Buscan acuerdos
Varios estudios de abogados que representan a inversores en CG comenzaron a reunirse la semana pasada para delinear acuerdos que permitan acelerar el cobro de los activos que se vendan y evitar dilaciones a través de la presentación de recursos.
“Ya no estamos compitiendo, sino colaborando para que se recupere lo más posible y que (los responsables) sean sancionados en sede penal o concursal, pero que se recupere algo”, dijo a Búsqueda la abogada Graciana Abelenda.
Explicó que la idea es establecer un porcentaje primario de recuperación y, a medida que se vaya liquidando el ganado y se tenga el informe de verificación de los créditos, se comience a distribuir el dinero en función de los acuerdos que se alcancen.
“No está el ánimo de litigar hasta el infinito, sino que cada grupo o estudio de abogados hable con sus clientes y llegue a acuerdos para definir un porcentaje inicial de recuperación. Ya no está la discusión: ‘Me llevo la vaca’. Esto es por plata y si se alarga la discusión, los costos van menguando el monto” que se logre recuperar.
Como se prevé que haya avances en la investigación de la ruta del dinero de los socios Pablo Carrasco y su esposa, Ana Iewdiukow, y de la familia del fallecido Gustavo Basso, se espera que con el tiempo se sigan sumando activos que permitan continuar recuperando parte de lo invertido por los damnificados.
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El empresario Pablo Carrasco, tras una audiencia por el caso de presunta estafa en Conexión Ganadera
Mauricio Zina/adhocFOTOS
Procurar fórmulas de entendimiento que abrevien plazos y resuelvan discrepancias entre los derechos que reclaman los acreedores con y sin ganado a su nombre es algo con lo que la Liga de Defensa Comercial (Lideco) también está afín, aseguraron a Búsqueda desde esa entidad.
Fuentes judiciales, a su vez, dijeron que todavía no se conocen acuerdos entre los representantes de los acreedores y la sindicatura, pero que llegado el caso se analizarían para poder homologar.
Los estudios analizan si existieron actos jurídicos pasibles de ser calificados como fraude concursal, es decir, en perjuicio de los acreedores.
La liquidación de los activos de CG se decretó a fines de marzo, por lo que las 80.000 cabezas que inicialmente se identificaron, pero que aún no se han terminado de relevar, se han venido rematando o vendiendo por la vía de licitaciones.
Mientras tanto, el juzgado de 1er turno continúa conformando el expediente de la verificación de créditos, que va a superar las 200 piezas. Lo usual en los concursos es que se presenten a reclamar sus créditos algo más de la mitad de los acreedores; en el caso de CG, inicialmente se estimaba en unos 4.200 la cantidad de inversores.
La sindicatura —que está gestionando la administración de los bienes, pagando sueldos, arrendamientos y gastos para el mantenimiento de los activos— deberá hacer el informe de calificación del concurso y eventuales responsables (administradores, responsables legales, socios), en el que figurará discriminado el número de presentaciones y verificaciones de crédito acreditadas, así como el inventario y naturaleza de los activos de CG. A la vez, el juez deberá analizar y tomar la decisión del criterio y porcentaje de reparto de la masa concursal para satisfacer a los acreedores (privilegiados y comunes).
Paralelamente, abogados de los damnificados recibieron esta semana la comunicación del fiscal del caso de que prevé solicitar la formalización de Carrasco, probablemente en julio, después de la feria judicial menor, informó Subrayado, informativo de Canal 10.
Fraude concursal
En el caso de República Ganadera, cuyo concurso necesario se decretó en marzo, los acreedores analizan la propuesta de acuerdo de pago presentada en mayo por los responsables de la firma, Nicolás Jasidakis y Mauro Musio. La reestructuración del negocio, en el que hay unos 1.400 damnificados, se plantea a través de un fideicomiso que administre un sistema cerrado de “retención de hembras” y se aumente el rodeo hasta devolver el total del capital original adeudado en nueve años (2034). Como habría liquidaciones parciales a lo largo de ese plazo, se proyecta comenzar a pagar las obligaciones a partir del cuarto año, informó Montevideo Portal el 27 de mayo. Agregó que, a cambio, los acreedores deberían desistir de las acciones judiciales, civiles o penales en su contra.
