A modo de ejemplo, el 6 de febrero se discutió un protocolo para detectar el consumo de drogas entre los funcionarios de la caja durante el horario laboral. “Si el funcionario tiene alguna adicción puede haber alguna patología psiquiátrica de fondo y, estimulado por el consumo problemático activo, puede ocurrir cualquier cosa. La persona se puede tornar agresiva, venir a trabajar armado, infinidad de posibilidades”, se comentó en sala. La asociación de funcionarios consideró “estigmatizante” que los testeos se realicen dentro del local, por lo que se dio un amplio debate sobre si sería correcto que desde la caja se “custodie” a los funcionarios para que el testeo se concluya en otro sitio.
Seguidamente, se trató una invitación del Banco de Previsión Social al acto de asunción de sus nuevas autoridades, donde Abisab encontró que se trataba de “una nota genérica enviada a todas las instituciones”, que lo desalentó de responder con “una nota de buenos deseos y agradecimiento”. El director designado por el gobierno anterior, Gerardo López, le indicó que en el encabezado se leía “a Secretaría del Directorio” de la CJPPU, pero Abisab insistió en la legitimidad de hacer una interpretación diferente.
El siguiente asunto, clasificado como confidencial, fue la demanda de un exempleado de la caja. La votación sobre los honorarios a pagar al asesor en asuntos laborales, el abogado Alejandro Castello, concluyó que percibiría hasta $ 420.000 más IVA por representar a la institución en el juicio. Castello siguió siendo tema de discusión al comunicar que no podría reunirse con la presidencia del directorio hasta el 7 de abril por tener “otros temas legales y juicios que atender”, comentó la vicepresidenta Virginia Romero. A esto, el director secretario Blauco Rodríguez Andrada respondió que Castello debería estar “a disposición del directorio y no a la inversa”, puesto que “se le paga por la tarea”, y aclaró que él no votó por su incorporación al servicio.
Lo próximo fue una apreciación de la auditoría interna de la caja respecto a una observación de Abisab sobre el término versión empleado en un informe, planteando que el vocablo correspondía a la redacción de la reglamentación de la Ley de Reforma de la Seguridad Social. Abisab elogió el “nivel intelectual” de la contadora y admitió no conocer la fuente del término, aunque “no es garantía de nada” porque “el Parlamento se equivoca como cualquiera”. López recurrió a la Real Academia Española y su definición del verbo verter para apoyar las observaciones de Abisab.
En los últimos minutos de la sesión, un informe sobre el desempeño de las inversiones de la caja que concluyó que estas superaron la tasa de rentabilidad nominal anual de los tres subfondos de las AFAP provocó un agitado intercambio. Luis González, el otro director designado por el Poder Ejecutivo, calificó al informe como “joyita” y rememoró una sesión a comienzos de febrero donde Abisab hizo “una larga exposición” en la que criticó la gestión de las inversiones de la paraestatal. Agregó que quizá Abisab “quiso cometer una pillería” de las que los “tiene acostumbrados” cuando aseguró que los datos del 2023 demostraron diferencias significativas —y negativas— con las administradoras de fondos, de las que equivocadamente habría tomado datos del quinquenio 2019-2023.
Abisab se declaró incapaz de “permanecer en silencio ante la acusación” y entendió “incivilizado” el atribuir intenciones, siendo que nunca buscó cuestionar la “condición académica” de quien elaboró el informe, que le pareció “muy bueno” a pesar de no haberlo leído en profundidad. Argumentó que sus comentarios fueron “simplemente una operación matemática” para manifestar cuánto menos se había rentado y que el documento madre de donde extrajo los datos fue realizado por “gente muy calificada”.
“Me produce asombro, pasmo, extrañeza, estupor, perplejidad y estupefacción que haya expresado lo que expresó, siendo que, hace dos semanas, nos acusó de cómplices a los directores”, apuntó López, y abrió así otra línea de polémica relacionada con una discusión anterior sobre la redacción de la “misión” y la “visión” expuesta en la página web de la caja desde hace más de siete años. En medio, el director Fernando Rodríguez Sanguinetti intervino: “La cuestión es que la caja está fundida, recontra fundida, desde hace 12 o 13 años (…). Me parece que es una discusión que no tiene mucho sentido. Habrá que abocarse a salvarla. Hasta ahora han sido muchos los culpables y pocos los proponentes. Gracias”.
Pero la controversia no terminó allí. Abisab recordó que su intención era agregar a la misión de la caja “hacer una correcta administración de los recursos asignados, así como la de aquellos generados al amparo del marco legal existente”. A esto, González procedió a leer la versión taquigráfica de la sesión del 13 de marzo: “‘¡Qué vergüenza! Eso tiene que ser asumido como bochorno. Pero eso no me impide poner de manifiesto que es grotesco que el directorio dé por bueno, porque figura en la página web, que se puede renunciar a la responsabilidad de generar ingresos’. En ningún lugar está dicho eso. En ningún lado, reitero. Hasta Dios intervino en su discurso: ‘¡Por Dios!’, y termina diciendo ‘lo asumo con dolor, con tristeza y con una cuota de vergüenza’”.
