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El gobierno criticó el ajuste fiscal “transitorio” del período pasado y recalculó cuánto fondeo precisa
El Poder Ejecutivo proyecta para este año que el déficit en las finanzas del gobierno central y el BPS se ubique en 4% del PBI y que la deuda bruta suba a 61,2%, según estimaciones que acompañaron el proyecto de Rendición de Cuentas
El ministro de Economía, Gabriel Oddone, en el Parlamento
En el marco de la presentación de la Rendición de Cuentas del 2024, el Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Yamandú Orsi, hizo una valoración crítica de la gestión fiscal del gobierno anterior, a la vez que fijó montos y prioridades en materia de financiamiento y endeudamiento público para el 2025.
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“Debido al ajuste fiscal implementado en los dos primeros años de la administración anterior, al año 2021, el gasto presupuestal se redujo en términos del PIB (Producto Interno Bruto) en casi un punto porcentual. Adicionalmente, la disminución real de los salarios, tanto públicos como privados, tuvo un impacto directo en la moderación de los ajustes en las pasividades”, señaló en la exposición de motivos del proyecto de ley enviado al Parlamento el lunes 2. Agrega que, “a partir de 2022, el gasto público, medido como proporción del PIB, retoma una trayectoria ascendente, alcanzando niveles similares a los del inicio del período de gobierno” de Tabaré Vázquez (2015-2020), lo cual “da cuenta del carácter transitorio del ajuste fiscal implementado”.
El informe profundiza en las explicaciones del aumento del gasto al final del mandato de Luis Lacalle Pou. Por un lado, los ministerios de Defensa y del Interior recibieron asignaciones presupuestales adicionales y, además, el personal militar y policial no estuvo alcanzado por las limitaciones dispuestas en cuanto a la provisión de sus vacantes. Por otro, en 2024 se incorporaron en cargos presupuestados en la administración central “aproximadamente 1.000 personas” —algunas con “una antigüedad de apenas un año”—. “Estas incorporaciones en cargos presupuestados, muchas veces con salarios altos, generaron distorsiones en las escalas” y “rigideces para la gestión”.
A su vez, las inversiones “desempeñaron un papel clave, tanto en el ajuste inicial como en la posterior recuperación de los egresos públicos”, señala el Poder Ejecutivo.
El 2025
La proyección del déficit en las cuentas del gobierno central y el Banco de Previsión Social para 2025 es de 4,0% del PIB (4,1% si se excluye el efecto de la “ley de cincuentones”), lo que “impone restricciones relevantes a la política fiscal en la etapa inicial del nuevo ciclo gubernamental”, señala el Ejecutivo.
En el contexto de la Rendición de Cuentas presentada, actualizó los cálculos de las necesidades totales de financiamiento para el gobierno central en el año en curso: serán US$ 6.041 millones, de los cuales US$ 2.116 millones corresponden al pago de intereses y US$ 2.704 millones a amortización de capital y cancelaciones anticipadas por operaciones de manejo de pasivos.
Informa que, en los primeros cinco meses de este año, el gobierno lleva emitidos títulos de deuda por el equivalente a US$ 2.363 millones, en un total de fondeo de mercado que estima en unos US$ 5.436 millones. Adicionalmente, el financiamiento en 2025 se complementará con préstamos de organismos multilaterales de crédito por US$ 506 millones (ya se desembolsaron US$ 6 millones).
El tope legal de endeudamiento neto presentado en este proyecto de Rendición de Cuentas asciende a US$ 3.450 millones. El gobierno estima que, para fin de 2025, la deuda pública, tanto bruta como neta —descontados los activos de reserva—, aumentará en aproximadamente 4,5 puntos porcentuales del PBI respecto al cierre de 2024 (a 61,2% y 57,5% en cada caso).
En cuanto a la gestión de la deuda hacia delante, señala que “explorará la posibilidad de financiamiento soberano en monedas europeas, apuntando a profundizar la diversificación de la base inversora y del riesgo cambiario del sub portafolio de deuda en moneda extranjera”, en línea con lo informado en una reciente entrevista en Búsqueda por el director de la Unidad de Gestión de Deuda Pública del Ministerio de Economía, Herman Kamil.
El Ejecutivo también reitera que va a proponer cambios a la regla fiscal vigente desde el 2020, “en respuesta a los principales problemas observados en el funcionamiento” en los últimos años, así como a su “desactualización tanto conceptual como metodológica”.
El enfoque de reglas fiscales “duales” que se pretende adoptar se basa en un análisis de sostenibilidad de la deuda neta, tomando como referencia un nivel prudente de endeudamiento que opere como ancla fiscal para guiar la convergencia a mediano plazo. Un nivel de deuda prudente se define como “aquel que minimiza la probabilidad de que la deuda alcance un umbral a partir del cual la sostenibilidad de las finanzas públicas quedaría severamente comprometida”, explica en la exposición de motivos.
