El gobierno busca incorporar a las criptomonedas y otros activos digitales en el control antilavado

“Un sistema antilavado robusto y eficiente no solo dificulta la operatividad del crimen organizado, sino que también transmite un mensaje inequívoco a la sociedad: el Estado mantiene un compromiso firme en la lucha contra la delincuencia en todas sus manifestaciones”, dice el proyecto, enviado el viernes 6, en su exposición de motivos.

Sin embargo, la decisión final fue excluir la mención específica a las criptomonedas y otros activos digitales porque eso estaba cubierto en otra parte del proyecto.

Es que el articulado establece que las operaciones de permutas deberán ser controladas por abogados, contadores y escribanos, algo que no está previsto en la ley vigente. De hecho, la evaluación de riesgos advertía que “podría existir un riesgo vinculado a operaciones realizadas en el sector inmobiliario que no se encuentran abarcadas por la normativa”, como la “transferencia de la titularidad de sociedades propietarias de inmuebles, la compraventa en el exterior, cesiones de derechos posesorios, permutas con criptoactivos”.

Las fuentes recordaron que el Banco Central estableció que los activos virtuales “no constituyen monedas de curso legal, como sí lo es el peso uruguayo, no fueron emitidos ni cuentan con el respaldo de ningún banco central”.

Al no ser una moneda, sino un bien que tiene un valor determinado, cuando se usa para adquirir algo, se trata de una permuta de un bien por otro.

Aunque sin referirse a los criptoactivos, el abogado especializado en el tema Leonardo Costa evaluó de manera positiva la decisión del gobierno de proponer la inclusión de la permuta entre las figuras que deben ser controladas.

“Mucha gente evitaba la compraventa” y así “quedaba fuera del control”, lo que “no parecía razonable”, sostuvo el miércoles 11 durante la edición de La tertulia, de En perspectiva.

Caída de una fiscalía

Enrique Rodríguez puede tener el dudoso privilegio de ser el primer y último fiscal en liderar la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos. Es que esa oficina, creada en 2023, dejará de existir si se aprueba el proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo.

La falta de resultados en el combate al lavado de activos es una de las críticas más habituales que recibe, desde dentro y fuera del país, el sistema uruguayo. Esa fue una de las razones por las que empezó a funcionar esa fiscalía especializada y será, si prospera, el motivo de su cierre.

“Desde que comenzó a funcionar, no se han obtenido los resultados esperados, en consecuencia, a efectos de dotar al sistema antilavado del Estado y en particular al subsistema represivo de mayor efectividad, se propone la transformación de la misma a fin de que los fiscales que investigan los delitos precedentes sean también quienes investiguen el delito de lavado de activos en forma paralela”, dice la exposición de motivos.

Las autoridades definieron que sea la Fiscalía General la que reglamente el funcionamiento una vez que se elimine la sede especializada, en particular en el interior. En Montevideo, las investigaciones paralelas por lavado recaerán casi seguro en las fiscalías de drogas y de delitos económicos y complejos, que son las dos áreas donde se concentran los casos de delitos precedentes, como el narcotráfico, la estafa y el tráfico de armas.

Montesdeoca, que además de la evaluación elaboró el proyecto de estrategia nacional, dijo a Búsqueda que está de acuerdo con el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento. No obstante, señaló: “Espero que de una vez Uruguay pueda lograr que la Fiscalía sea efectiva en la investigación del lavado de activos, ya que se ha cambiado la atribución de competencias demasiadas veces”.

Al respecto, recordó que en la evaluación que realizó en 2023 había advertido que “las sucesivas modificaciones operadas a través de los años en materia de asignación de competencias para las investigaciones por lavado de activos han impactado en la efectividad del sistema”.

Otros cambios

El proyecto incluye otras innovaciones. Cambia una disposición de la Ley de Urgente Consideración que elevó el monto máximo de las transacciones en efectivo, que ronda los US$ 150.000, para que el tope quede en unos US$ 40.000.

Si se aprueba, sumará como delitos precedentes del lavado de activos a los ciberdelitos, el fraude a las instituciones financieras y el delito ambiental de introducción de desechos tóxicos. Además, incorporará a la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo a la Junta de Transparencia y Ética Pública y la Fiscalía General, dos instituciones que iban en calidad de invitadas. Esa comisión es liderada por la Prosecretaría de Presidencia e integrada, entre otros, por la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), los subsecretarios de Defensa, Interior y Cancillería.