Emisión primaveral
En el contexto de su emergencia financiera, la caja recibió una garantía soberana por hasta 2.625 millones de unidades indexadas a la inflación. Como condición, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto reciben informes semestrales “sobre el flujo de fondos proyectado identificando los montos a pagar, tanto por intereses como por amortizaciones de capital”.
Con este respaldo, los técnicos de la CJPB están trabajando en una emisión de obligaciones negociables (ON) para setiembre próximo, cuyo monto y condiciones aún no están definidos dada “la inestabilidad en las tasas de interés internacional”; están siendo analizadas por la Unidad de Gestión de Deuda del MEF, en conjunto con el agente fiduciario contratado, República Afisa.
El objetivo es emitir este año y el siguiente “para no saturar”, y lograrlo “al menor costo financiero posible”, afirmó Andrade. Así, la caja podría cancelar el endeudamiento de un préstamo del Banco República por US$ 80 millones que contrajo el año pasado, a cambio de una financiación a mayor plazo. Ese crédito tuvo la cobertura de la garantía soberana por dos años, y tuvo como fin la cancelación de adelantos de aportes que habían realizado los bancos estatales.
Además de los clásicos actores institucionales que suelen adquirir ON, se está manejando la posibilidad de “hacer alguna emisión para pequeños ahorristas”, analizando plazos y tasas de interés atractivas para “abrir el mercado a colectivos que, generalmente, tienen pocos productos accesibles”, comentó el presidente de la caja. Acotó que, en ese escenario, las condiciones para las colocaciones también serían más “beneficiosas” para las AFAP.
Plan de endeudamiento
Además de recibir un desembolso de Fonplata por US$ 25 millones en 2024, el presidente de la CJPB comentó que “ya salieron las últimas autorizaciones” y “ya está para firmarse” una línea de crédito no comprometida de hasta US$ 300 millones por parte de CAF-Banco de Desarrollo para América Latina. El primer desembolso estará destinado al pago de las prestaciones del segundo semestre del año y parte de 2026.
El plan de endeudamiento de la caja estima un aproximado de US$ 110 millones para 2025, lo que permitiría tener una previsión “importante” para terminar el año “con un margen financiero apropiado”, según Andrade. El nivel de endeudamiento para 2026 sería similar, pero con el factor de la conversión de la deuda del BROU a largo plazo.
“Tenemos que cuidar mucho el costo de intereses que tiene el dinero para después de 2030, 2031, que es la fase en que empezamos a pagar ese endeudamiento. La proyección tiene que ser bastante clara en eso”, advirtió. La tendencia —dijo— sería contraer una mayor deuda en los primeros tres años, para luego decrecer a un nivel “compensatorio de equilibrios, o de pago de intereses”.
La garantía soberana, sumada a que los números de la caja están mostrando una proyección favorable, son a sus ojos “dos elementos de certeza importantes” que permiten tener “una mejor gestión de cómo y cuánto nos endeudamos”.
Menos gastos, más ingresos
Dado que el dinero se necesitaba con “urgencia”, hace exactamente un año la CJPB concretó la venta de un campo de 5.802 hectáreas de actividad forestal por US$ 24 millones en Villa del Carmen, Durazno. El complejo de plantación fue comprado por UPM, que ya era su principal destinatario. (*)
En Piedras Coloradas, Paysandú, la caja tiene un segundo campo “también posible de ser vendido” y para el cual ha escuchado ofertas, aunque no hay un proceso de venta iniciado, relató Andrade. Señaló que “también puede estar disponible” un complejo industrial forestal que cuenta con un aserradero y exporta materia prima.
“No es lo mismo vender un campo forestado que vender una industria funcionando. No es lo mismo tener que venderlo en una situación de estabilidad o para cancelar una deuda dentro de unos años que pensar en tener la necesidad, como tuvimos con el campo de Villa del Carmen. Ese tipo de factores hoy están cambiando y, por lo tanto, podemos manejarnos con más libertad”, explicó el presidente de la entidad paraestatal.
Uno de los cambios de la reforma de 2023 que ya parece estar dando frutos es el estímulo a la permanencia en actividad de los trabajadores del sistema financiero. Quienes hoy quieran jubilarse a los 60 años pueden hacerlo, pero si lo hacen un año después, “tienen una diferencia de cerca del 10% en su tasa de reemplazo, y en el cálculo del máximo jubilatorio”, explicó Andrade. La postergación de la jubilación le permite a la caja, por un lado, tener un año menos de pago de pasividades y, por otro, un año más del cobro de aportes.
