implementación, etcétera. Por ahora, no es algo en lo que estemos trabajando.