Según las fuentes consultadas por Búsqueda, la propuesta tiene “mucho de perdón” y no parece algo “viable”.
Nicolás Jasidakis, de República Ganadera. Foto: Adrian Echeverriaga
Nicolás Jasidakis, de República Ganadera. Foto: Adrián Echeverriaga
Desde Lideco se solicitó más información detallada —dijeron los informantes—, y alegaron que el plan no está considerando escenarios adversos, como la baja de los precios, sequía, etcétera. “Está muy verde” la propuesta, indicaron.
Mientras los abogados de los damnificados analizan la propuesta, surgieron elementos que vienen a “reventar la confianza” que quedaba, dijo Abelenda. Se refirió a los resultados de la auditoría —solicitada por el síndico—, que detectó diferencias entre los estados contables presentados al 30 de junio de 2024 y las declaraciones juradas de existencias ante la Dirección de Contralor de Semovientes (Dicose). Eso repercute en una baja del patrimonio de la empresa en US$ 24,3 millones, debido a la sobrevaluación de activos en US$ 18,6 millones y la omisión de pasivos por US$ 5,7 millones (correspondiente a cheques diferidos a pagar).
Fuentes relacionadas al caso indicaron que esa constatación podría significar un “fraude concursal”.
“Vamos a profundizar en acciones penales y hacer saber esto a los clientes, porque parece poco serio”, afirmó por su parte Abelenda. Opinó que los resultados de la auditoría son oportunos porque llegan cuando los acreedores están evaluando el plan de reestructuración. Por eso, apuntó, como “huele mal”, quizás sea mejor que se pida la liquidación de la sociedad.
Concurso o fideicomiso
Luego de que el 20 de mayo Berrutti United Breeders & Packers (Portfolio Capital) comunicara a sus clientes que no podía afrontar el pago de intereses y dividendos anticipados a unos 400 inversores, que rondaría los US$ 14 millones, varios presentaron solicitudes de concurso necesario.
Abelenda, que representa a algunos de los acreedores, señaló que el negocio ofrecía invertir como accionistas de las sociedades Reina Vaca y Oro Rojo, ambas del Fondo Ganadero Pampas, y en contratos de capitalización de ganado que se asemejan mucho a los de CG y República Ganadera, porque tienen implícito una garantía de propiedad registral de animales. La abogada informó que algunos clientes ya pudieron constatar faltantes de cabezas y han realizado denuncias penales, porque consideran que eso coadyuva al proceso concursal.
Abelenda cuestiona que hasta fines de febrero en las redes sociales de Portfolio Capital —el nombre comercial bajo el cual operan las sociedades del grupo— se insistía con la facilidad de lograr una renta fija en dólares (de 9% semestral), lo que denota que hasta el último momento se intentó “meter gente a este esquema” de tipo Ponzi, en el que el capital fresco se utiliza para pagar dividendos de inversiones anteriores.
Esta semana Berrutti, director de la empresa, planteó en reuniones presenciales un plan de repago del capital invertido por unos 400 accionistas en las sociedades. La propuesta no abarcaría a quienes tienen contratos de capitalización. El empresario proyectó la constitución de un fideicomiso a 12 años, cuyos activos serían unas 3.500 cabezas de ganado y el patrimonio de algunas sociedades comerciales que posee en Perú y Estados Unidos.
Para Abelenda, la oferta de pago no coincide con el perfil del inversor que pretendía ganancias semestrales. “Preocupa mucho la propuesta, es un plan muy poco claro y genera mucha incertidumbre”, evaluó.
Indicó que Berrutti informó un pasivo de US$ 20 millones y un activo algo superior a los US$ 10 millones (la mitad en dinero). La abogada señaló que los números presentados son “poco convincentes”.
Agregó que en la última semana se notificó a las sociedades de Portfolio Capital la solicitud de concurso, por lo que en la próxima debería conocerse si se allanan u oponen al mismo, y con qué argumentos. Será el juez quien definirá si la empresa es concursada.