Rodríguez Sanguinetti consideró que se estaba dando una “agresión gratuita” de los delegados del Poder Ejecutivo, que “esperaron durante año y medio que el Ejecutivo anterior dijera qué debían hacer y votar en este seno”. Agregó que la situación era “espantosa y lamentable” y que él se encargó de decir “mentira; estos señores vienen a mentir”, cuando se discutió la anterior “ley exprés” presentada en el 2023. “Hoy me voy avergonzado de este directorio”, cerró. López contestó que estaba de acuerdo con el añadido a la redacción que proponía Abisab, pero no con la forma de plantearlo. “¿Queda claro, doctor Abisab? Me gusta que me mire cuando le hablo”, rebatió.
El proyecto
Si bien el texto legal redactado por el Poder Ejecutivo está “bajo estudio”, el presidente del directorio del organismo previsional paraestatal, Daniel Alza, adelantó a Búsqueda que encontraron aspectos que no eran los que esperaban y con los que tienen “algunas diferencias”. En la tarde de ayer, miércoles, el directorio mantuvo una reunión extraordinaria para “revisar el texto juntos y poder emitir un comunicado consensuado”.
“Nos dijeron que lo iban a mandar (al proyecto) así como estaba. Lo que tendríamos sería, pienso yo, alguna instancia en el Parlamento, pero los vamos a llamar a ellos también (a los integrantes del equipo interministerial) para decirles los puntos que pensamos que deberían cambiarse. Hay dos directores del Poder Ejecutivo actual que son con quienes vamos a hablar primero”, añadió Alza.
El primer eje de la iniciativa implica el incremento en la tasa de aportación de los profesionales activos, que pasa del 18,5% actual al 22,5% sobre una nueva escala de sueldos fictos. Para quienes consigan su habilitación profesional antes del 1º de enero de 2026, la escala continuará siendo de 10 categorías, y para los que la obtengan después será de 15 categorías.
Leonardo Di Doménico, director nacional de Seguridad Social, dijo que “va a haber un conjunto de afiliados que tienen la posibilidad de incrementar su tasa de Montepío al 22,5%” en caso de no querer adherirse al aumento de aportes, pero “sin acrecentar su cotización nominal mensual”. Esto sería con el objetivo de “amortiguar ese incremento de cuatro puntos en la tasa de cotización, de forma tal que no represente para esos afiliados un impacto adicional contributivo”.
Para los jubilados y pensionistas se agrega una prestación pecuniaria que grava “el monto de asignación de jubilación o pensión de cada cédula con las actualizaciones que correspondan” y que se ajustará en función de la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC).
Los profesionales jubilados cuya prestación no supere el valor de seis BPC estarán exentos de este gravamen. Aquellos que perciban entre seis y 10 BPC pagarán 2% adicional; de 10 a 15 BPC, 7,5%; de 15 a 20 BPC, 10%, y quienes superen las 20 BPC, 12%. Se aplicará a personas nacidas antes del 1º de enero de 1967 o que hayan causado pensión antes del 1º de agosto de 2023. El aumento promedio sería de 9%, que permitiría recaudar al menos US$ 40 millones adicionales al año.
A diferencia del proyecto del gobierno anterior, que fue rechazado en 2023 por las bancadas frenteamplista y cabildante, la nueva iniciativa incorpora un apoyo financiero directo desde Rentas Generales con transferencias mensuales de $ 110 millones durante 2025, lo que en todo el año sería el equivalente a casi US$ 31 millones. En 2026, el aporte estatal sería equivalente a dos tercios del promedio mensual recaudado por la contribución pecuniaria de los pasivos, “en aquellos meses correspondientes al año previo en que fuese aplicable dicha contribución y ajustado por Índice de Precios al Consumo (IPC)”.
Otros ejes del proyecto proponen, por ejemplo, reducir el número de integrantes del directorio de siete a cinco, con tres electos por los afiliados y dos designados por el Poder Ejecutivo. También, fijar un tope a los gastos administrativos, que no podrán superar el 4% de los ingresos brutos actualizados por IPC del ejercicio anterior. Según la iniciativa, este límite se reducirá progresivamente a 3,5% en 2027 y a 3% en 2028.
El valor de los timbres profesionales, que hasta ahora se basaba únicamente en el IPC, pasará a calcularse con una fórmula que tiene en cuenta, además, el Índice Medio de Salarios (IMS), para evitar desfasajes y pérdidas de recaudación. Por otro lado, el texto propone mejorar algunos beneficios, como los subsidios por incapacidad temporal y por maternidad, mediante la modificación de la Ley 20.130, que en 2023 reformó la seguridad social.