“En la práctica, ese estímulo está generando mejores condiciones de las que proyectamos”, valoró. No obstante, los resultados corresponden a un trimestre, por lo que considera que hay que observar las tendencias y hacer mediciones a más largo plazo para “no cantar victoria antes de tiempo”.
Por otro lado, la Ley 18.396 estableció un 3% sobre los ingresos de la caja como tope de gasto operativo. Andrade aseguró que durante el año pasado esta cifra se redujo al 2,1%, y en lo que va de 2025 llegó al entorno de 1,7%. Los recortes se dieron a partir de un nuevo convenio colectivo con sus funcionarios, los cuales, valoró, “hicieron una contribución importante”. También se crearon “ahorros colaterales en el funcionamiento normal” que ayudaron a “apretar un poco más”, comentó.
La norma también fijó un incremento de las alícuotas aplicables sobre la base de la Prestación Complementaria Patronal (PCP) —que pasó de 2,5 a 2,875 por 10.000— y una contribución financiera de bancos públicos y privados de $ 750 millones anuales por ocho años. Ese nuevo aporte se da al mismo tiempo que la actividad bancaria “está en una etapa de fuertes ganancias y expansión, lo cual le da bastante estabilidad a la caja en este año”, afirmó Andrade.
Además de los ajustes para el aumento de aporte de los trabajadores activos, la reforma implementó una contribución pecuniaria del 4% para las pasividades superiores a las seis Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), hoy equivalentes a $ 39.456. Ese aporte sería de US$ 378,5 millones entre 2024 y 2033, según lo aprobado en agosto de 2023 por una asamblea de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU).
Para el quinquenio
El “plan estratégico” para los próximos cinco años, aún en elaboración, tendrá especial foco en mantener los equilibrios dentro de la operativa interna, la producción de información para “dar sustento” a las líneas de crédito recibidas y un seguimiento de la aplicación de la ley “para darle certeza”, previó Andrade. También está en discusión un plan para dotar de viabilidad financiera al complejo forestal que integra el patrimonio de la institución.
Antiguamente, la CJPB era un instituto en el que el trabajador afiliado “había aportado toda la vida”. Sin embargo, cada vez se hacen más presentes los modelos de acumulación de servicios, es decir, los trabajadores aportan un tiempo a esta caja y otro tiempo al Banco de Previsión Social. Andrade cree que la cadencia del fenómeno se acelera porque en los nuevos modelos de las empresas afiliadas “la gente entra y sale con más facilidad, producto de que tiene menores salarios y condiciones de trabajo mucho más similares, por ejemplo, al comercio”, y por otro lado, los bancos parecen buscar más recursos humanos en las áreas tecnológicas con niveles terciarios.
El cambio de paradigma, entonces, significa tener que realizar mejoras en los procesos de cooperación con los otros organismos previsionales para “acceder a toda la información requerida y atender los posibles cambios legales que tenga la discusión de seguridad social en el país”, especialmente en el marco del “diálogo social” instalado por el gobierno. Si bien el Consejo de la caja “no ha discutido sobre esto”, Andrade dejó en claro que “el presidente lo determina el Poder Ejecutivo”, por lo que se trabajará “en función de la orientación que el Poder Ejecutivo plantea”.
“Diferencia” con la “caja profesional”
En las actas del Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) “se nombra demasiado a la ‘caja bancaria’”, consideró Andrade. En 2023, el Parlamento dio visto bueno al proyecto para rescatar a la CJPB, mientras que rechazó el salvataje a la CJPPU, habitualmente referenciado como “ley exprés”. Por esto, es corriente que en las discusiones del directorio profesional surjan comentarios sobre el antecedente.
Hay una “diferencia sustancial”, afirmó Andrade, y es que en la bancaria los trabajadores aportan sobre el total de su salario y una actividad financiera concreta, mientras que en la profesional los aportes son sobre sueldos fictos cuya fuente proviene del libre ejercicio de la profesión, es decir, una relación de independencia con el empleador.
Hablando desde la experiencia, Andrade remarcó que “no hay solución en la seguridad social sin la contribución de todas las partes”. A pesar de que las medidas específicas deban ser distintas por las diferentes condiciones de cada caja, el “nudo” que sí vale comparaciones es que “todas las soluciones encontradas en este tiempo han sido aportando todas las partes algo. Jubilados, trabajadores, empresas y el Estado. A veces con aportes directos, a veces con garantía soberana, otras veces aumentando la contribución de las empresas, impuestos a los jubilados. Por una vía u otra, todas las partes contribuyeron a la solución”.
(*) La versión original fue corregida indicando que la venta del campo fue por US$ 24 millones y no por US$ 14 millones.
