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Una comisión de entendidos de diferentes partidos políticos y organizaciones sociales trabajó más de un año haciendo un diagnóstico y elaborando propuestas que luego el Poder Ejecutivo tomó como insumos para armar un anteproyecto de reforma de la seguridad social. Hace unos meses ese texto fue compartido por el presidente Luis Lacalle Pou con las distintas colectividades políticas y el PIT-CNT; algunos ya se pronunciaron y el Frente Amplio tiene previsto hacerlo una vez que se conozca la propuesta de ley definitiva. Es una de las prioridades del mandatario, en el entendido de que es necesario introducir cambios para hacer financieramente sostenible el régimen.
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Pero esa importancia que se le asigna desde el sistema político al asunto contrasta con la baja atención que, a la luz de una encuesta, pareciera prestarle el ciudadano común. La mitad de la población (50%) aseguró no haber oído nada ni haberse informado de que está en proceso una reforma de la seguridad social, según surge de una encuesta de Equipos Consultores a la que accedió Búsqueda.
Al preguntarles si creen que debe haber cambios, ahora casi siete de cada 10 (69%) respondió afirmativamente, una proporción algo menor que los que habían dicho eso en junio. En esta última encuesta fueron el 24% los que piensan que el sistema debe dejarse como está.
Ya sobre la propuesta concreta de reforma elaborada por el Poder Ejecutivo, el 35% se pronunció “en desacuerdo” o “muy en desacuerdo”. El 27%, en tanto, está “muy de acuerdo” o “de acuerdo”.
Si la pregunta se hace aportando información sobre el planteo del aumento de la edad de jubilación de 60 a 65 años, los porcentajes de aprobación de esta medida mejoran. Ante la afirmación de que la propuesta del gobierno es subir la edad, pero dejando afuera algunas actividades —porque son física o mentalmente más desgastantes, por ejemplo— y de forma gradual, el 28% dijo que está de acuerdo, mientras que el 33% contestó que “no le gusta, pero la acepta”. Esta aprobación (61%) superó la cantidad de personas “en desacuerdo” (35%) con el planteo del Ejecutivo.
La encuesta también indagó sobre la preferencia entre “aumentar la edad para jubilarse o disminuir las jubilaciones”: el 65% se volcó hacia la primera opción.
Consultados por una opinión sobre si el Frente Amplio debe buscar un acuerdo con el gobierno para aprobar la reforma, el 82% contestó que sí, un porcentaje superior a los de las dos mediciones anteriores (75% en abril y 79% en agosto).
En tanto, 73% señaló que la reforma debe incluir, además del sistema general del BPS, a todas las cajas (de universitarios, notarios y bancarios, así como los servicios de retiros militares y policiales). El 16% consideró que algunos de esos institutos especiales deberían quedar por fuera de los cambios; ese porcentaje se compone de 6% que dijo que no se debería incluir la “caja militar”, 5%, aludió a la “caja policial”, 1%, a las tres paraestatales; el resto dio otras respuestas.
La encuesta, con alcance nacional, se hizo entre el 19 de agosto y el 5 de setiembre a 704 personas de 18 años o mayores.
Lo “fundamental”
Aunque la necesidad de reformar la seguridad social puede incluir temas de “chapa”, en el fondo hay un asunto “fundamental” a tener en cuenta: la necesidad de reducir el gasto en pasividades. Sin embargo, para el director de Investigaciones Socioeconómicas de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, el uruguayo Guillermo Alves, en estas semanas de discusión “hay posiciones que parecen olvidarse de este motivo fundamental”, dijo la semana pasada en un evento de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE). Por eso decidió en su exposición ir “para atrás” y recordar lo que entiende que motiva esta reforma.
Evaluó que las propuestas del anteproyecto de reforma de la seguridad social presentado por el Poder Ejecutivo “actualiza” el diseño del sistema e “incorpora buenas prácticas” internacionales, como la posibilidad de que puedan trabajar quienes están jubilados. Consideró que no hay que caer en el “pensamiento mágico” de que la solución pasa por habilitar “que la gente trabaje” o por no “aumentar la edad mínima” de retiro. “Mi impresión es que no hay mucho margen para soluciones cosméticas menores”, opinó, y dijo que “hay que hablar de reducir el gasto en jubilaciones” para “atender otras áreas prioritarias de la protección social”, como la educación y la vivienda. “Una característica desafortunada del país es el sesgo que tiene el gasto social” hacia los adultos mayores y “en contra” de las nuevas generaciones, sostuvo.
Alves opinó en contra de la posibilidad de subir los aportes porque sube la carga al trabajo formal, que ya es de las más altas de la región e incluso superior al promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).Dijo que, con el modelo actual, los impuestos que se dedican a financiar las jubilaciones “no están bien enfocados” porque los trabajadores que cobran salarios más altos “reciben más subsidios” respecto a los menores. También criticó que en las cajas Bancaria y de Profesionales hay impuestos ineficientes y que son “difíciles de justificar”.
